El caso Petrobras se ha cobrado su mayor víctima en los tres años que lleva desgranando la corrupción en las élites brasileñas.
El expresidente más popular del país, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido condenado este miércoles a nueve años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Según el juez Sergio Moro, que instruye el caso en la primera instancia, Lula se benefició de 3,7 millones de reales (1,2 millones de euros) en sobornos de la constructora OAS. Al expresidente, que en los últimos meses había dejado de ocultar su ambición por presentarse de nuevo a las elecciones generales de 2018, aún le queda recurrir al Tribunal Supremo brasileño. Esta es la primera de las cinco sentencias que tiene pendientes ante el juez Moro.
Según el juez, los sobornos se hicieron a través de un apartamento de tres plantas en la costa de São Paulo que, dice en la sentencia, el expresidente del Partido de los Trabajadores recibió y reformó con dinero de la constructora. OAS también costeó el almacenaje de los bienes de Lula en una empresa llamada Granero na Grande. En total, costó 3,7 millones de reales.
Este es el último giro en una saga que ha tenido a Brasilia en vilo: la vuelta de Lula al ruedo político. El año pasado, cuando el orden político brasileño comenzó a despeñarse hacia lo desconocido, con la destitución de Dilma Rousseff y la presidencia de Michel Temer, alguien aún menos popular que ella, Lula comenzó a postularse como la salvación. Las encuestas le animaban a ello, además: la encuesta de Datafolha, una de las más prestigiosas del país, le puso a la cabeza en intención de voto de los brasileños para las elecciones de 2018.
Entonces comenzaron los problemas. La Fiscalía brasileña comenzó a presentar demandas contra Lula. En una rueda de prensa en septiembre le acusaron, esencialmente, de estar al frente de la red de corruptelas que estudia el caso Petrobras, posiblemente la acusación más grave que se pueda hacer en la política brasileña. El juez Moro rechazó algunas demandas, pero aceptó cinco. Él no siempre lo negó. Más bien, en sus mítines apelaba a la emoción de sus votantes para renunciar la persecución que sufría. Fue imputado cinco veces, tres de ellas dentro del caso Petrobras.
Tras la condena conocida este martes contra el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, el interrogante que surgió en Brasil y el mundo es si el líder del PT irá preso o podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2018.
El juez Sergio Moro decidió no pedir su prisión preventiva por "prudencia" y por la "necesidad de evitar ciertos traumas".
Por ahora,entonces, Lula permanecerá en libertad y nada le impide ser candidato presidencial, comicios para los que figura primero en las encuestas, aunque simultáneamente, con un alto nivel de impopularidad que le dificultaría el triunfo en una segunda vuelta.
La condena de Sergio Moro a 9 años y seis meses de prisión seguramente será apelada por el ex presidente y recién quedará firme si la ratifica en segunda instancia el Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre. En promedio, ese tribunal viene tomándose un plazo de un año y medio para revisar las sentencias de Moro.
Recién después de que el fallo sea ratificado, Lula debería ir preso, como ocurrió con otros políticos y empresarios investigados en el Lava Jato. En ese momento, quedaría inhabilitado para presentarse como candidato a un cargo electivo.
En ese mometno, Lula podría pedir una decisión cautelar que lo habilite a ser candidato hasta que su caso sea revisado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) o el Supremo Tribunal Federal (STF), pero no sería sencillo de conseguir.
