La historia podría extrapolarse a Isolux Corsan, la compañía de ingeniería con sede en Madrid que esta semana se declaró en concurso de acreedores tras admitir su insolvencia. Así consta en el relato, basado en hechos reales, que un ejecutivo de la empresa, dirigida en aquellos momentos por Luis Delso, remitió el pasado año al canal de denuncias e investigaciones internas del grupo, presidido ya por Nemesio Fernández Cuesta. El documento al que ha tenido acceso El Confidencial cuenta con detalles el sistema de sobornos y prebendas que el grupo español tenía instalado en Buenos Aires y que daba servicio a los proyectos en Latinoamérica.

Imagen del monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional del expresidente de la constructora Isolux, Luis Delso. (EFE)

El informe describe cómo Juan Carlos Goycoechea, el máximo responsable de Isolux en Argentina, montó una empresa llamada GVA que era simplemente “una fachada montada” para hacer pagos a funcionarios del Ministerio de la Planificación Federal en relación a la construcción de una central eléctrica en el sur del país, cerca del yacimiento de carbón Río Turbio. Entre los que se citan destacan Christian Manrique Valdor y Fernando Passini, miembros del movimiento juvenil peronista Campora, el ala dura del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Un proyecto de 650 millones de dólares que la multinacional española ganó en 2011 y en el que supuestamente se pagaron sobreprecios a otros subcontratistas como Misa, que fabricaba determinadas piezas defectuosas, y Rafasa, que también sin experiencia pasaba presupuestos adicionales para solucionar los problemas generados por la anterior. Estas compañías eran seleccionadas por funcionarios del Gobierno, que participaban en todas las reuniones oficiales y no oficiales para elegir a los suministradores.

En la cadena de correos electrónicos incluidos en el informe, Juan Marcelo Vargas, asesor de la Intervención del Ministerio, le dice a Goycoechea lo siguiente: “Juanca (Juan Carlos Goycoechea), decile al Perea (el responsable del proyecto en nombre de Isolux) que no arme reuniones con los subcontratistas a espalda nuestra”, en relación a la oposición de José Luis Perea de encargar determinadas partes de la obra a empresas que no tenían cualificación. Cuando el ejecutivo de Isolux pidió explicaciones a Goycoechea de por qué se empotraban funcionarios públicos en reuniones privadas, el hombre fuerte de Delso en Argentina le respondió que “José, no tengo cómo explicarlo porque simplemente así funcionan”.

El informe denuncia que el personal de Isolux, incluido el director financiero administrativo, Marcelo Delfino, estaban a las órdenes de Goycoechea, que “atendía a las instrucciones de los funcionarios del Ministerio por encima de las órdenes de los responsables nombrados por el presidente de Corsan-Corviam”, Luis Delso. En otro cruce de ‘mails’, el 'controller' de los gastos de la filial le indica a Delfino que “Marcelo, el dinero es de la empresa y no del Ministerio, y tengo entendido que ellos no deciden los pagos”. A los que el financiero le responde que, “si bien ellos no los deciden, hacer pagos sin su consentimiento trae problemas".

"Deben enterarse de que el socio de Ivovich es el hijo del ministro De Vido, por lo que hay que tratarlo entre algodones para no tener un rollo inmediato”

El dosier explica que “se detectaron muchos contratos que corresponden a compromisos políticos”, asunto sobre el que se incorpora una tabla con la lista de subcontrastistas, sus intermediarios y el contrato que se llevaron. Información que fue remitida a Delso, que no movió ficha pese a que entre los 'lobistas' estaba el viceministro del país Roberto Baratta –en favor deSiemens– y entre los favorecidos, una empresa –JISA– propiedad del hijo del polémico ministro Julio De Vido. La Fiscalía Anticorrupción argentina ha pedido esta semana la detención de ambos por desvíos millonarios en la central térmica de Río Turbio.

“Acá me han dicho que alguien ha tenido la imprudencia de decirle a Ivovich que se tiene que ir y que deje el árido, no sé si es así, pero deben enterarse que el socio de Ivovich es el hijo del ministro De Vido, con lo cual hay que tratarlo entre algodones para no tener un rollo inmediato”, se especifica en otro de los correos electrónicos. Lo cierto es que esta compañía, tras amenazar con dejar los trabajos, se quedó con la contrata por tres veces el precio normal de mercado.

Ante los continuos problemas que Perea ponía al pago de estos modificados, la decisión que tomó Isolux Argentina fue apartarlo a él y a su equipo por considerar que, pese a ser ingeniero de caminos, canales y puertos, no tenía la cualificación profesional necesaria para tal proyecto. La presión fue tal –dormían en cabañas calificadas como infraviviendas– que acabaron siendo detenidos y retenidos por la policía local de la provincia de Santa Cruz por falta de visados. Unos documentos que según el denunciante se demoraron de forma deliberada desde la dirección de recursos humanos.

El proyecto, calificado como un "puto desastre", pasó de tener una previsión de beneficio de 12 millones a registrar unas pérdidas de 268 millones

El resultado de todo fue que, cuando la presidenta del país acudió en 2015 a la inauguración de la primera parte de la central térmica, explotó un condensador de la caldera central, lo que tuvo graves consecuencias para la obra. La adjudicación pasó de tener un beneficio previsto de 12 millones de euros a unas pérdidas estimadas de 268 millones por todos los sobrecostes “No se me escapa que la obra era un puto desastre… Es una bomba de tiempo que, si estalla, se carga a la compañía a nivel mundial”, se asevera en el intercambio de ‘mails’.

Como en la película “Despido procedente”, el denunciante acabó despedido, pero tras su informe al consejo de Isolux, Fernández Cuesta destituyó esta primavera a toda la cúpula de la filial en Argentina, a la que se le reclaman en el juzgado varios millones presuntamente robados a la compañía. Un pleito que ahora tendrán que gestionar los administradores concursales porque el grupo se ha declarado en quiebra por proyectos como el de Río Turbio y otros en Colombia. Casi 5.000 trabajadores corren el riesgo de quedarse en la calle.