WALTER RÍOS
En la gestión uñaquista no pasó desapercibido el lapidario informe oficial que reveló que la escombrera que armó la minera Los Pelambres en Calingasta contaminó lagunas y sigue siendo un foco de riesgo. Tal cual había adelantado este medio, la provincia, a través de Fiscalía de Estado, no sólo se hará parte querellante en la causa penal contra exdirectivos y autoridades de la empresa chilena sino que además presentará en el Juzgado Federal Nº2 una cautelar para el inmediato retiro de los residuos. No será la única embestida, ya que el gobernador Sergio Uñac se reunirá mañana con el canciller Jorge Faurie para acelerar el camino diplomático.
En octubre, tras un pedido de Cancillería, el Gobierno cedió la posta en el conflicto con Los Pelambres, debido a que se trata de un tema que deben encarar los expertos de relaciones internacionales de ambos países. De hecho, Uñac le dio de baja a un acuerdo que había alcanzado la gestión giojista con la minera chilena para remediar y aislar la escombrera hasta que se llegara a la solución de fondo: su retiro. Sin embargo, desde esa fecha no ha habido avances en las negociaciones diplomáticas y si bien en el Ejecutivo local son cuidadosos, se percibe cierto malestar con el Ministerio que ahora conduce Faurie.
“Nosotros fuimos consecuentes con lo que ellos (por Cancillería) nos pidieron. Obviamente deben accionar y determinar en forma mucho más rápida una solución definitiva”, resaltó Uñac. Por su parte, el ministro de Minería, Alberto Hensel, destacó que “lo que hay que definir es el camino a seguir. El tema está en órbita de la Cancillería argentina desde hace tiempo y más que constituir una comisión binacional, hasta el momento no han habido decisiones de cuáles serían las alternativas a seguir para restituir las cosas a su estado anterior, es decir, sacar la escombrera, tal cual lo viene planteando la provincia”.
En ese marco, el Gobernador se reunirá mañana con Faurie para abordar la problemática. Pero además, le dio la orden al fiscal de Estado, Jorge Alvo, para que la provincia sea querellante en el expediente penal. Al adquirir ese rol, puede presentar y pedir pruebas en la causa.
De hecho, el titular del organismo encargado de velar por los intereses de San Juan adelantó que planteará una medida cautelar para que se saque el botadero. Todo está encaminado a que no sea el único que encare esa medida, ya que fuentes calificadas señalaron que el fiscal federal, Francisco Maldonado, está evaluando llevar adelante la misma acción. Alvo señaló que si el juez Leopoldo Rago Gallo acepta el planteo, su resolución es de cumplimiento obligatorio, aunque reconoció que la aplicación es complicada, dado que deben intervenir las cancillerías de ambos países. De todas formas, si el magistrado le hiciera lugar a la cautelar, Los Pelambres pueden apelarla en instancias superiores.
Todo se desencadenó por el informe de los peritos del Ministerio de Ambiente de la Nación, el cual fue ordenado por Rago Gallo. El mismo lleva además las firmas de los técnicos de Los Pelambres y de Glencore, la empresa que puso la denuncia y además, la demanda en el Juzgado Federal Nº1. El estudio, entre otros puntos, señaló que la escombrera no sólo invadió lagunas sino que las contaminó. Además, sigue siendo una fuente de alteración de la naturaleza y un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados con potencial de producir daño ambiental.
La montaña de residuos (llamada escombrera) que armó la minera Los Pelambres en suelo calingastino no sólo invadió lagunas sino que las contaminó, al punto de que en las más cercanas se encontraron valores hasta 71 mil veces por arriba de lo que marca la ley de Residuos Peligrosos. Además, sigue siendo una fuente de alteración de la naturaleza y un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados con potencial de producir daño ambiental.
Así de categórico es el informe oficial elaborado por peritos del Ministerio de Ambiente de la Nación, el cual también agregó que “existe una gran posibilidad de que los metales pesados” lleguen “a los suelos y a las napas”. Y no sólo eso, sino que también indica que el curso de agua que baja de la escombrera confluye en un río cordillerano. Si bien en este se hallaron concentraciones de metales pesados, los peritos no hallaron una vinculación concluyente con el factor contaminante, pero el tema quedó picando. El detalle no es menor, ya que ese cauce alimenta al río San Juan. Ante el impacto del estudio, el gobernador Sergio Uñac pidió una reunión urgente con el Canciller y el ministro de Ambiente de la Nación para avanzar en las gestiones por el retiro del botadero
El informe fue solicitado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, en el marco de la investigación contra exdirectivos y actuales autoridades de la compañía chilena por los delitos de contaminación y usurpación de tierras y agua. Con el estudio en la mano, es de esperar que los funcionarios judiciales avancen contra los imputados que ya fueron indagados. Además, Uñac instruyó al fiscal de Estado para que se haga parte de la causa penal para que exija a Los Pelambres que saque la escombrera. El Gobernador le había dado de baja a un convenio firmado por la gestión giojista con la minera, en el que se establecía el aislamiento del botadero. También, el pocitano puso todo a disposición de Cancillería para buscar una solución diplomática.
Al momento de denunciar el convenio, capitaneaba Cancillería Susana Malcorra, quien luego fue sacada de ese ministerio. Según trascendió de medios nacionales, uno de los motivos por el que la exfuncionaria habría sido reemplazada fue, justamente, la falta de resolución de este conflicto, ya que Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, una de las compañías mineras más grandes de Chile, tuvo autorización del vecino Gobierno para arrojar los escombros en Calingasta. Hoy, según se supo ayer de fuentes sanjuaninas, y a pesar de que la responsabilidad de las gestiones está en manos macristas, no hay movimiento alguno. Eso generó una fuerte molestia en el gobierno de Uñac y provocó una reacción inmediata.
En el conflicto ya hubo un informe que señalaba que el botadero estaba cerca de contaminar las aguas del río De la Carnicería. Pero este había sido elaborado por Glencore, la empresa que tiene la concesión del proyecto de cobre El Pachón, en donde justamente Los Pelambres depositó los escombros. Por eso, Glencore demandó y denunció a la firma chilena ante la Justicia. Así, el informe oficial tiene un peso fulminante, ya que fue controlado y lleva la firma de todos los peritos de cada una de las partes.
El estudio indica que la escombrera ocupa 52 hectáreas de tierras calingastinas y su avance disminuyó en un 53 por ciento las lagunas de la zona. Los técnicos observaron que en el agua que desciende de la escombrera hay “una afectación” de metales pesados, el cual fue detectado en el punto de muestreo más cercano. Además, hallaron altas concentraciones de sulfatos y advirtieron la presencia de nitratos y nitritos “provenientes del residual de explosivos utilizados en voladuras”. En ese marco, detectaron “altas concentraciones de cobre”, mineral que extrae Los Pelambres en Chile. La minera construyó la escombrera en el país vecino y parte en Argentina. ¿El motivo? Según argumentan, que los mapas aportados por el Gobierno trasandino indicaban que era territorio chileno.
El agua que baja de la escombrera va hacia el río De la Carnicería y si bien en este los peritos observaron “una moderada tendencia al incremento de concentraciones (de metales)”, no pudieron concluir de manera contundente que fuera por vinculación del botadero.
Imputados
El juez y el fiscal federal indagaron a los exgerentes Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls. También a Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals.
Causa civil
La empresa Glencore demandó a Los Pelambres en el Juzgado Federal Nº1. La primera de ellas exige el retiro de la escombrera. Hubo negociaciones, pero sin acuerdo. La provincia se hizo parte.
Neumáticos
Los Pelambres retiró unos 520 enormes neumáticos utilizados por las movilidades mineras, los que se encontraban en la escombrera y conformaban otro foco contaminante.
Dimensiones
La escombrera ocupa 52 hectáreas en Calingasta, tiene un volumen de unos 20 millones de metros cúbicos y su avance disminuyó un 53 por ciento las lagunas de la zona. La cifra podría llegar al 94 por ciento, por el mismo botadero y los ciclos hidrológicos.
Hacia el río
El drenaje desde la escombrera confluye “eventualmente” con el río De la Carnicería. Los peritos notaron una “moderada tendencia” a la suba de concentraciones (de metales), pero no pudieron concluir de manera tajante que fuera por el botadero.
Composición
Los peritos analizaron la composición de la escombrera y hallaron “elevados contenidos de metales” capaces de afectar negativamente al ambiente. Además, explicaron que nueve de las diez muestras extraídas tienen “potencial de generación ácida”.
Niveles
Los peritos admiten que las concentraciones naturales exceden los niveles guía regulados, pero que “es indudable que en las lagunas cercanas a la escombrera, dichas concentraciones se ven incrementadas por la influencia directa de la escombrera”.
Comparación
Los técnicos del Ministerio de Ambiente no pudieron hacer comparaciones entre los resultados que obtuvieron de las lagunas con registros anteriores, ya que “no se hallaron datos de calidad de agua de las lagunas del área de Cerro Amarillo”.
Agua
El análisis arrojó “altas concentraciones de sulfatos en los cuerpos de agua cercanos a la escombrera”. En las lagunas también se hallaron nitratos y nitritos provenientes “del residual de explosivos utilizados en las voladuras”.
Alberto Hensel aseguró que el Gobierno de San Juan pidió una reunión urgente con la Cancillería y el ministerio de Ambiente de la Nación a los fines de poder conocer en detalle el informe
Este fin de semana, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación publicó un informe que confirmó la contaminación que generó la compañía chilena Antofagasta Minerals, operadora de la mina de cobre "Los Pelambres" en Chile. Fue tras arrojar 20 millones de metros cúbicos de desperdicios en territorio argentino, lo que provocó la contaminación del suelo y aguas de la localidad de Calingasta. En las conclusiones se afirma, que la concentración de sustancias tóxicas en territorio argentino llegó a ser de hasta 71.000 veces por sobre los límites regulados por la ley de nacional, que la escombrera afectó directamente a 52 hectáreas y que los desperdicios redujeron un 53 por ciento de los espejos de agua.
Ante este escenario, el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensel aseguró que el Gobierno de San Juan pidió una reunión urgente con la Cancillería y el ministerio de Ambiente de la Nación a los fines de poder conocer en detalle el informe pero también para actuar antes de que la contaminación avance.
"La construcción de una escombrera en territorio sanjuanino no iba a traer nada favorable para San Juan. De esto siempre fuimos conscientes y lo que pasó es que en el marco de las estrategias que se fueron diseñando para poder afrontar una situación absolutamente irregular, que no solo genera conflicto de carácter político e institucional sino que provoca impactos ambientales, la causa, en el último tiempo, pasó a la órbita del gobierno Nacional, a Cancillería. Ante esto el gobernador manifestó que ha pasado mucho tiempo y la cosa no avanza como debe avanzar independientemente a la causa judicial", expresó Hensel en radio Light.
Según informó el funcionario, esta causa está enmarcado en el derecho internacional público y por eso se debe dar la intervención de Cancillería. "Hoy hay una pericia que no conozco, que se produjo en el ámbito de la causa judicial, que está dando algunos indicadores y hay que tener una reunión de inmediato entre Medio Ambiente de la Nación, Cancillería y la provincia para saber cuál es el camino que se piensa andar para resolver este problema que no es favorable para San Juan", agregó.
Por último, Hensel explicó que desde el Gobierno de la provincia se apunta a buscar una solución para evitar algo en lo "precautorio ambiental", es decir "evitar cualquier tipo de impacto en el ambiente mientras se discuten los intereses particulares". Es decir, buscar una solución más allá de si se hizo o no la escombrera con autorización del gobierno chileno, o se discute de las relaciones diplomáticas. "Queremos la restitución de las cosas a su estado anterior, retirando los escombros y enviándolos al lado chileno. Estamos gestionando desde ayer una reunión para que tratemos este tema que tanto nos preocupa", finalizó.