La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ya empezó a recolectar denuncias de los usuarios de gas por el incremento aplicado desde abril que dicen que es mayor a lo anunciado, para presentar en las próximas semanas un amparo colectivo y frenar el ajuste tarifario, como ya lo consiguió en el sector eléctrico.
La idea es que un juez federal atienda los reclamos y suspenda el aumento, al igual que el año pasado. Las empresas distribuidoras del fluido, por ahora, no se preocupan. "No tienen de dónde agarrarse. Se cumplieron todos los pasos legales con la audiencia pública", aseguró una fuente de la industria.
No obstante, las gasíferas no se aventuran a desestimar este proyecto del defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. "Siempre puede aparecer un juez aliado al Gobierno anterior", analizan. Así se refieren al platense Luis Arias, que frenó la suba en las tarifas eléctricas en el interior de Buenos Aires con una medida cautelar que aún debe revisar la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de La Plata.
Algunos consumidores recibieron con sorpresa en las últimas semanas las boletas, porque deberán pagar montos muy superiores a los del invierno anterior (cuando abonaron facturas mínimas, por el amparo judicial). Las tarifas de gas aumentaron un 24% en promedio a nivel nacional en abril. No obstante, la Defensoría del Pueblo está observando clientes que tuvieron pagan a Camuzzi Gas Pampeana precios mucho más elevados (algunos casos de $ 5000) que los de 2016 y planea acompañar cada queja.
Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos del organismo, avisó: "Cualquier vecino que vea que su factura es impagable lo puede denunciar. La suba es excesiva y la razonabilidad está ausente en los nuevos cuadros tarifarios, si muchos deben destinar la mitad de su salario a pagar este servicio".
En Camuzzi contestaron que el 50% ó 60% de sus clientes (unos 1,3 millones en el interior de Buenos Aires) abonan hasta $ 500 bimestrales y "las facturas altas son una pequeña proporción, menos del 2%".
El enojo de los usuarios con las nuevas tarifas es tan amplio que ya provocó que un intendente de Cambiemos, Carlos Santoro (de General Madariaga) ya presentara un amparo en la justicia de Dolores.
Por la demora en el ajuste tarifario de principios de 2016, el Estado nacional aprobó a fin de año una asistencia financiera de $ 3450 millones a las gasíferas, que se completó en los primeros meses de 2017. Metrogas, Gas Natural BAN y Camuzzi Gas Pampeana, las tres que distribuyen el fluido en la provincia, recibieron $ 759,2 millones, $ 594,4 millones y $ 570,6 millones, respectivamente, para inversiones y afrontar el pago a los productores de gas.
Un dirigente de Cambiemos se diferenció de su espacio y presentó un amparo contra el tarifazo de gas. Se trat de Carlos Santoro, de General Madariaga. Realizó la acción judicial en conocimiento de que "muchos vecinos se han visto afectados por la suba desproporcionada" en la tarifa de la prestación de gas.
"Desde la semana pasada comenzaron a llegar las facturas con importantes aumentos que la gente no puede afrontar, y es por eso que se decidió recolectar pruebas y realizar la presentación ante la Justicia", sostuvo Santoro en conferencia de prensa.
Por su parte en la presentación del amparo el jefe comuncal incluyó 30 facturas de vecinos en las que se constata el fuerte incremento del costo en el servicio, que oscila entre los 4 mil y los 13 mil pesos.
En este marco Milagros Zannini, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), señaló: "La prioridad para esta gestión son los vecinos, y por eso argumentamos que este aumento va en contra en lo dictaminado por la Corte Suprema el año pasado que indica que para regular las tarifas tiene que haber certeza, previsibilidad, gradualidad y sobre todo razonabilidad para resguardar la seguridad jurídica de los vecinos".
