Una comisión de jueces y fiscales argentinos accedieron en Estados Unidos a nombres de personas relacionadas con el pago de sobornos que realizó la empresa Odebrecht para acceder a contratos de obras públicas en Buenos Aires.
Así lo revelaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que ocurrió en una reunión cerrada entre los funcionarios judiciales argentinos y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No trascendieron los nombres de las personas que se mencionaron.
Los funcionarios argentinos que esta mañana se reunieron en Washington con las autoridades norteamericanas son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas y los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. También participó Ignacio Irigaray, alto funcionario de la Oficina Anticorrupción
Ninguno de los presentes quiso revelar el contenido del encuentro cuando LA NACION los consultó. Sólo dijeron que rige una estricta confidencialidad impuesta por los norteamericanos para que fluya la colaboración.
No obstante, fuentes al tanto de lo conversado explicaron que los argentinos accedieron a datos de una base construida por los norteamericanos con las confesiones de Odebrecht y los documentos que aportó la constructora brasileña en el marco del acuerdo por el cual se le permitió seguir haciendo negocios a cambio de pagar una multa de 3500 millones de dólares.
Ahora los argentinos podrán enviar exhortos a Washington para pedir oficialmente la información que oriente sus investigaciones para procesar a los que pagaron coimas en la Argentina.
Ramos fue autorizado como instructor del sumario caratulado "De Vido, Miguel Julio y otros" por cohecho, Rafecas por el expediente "Cameron, Daniel y otros" sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación al Estado; Casanello por "Ben, Carlos sobre Asociación ilícita" y De Giorgi por la causa "Vázquez, Manuel y otros s/malversación de caudales públicos".
La división norteamericana visitada es la encargada de perseguir las violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht. El jefe de la Unidad de FCPA es Daniel Kahn.
Los magistrados habían pedido permiso para participar en la reunión de trabajo a realizarse en Washington entre jueces y fiscales de la Argentina y Estados Unidos "con el objeto de intercambiar información con relación la causas en trámite" sobre corrupción y sobornos vinculadas a la multinacional Odebrecht.
La decisión de la petrolera estatal se produjo cuando comenzaron los procedimientos de sanciones por parte de la Secretaría de Función Pública de México contra dos filiales de Odebrecht y sus representantes.
Pemex puso fin el mes pasado a un contrato de 1,800 millones de pesos (US$ 100 millones) con Odebrecht SA en medio de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las operaciones de la constructora brasileña.
El contrato, firmado en noviembre del 2015, comprende servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción de obras relacionadas con la refinería Miguel Hidalgo en la comunidad de Tula, escribió Petróleos mexicanos en un documento presentado a la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés).
La terminación del 16 de junio fue consecuencia de la incapacidad de la filial mexicana de la empresa brasileña, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México SA (ODM), “de cumplir con sus obligaciones”, según el documento.
La decisión de la petrolera estatal se produjo cuando comenzaron los procedimientos de sanciones por parte de la Secretaría de Función Pública de México contra dos filiales de Odebrecht y sus representantes, de acuerdo con la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, según el documento.
En diciembre, Odebrecht SA y Braskem SA se declararon culpables de conspirar para pagar sobornos en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. La compañía acordó pagar más de US$3.500 millones para resolver el caso luego de enfrentar acusaciones de que sobornó a ejecutivos y funcionarios para más de 100 proyectos en 12 países.
En su informe, el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que Odebrecht pagó unos US$ 10.5 millones a funcionarios públicos de México entre el 2010 y 2014 para adjudicarse contratos y que se realizaron pagos de hasta US$ 6 millones a un alto funcionario de una empresa estatal de México.
La unidad de pasivos de Pemex inició una investigación sobre posibles casos de soborno o corrupción relacionados con estas acusaciones en diciembre, de acuerdo al documento entregado a la SEC.
La empresa está cooperando con la Secretaría de Función Pública y la Procuraduría General de la República “para que los responsables de estos actos rindan cuentas y asegurara que recuperamos los daños y perjuicios a los que tenemos derecho”, dijo el documento.
Pemex ha contratado a Hogan Lovells US LLP para llevar a cabo una investigación interna de los contratos de Pemex con Odebrecht y Braskem, dijo el lunes la petrolera mexicana en un comunicado por correo electrónico.