NESTOR SCIBONA
Nicolás Dujovne puso en marcha la cuenta regresiva para la reforma tributaria, que ingresará al Congreso para ser tratada después de las elecciones legislativas de octubre, probablemente en sesiones extraordinarias. La cuestión formal es lo de menos. El resultado electoral marcará el alcance de esta iniciativa tan necesaria como compleja, ya que requerirá de acuerdos con los gobiernos provinciales, donde la presión tributaria vino batiendo récords en la última década, al igual que a nivel nacional y municipal (en total, 36% del PBI).
Aquí, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta varios desafíos macroeconómicos. Por un lado, necesita bajar costos -entre ellos, los impositivos- para incentivar la inversión privada, restar presión a los precios y evitar que una devaluación sea la variable de ajuste para mejorar la competitividad. Por otro, la expectativa de reducir impuestos choca contra el alto nivel de gasto público en todas las jurisdicciones, lo cual obliga a financiar el déficit fiscal mayormente con endeudamiento externo, que deprime el tipo de cambio real y eleva los costos en dólares.
De hecho, en 2016 la Casa Rosada redujo en casi dos puntos de PBI la presión tributaria nacional (con el fin de casi todas las retenciones, los cambios en Ganancias para asalariados y la devolución parcial del IVA a jubilados con haber mínimo y beneficiarios de planes sociales), a costa de haber replanteado las metas decrecientes de déficit primario (sin intereses de la deuda) a partir de 2017. A esto se agregan los beneficios fiscales de la ley pyme (hasta ahora con poco uso porque las empresas deben registrarse para recibirlos) y los cambios progresivos en Bienes Personales. Pero, como contrapartida, debió limitar este año la promesa de bajar en cinco puntos porcentuales las retenciones a la soja, que también está en duda para 2018 debido a su costo fiscal.
Para acotar las expectativas, el ministro de Hacienda anticipó que la reforma tributaria en estudio deberá tener un impacto fiscal neutro, o sea, no disminuir la recaudación en términos reales. En teoría, esto significaría reemplazar los impuestos más distorsivos por otros y que más contribuyentes paguen menos. En el primer lugar de la lista está Ingresos Brutos, una suerte de "mordida" legal que representa el 75% de los ingresos impositivos provinciales y se traslada a los precios. Sin embargo, la idea de reemplazarlo por un IVA provincial tropieza con la dificultad de fijar una alícuota única y razonable en todas las jurisdicciones. Otras ideas en danza son que el mal llamado "impuesto al cheque" sea deducible de Ganancias y, en el campo previsional, que los autónomos sean incorporados al régimen del monotributo, para evitar la discriminación que los obliga a pagar Ganancias según un mínimo no imponible irrisorio y escalas confiscatorias. Para un capítulo aparte quedan las exenciones y desgravaciones de impuestos que, según cálculos extraoficiales, equivaldrían a 3% del PBI.
Por ahora, todas estas iniciativas están en borrador y deberán pasar por la Comisión Bicameral creada por la ley de blanqueo, cuyo resultado récord no sólo mejoró los ingresos fiscales por única vez (en unos US$ 10.000 millones), sino que eleva la base imponible desde ahora en adelante. Salvo para 542.000 contribuyentes cumplidores (que no ingresaron al régimen) y tendrán como "premio" no pagar Bienes Personales por tres ejercicios. En cambio, la alta inflación de 2016 (40%) aumenta sustancialmente los pagos de Ganancias que vencen en estos días y surgen de beneficios contables más que reales.
Por otra parte, la reforma en ciernes debería despejar la maraña de normas que elevan los costos de las empresas o frenan inversiones, según lo revelan varios casos concretos informados por lectores de esta columna con pedido de reserva de identidad.
Por ejemplo, hay provincias que aplican percepciones a cuenta de ingresos brutos (II.BB.), que superan holgadamente el impuesto a pagar por una venta ocasional, lo cual provoca que una compañía no pueda recuperar esos saldos técnicos a favor ni siquiera en varias décadas de actividad. Incluso, una empresa de capital extranjero que en 2016 ingresó divisas para inversión en equipos, tributó alrededor de 3% sólo por impuesto a débitos y créditos bancarios más retenciones a cuenta de II.BB. que reducen su disponibilidad de capital operativo.
Más grave es el caso de otra pyme que invirtió en la importación de un equipo para mejorar su tecnología de producción y ahora enfrenta el riesgo de presentarse en concurso de acreedores. Esta situación se originó hacia fines de 2015 cuando la firma adquirió una máquina que permaneció retenida casi un año en un depósito fiscal a causa de "deliberadas" trabas burocráticas aduaneras, las cuales originaron una cuantiosa deuda fiscal que la AFIP no le permitió compensar con saldos de IVA a favor. Estos saldos no son actualizables, a diferencia de las deudas previsionales que devengan intereses (3% mensual) y la empresa no pudo pagar debido al alto costo que le insumió el despacho a plaza del equipo. Como consecuencia, la AFIP le denegó un nuevo plan de pagos, embargó sus cuentas bancarias y el rechazo de cheques de proveedores la coloca en una situación insostenible.
En otros sectores, especialmente vinculados con el consumo, la alta presión impositiva es un incentivo para la evasión. El megaoperativo en la feria de La Salada mostró la magnitud que alcanza la competencia ilegal en indumentaria y calzado. El historiador Jorge Ossona, autor de un libro sobre el tema, afirmó en un reportaje con radio EcoMedios que si bien los mejores falsificadores de marcas son proveedores de las mismas empresas que suelen denunciarlos, no descarta que "el mundo empresario legal moje su pan en La Salada".
Una sospecha similar tienen varias empresas líderes y las principales cadenas de supermercados, al advertir las diferencias de precios con que se comercializan muchos productos de consumo masivo en otros canales, sin factura. Hace años que se habla en el sector del "canal B" que utilizarían empresas con facturación en "gris", aunque sea difícil comprobarlo. De hecho, un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio a comienzos de 2016, estimó en un rango de 25 a 32% el impacto de la competencia desleal, calculada como los menores precios que pueden ofrecer los comerciantes que operan "en negro" para un mismo nivel de ganancias y costo de compra que los que cumplen sus obligaciones impositivas y previsionales.
Para el titular de la AFIP, Alberto Abad, la clave para combatir la evasión está en la generalización del pago electrónico a través del cobro obligatorio con tarjetas de débito. La instalación de terminales de pago pasó de un promedio de 10.000 por mes a 34.000 en la actualidad, mientras se instrumentan sistemas de trazabilidad electrónica en cadenas como la carne, donde estima la evasión en 40%. Aun así, Abad reconoce que se trata de un largo camino, en el que deben modificarse hábitos culturales como el pago en efectivo (especialmente por parte de los jubilados) y resolverse problemas tecnológicos, como la ausencia de redes Wifi en distintos puntos del país comenzando por el interior del conurbano bonaerense.
NESTOR SCIBONA
El monto resulta difícil de creer, pero hace diez años el ticket de un supermercado por la compra de 30 productos de consumo masivo (alimentos frescos y envasados, bebidas, artículos de higiene y tocador) era de 222,72 pesos. Hoy, la misma canasta insume un gasto de $ 2500,47. O sea que su precio total acumuló un aumento de 1000% (exactamente 1022,7%) equivalente -en números redondos-, a diez veces el valor registrado en abril de 2007.
Si bien se trata de un botón de muestra, estas cifras revelan la magnitud que adquirió la inflación en la Argentina a lo largo de este período. Con el agravante de que no quedó registrada en las estadísticas oficiales, tras su sistemática adulteración entre comienzos de 2007 y fines de 2015. Precisamente, el monitoreo mes tras mes de los precios de esa aleatoria canasta fija en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados, fue un recurso casero al que apeló esta columna hace diez años. Sin las características de un índice, pero con el propósito de marcar las diferencias entre los precios de las góndolas y los inverosímiles números del Indec, intervenido de hecho por Guillermo Moreno. Era la primera etapa de una época en la cual el extravagante funcionario multó y denunció ante la Justicia a varias consultoras privadas (aunque finalmente fueron absueltas), por el hecho de elaborar índices propios que ponían al descubierto los groseros "dibujos" del organismo.
Esta burda maniobra de subestimar la creciente inflación implícita en la política económica del kirchnerismo (así como sus efectos sobre la pobreza y la evolución del PBI, entre otros indicadores), es lo que impide aún hoy reconstruir las series estadísticas de buena parte de la era K.
La inflación en esa etapa no sólo fue falsificada y prolongada. También fue reprimida con el atraso cambiario y tarifario, cuya corrección parcial durante el gobierno de Mauricio Macri desembocó en el salto de casi 40% en 2016 y de algo más de 8% en el primer cuatrimestre de este año.
Con esta persistencia de subas, los precios de hace diez años parecen inverosímiles al compararlos con los de abril de 2017 (que a continuación se consignarán entre paréntesis).
Por ejemplo, la botella de litro y medio de una gaseosa de primera marca costaba $ 2,89 en abril de 2007 (hoy $ 42,40); otra de lima-limón menos gasificada $ 2,60 ($ 25,99) y la de agua mineral $ 1,95 ($ 18,10).
Un kilo de milanesas se vendía a $ 10,99 (ahora $ 169,99); de lomo premium envasado al vacío $ 26,99 ($ 347); de supremas de pollo $ 17,99 ($ 123,99) y de pata-muslo $ 8,49 ($ 52,99). El jamón cocido a $ 23,35 el kilo ($ 179) y el queso en barra a $ 22,90 ($ 219).
Medio kilo de café envasado tenía un precio de $ 7,82 ($ 92,90); de yerba mate, $2,88 ($ 38,90) y de fideos guiseros $ 2,35 ($ 22,90). El del kilo de pan era de $2,09 ($ 55); el de azúcar $ 1,38 ($ 15,59) y el de queso rallado $ 33,90 ($ 379).
En frutas y hortalizas, un kilo de bananas costaba $ 2,10 en abril de 2007 ($ 29,99); de pimientos rojos $ 5,99 ($ 99,99); de papas $ 1,99 ($ 26,90) y de berenjenas $ 2,99 ($ 33,90). Y en productos de higiene y limpieza, el detergente cremoso $ 1,95 ($ 23,25); papel higiénico $ 0,45 por rollo ($ 4,95); suavizante de ropa $ 2,26 ($ 33,99). En todos los casos se trata de los precios en góndola, sin los descuentos ni ofertas por mayor cantidad (más de una unidad) que proliferaron en los últimos años en las grandes cadenas de supermercados.
Por cierto que en estos diez años la suba de precios fue acompañada por aumentos salariales en paritarias que tendieron a acompañar a la inflación, aunque en buena medida contribuyeron a realimentarla. Como dato práctico, si el actual ingreso mensual de un consumidor supera en 10 veces al de abril de 2007, probablemente no haya perdido demasiado poder adquisitivo en términos reales. Pero aun así, hay que tener en cuenta que los 30 productos incluidos en esta canasta son una pequeña parte de los que integran el índice de precios al consumidor (IPC), no incluyen otros rubros (ropa, cigarrillos, alquileres, expensas, esparcimiento, etc.), ni servicios públicos ni privados.
Además, los precios relativos mostraron una fuerte disparidad, con aumentos acumulados muy superiores o inferiores a la variación total de 1022%. En los productos comparados anteriormente, los extremos fueron desde 524% (pata-muslo de pollo) hasta 2531% (pan francés), que en este último caso torna absurdo el argumento K de "defender la mesa de los argentinos". Y dentro de este abanico, hubo subas de 1570% (pimientos); 1490% (milanesas); 1403% (suavizante de ropa); 1367% (gaseosas de primera marca); 1251% (papas); 1185% (lomo); 1132% (yerba); 1087% (café); 1018 % (queso rallado); 1000% (papel higiénico); 956% (queso en barra); 874% (fideos guiseros), y 666% (jamón cocido).
O sea que la mejora del salario real en términos de los productos que menos subieron fue contrarrestada por los mayores incrementos de otros, según los consumos. Como es obvio, el deterioro del poder adquisitivo se agrava para los trabajadores en negro y cuentapropistas de bajos ingresos.
El Estudio Bein estima que en abril los precios minoristas tuvieron un aumento de 2,2%, explicado en una tercera parte por las nuevas tarifas de gas. En los últimos doce meses, el alza acumulada asciende a 27,4% y para todo 2017 prevé una variación de 20,5%. Pero otro dato es que esta consultora (una de las acosadas por Moreno), discontinuará la difusión de su relevamiento de precios cuando en junio el Indec complete (con los datos de mayo) el primer año del reconstruido IPC de Capital Federal y Gran Buenos Aires, con una canasta de consumo de 2004/5, ajustada por precios relativos.
Un mes más tarde, en julio, el organismo difundirá el primer informe del IPC Nacional con el nivel general para todo el país y los de seis grandes regiones estadísticas, dentro de las cuales el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará a ser una de ellas, junto con la Pampeana, NEA, NOA, Cuyana y Patagónica. Para lanzar este indicador, el Indec debió desarrollar un software destinado a procesar los datos estadísticos de las 24 provincias, que insólitamente no existía cuando el gobierno de Cristina Kirchner difundía el denominado Ipcnu, sin incluir la información por regiones ni provincias. Por el momento, utilizará la estructura de ponderaciones que surge de las canastas regionales de consumo incluidas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Paralelamente, ya comenzó el trabajo preliminar para lanzar a partir de octubre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), cuyo procesamiento demandará un año. A partir de 2019 esta tarea sobre 45.000 hogares permitirá dotar al IPCN de nuevos ponderadores para medir la inflación en todo el país.
El Banco Central ya anticipó que a partir de julio pasará a utilizar el nuevo índice como base para monitorear las metas de inflación, probablemente porque la incidencia de los ajustes tarifarios en el AMBA es actualmente mayor que en el interior del país. Claro que aun con una estructura técnicamente más completa y precisa para calcular la inflación, el problema central (no sólo para el BCRA) seguirá siendo bajarla a un dígito anual como en la mayoría de los países del mundo.
