Elizabeth Salazar
La Autoridad Nacional del Agua, encargada de fiscalizar el uso del recurso, desconoce cuáles son las empresas y personas que extraen agua dulce de las cuencas del Perú. Aún así, Ojo-Publico.comconoció que en el país existen 780 mil usuarios oficiales y unos 2.6 millones que extraen agua de manera informal. Entre las principales consumidoras de agua, en el rubro minero, aparecen Yanacocha, Consorcio Minero Horizonte, Barrick y Volcan.
El agua en el Perú discurre y se usa a ciegas. Las estadísticas oficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el ente del Estado encargado de administrar y fiscalizar el uso de este recurso, revelan que el 2015 se destinaron 40 mil millones de m3 de aguas superficiales a los sectores industrial, agrícola, minero y poblacional. Sin embargo, los reportes no identifican a las empresas y personas que manejan dicho recurso, apenas se conoce que hay 780 mil usuarios oficiales y que otras 2.6 millones de personas extraen agua al margen de la ley.
¿Entonces, si no existe un inventario exacto del uso del agua en el Perú, cómo se distribuye y prioriza el manejo de este recurso? Ojo-Publico.com accedió a información de la ANA que revela la existencia más de 16 mil licencias, permisos de excedentes y autorizaciones temporales entregadas en los diversos sectores productivos. De aquel total, al año 2014, existían 1.405 empresas extractivas que consiguieron 2.449 autorizaciones para explotar fuentes de agua en todo el país. De estas, el 32% corresponde a la actividad minera.
El análisis de la base de datos de 16 mil licencias permite identificar a las empresas energéticas, mineras, pesqueras y de la industria en general que concentran el mayor número de derechos de agua. La compañía con más autorizaciones registradas es Pluspetrol Norte y su matriz Pluspetrol Perú Corporation que en conjunto tienen 48 autorizaciones para explotar el agua de ríos y quebradas de la Amazonía.
Esta petrolera de capitales argentinos tiene pendiente un litigio judicial con el Estado porque se niega a pagar S/ 39,4 millones de multa que le impuso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la desaparición y contaminación de lagunas en Loreto.
La segunda compañía con más licencias de agua es la minera Buenaventura (tiene 39 a su nombre), accionista de Yanacocha y que tiene como presidente de directorio a Roque Benavides. Esta compañía litiga con el Estado peruano para no pagar tributos por S/ 246 millones.
Uno de los varios conflictos sociales que involucran a Buenaventura está relacionado con el reclamo de la comunidad campesina de Mollebamba, en Apurímac. Los agricultores denuncian que la minera estaría tratando de expandir sus operaciones hasta una quebrada cercana, donde hay un ojo de agua que abastece a un proyecto de irrigación y a los baños termales de la zona.
Consorcio Minero Horizonte de La Libertad ocupa el tercer lugar con 28 licencias y autorizaciones de uso del agua. La compañía fue sancionada por la OEFA con 316 UIT por faltas ambientales. A fines del 2016, dentro de su área de influencia, se registró un conflicto por su proyecto aurífero en Parcoy, que ocasionó la muerte de una persona y dejó 21 heridos.
“De los 127 conflictos socioambientales registrados hasta mayo de este año, 82 están relacionados a la actividad minera; seguido por la de hidrocarburos con 17 casos”, se advierte en el informe 159 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales. La mayoría de ellos se asocia al uso y calidad del agua.
El ranking de empresas continúa con la minera Yanacocha y la fábrica de bebidas Ajeper (cada una con 21 autorizaciones); Barrick y Volcan (18 permisos cada uno), Milpo y Las Bambas (16), Electroandes y Votorantim (14) y Southern Cooper Corporation (12).
Las bases de datos a las que Ojo.Publico.com tuvo acceso incluyen en algunos casos los volúmenes de agua otorgado a cada usuario. Sin embargo, no se pudo realizar un análisis integral de los mismos porque varias de estas autorizaciones están incompletas. Incluso, las estadísticas que la ANA tiene publicadas en su web son parciales y no detallan todas las autorizaciones y permisos otorgados.
Ojo-Publico.com entrevistó a Santos Núñez Cotrina, especialista de la Dirección de Recursos Hídricos del ANA, para conocer la labor de fiscalización que ejerce su sector sobre las licencias y autorizaciones. El funcionario dijo que el control era competencia de las Administraciones Locales de Agua, que tienen descentralizadas en diferentes provincias. “El trabajo consiste en observar si una autorización, por ejemplo, de uso doméstico, no esté siendo usada para fines energéticos, o si la captación es realizada en una zona no autorizada”, agregó. No obstante, esta fiscalización es solo aleatoria por falta de personal, detalló.
La Ley de Recursos Hídricos que está vigente desde el 2008 plantea dos requisitos iniciales para las empresas o personas interesadas en obtener una licencia para extraer agua: poner un aviso en un medio de circulación nacional indicando la zona en la que quieren captar agua, y enviar su propio estudio técnico que confirme la disponibilidad y demanda hídrica en la misma. Núñez aseguró que la ANA coteja la información y lo deriva a los ministerios de Energía y Minas o Producción, y solo cuando regresa con la certificación ambiental el expediente es aprobado.
Durante la última semana, solicitamos a la ANA el número total de licencias de agua por sectores y el número de casos en los que rechazaron los informes hidrológicos que llegan de parte de los interesados. Se comprometieron a enviar la información, pero nunca la remitieron.
Lo que sí enviaron fue el listado de sanciones aplicadas el 2016: solo seis multas de entre 0.5 y 10 UIT (entre 2.000 soles y 39.500 soles) fueron impuestas a usuarios por usar volúmenes mayores a los permitidos y por desviar el agua de su cauce en todo el país. Las empresas sancionadas fueron Complejo Agroindustrial Beta, Agraria Don Oscar, Agrícola El Rancho, Agro Victoria y Segundo Sánchez Retamozo.
Las sanciones más severas tampoco son efectivas, pues según nuestra base de datos, el retiro de licencia por falta grave solo se aplicó a 46 usuarios en las últimas tres décadas.
Las licencias de uso de agua otorgadas a la industria, la minería y al sector energético se concentran en Lima, Áncash, Junín, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Las mismas provincias que en diciembre del año pasado fueron declaradas en emergencia por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) “por peligro inminente debido a déficit hídrico”, como indica la resolución 089-2016-PCM.
En la industria la captación de agua es mayoritaria en las cuencas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac, que a su vez son la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el desierto de Lima, en donde habita casi la tercera parte de los peruanos. La empresa que tiene más licencias en esta zona es Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., y le siguen otras 282 empresas del rubro de las hidroeléctricas, agroexportadoras, pesqueras, textiles, etc.
Iquitos es la segunda cuenca donde predominan las licencias de uso industrial para Pluspetrol; Ajeper del Oriente, empresa de la familia Añaños; y Perenco Perú Limited, subsidiaria anglofrancesa que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos en Loreto. Las tres empresas reúnen el 54% de los permisos industriales que se entregaron en este río.
La minería, por el contrario, se concentra en las cuencas del Mantaro (Junín), Alto Marañón (nororiente), Alto Apurímac (Arequipa-Cusco) y El Santa (Áncash). Son 395 mineras que obtuvieron 784 licencias para explotar los recursos hídricos en quebradas, ríos, lagunas y manantiales.
Dentro del sector minero, después de Buenaventura y Horizonte, la compañía con más licencias en este sector es Barrick Misquichilca, cuyas operaciones en Áncash han provocado denuncias por afectar las reservas de agua de las comunidades cercanas a su proyecto aurífero Pierina. Barrick, que posee 18 licencias, está en conflicto con las organizaciones de usuarios de los caseríos ancashinos de Atupa y Antaurán que exigen la remediación del manantial Yarcok que, según ellos denuncian, se habría secado como consecuencia de la actividad extractiva.
La minera Yanacocha, una de las principales productoras de oro del país y protagonista de una larga batalla legal contra la reconocida comunera Máxima Acuña, quien busca proteger la intangibilidad de una laguna, concentra 21 autorizaciones para extraer agua en Cajamarca. Los comuneros de las provincias cajamarquinas de Celendín y Hualgayoc demandan que se declare inviable el proyecto porque temen que se afecte cuatro lagunas que forman la cabecera de cuenca de sus ríos.
Nos comunicamos con Carlos Peña Reluz, presidente de la Junta Nacional de Usuario de los Distritos de Riego del Perú, pero se excusó de hacer comentarios indicando que necesita coordinar previamente con sus agremiados. Para este reportaje, Ojo-Publico.comtambién solicitó una entrevista con representantes de laSociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero el área de prensa indicó que su único vocero autorizado es el presidente de la institución, Luis Marchese Montenegro, quien no respondería por estar en el extranjero.
