MATÍAS ALONSO

“Si nadie hace nada, vamos a operar porque tenemos por escrito que nosotros cumplimos con todo”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Osvaldo Calzetta Larrieu, con respecto a la clausura que había sufrido en Córdoba la fabricante de dióxido de uranio Dioxitec. Fue durante el seminario “El CAREM y sus proyecciones”, organizado por el Instituto Sabato (CNEA-UNSAM) en el Centro Atómico Constituyentes. Calzetta Larrieu también brindó detalles sobre los avances en el prototipo del reactor CAREM25, que se construye en la ciudad de Lima y cuya finalización está prevista para el año 2020.

Calzetta Larrieu, un físico que trabaja en el organismo nuclear desde 1982, se refirió a los cuestionamientos que le hizo un grupo de trabajadores de la CNEA durante el seminario —en el que estuvo presente TSS—, relacionados con la importación de dióxido de uranio por una supuesta falta de interés de las autoridades del sector nuclear argentino en reactivar la operación de Dioxitec. La empresa, una sociedad anónima estatal controlada por la CNEA que producía dióxido de uranio en su planta de Alta Córdoba, en la capital cordobesa, fue clausurada en noviembre de 2014 por violación del código urbano municipal.

Según el presidente de la CNEA, la importación se limitó a 60 toneladas de dióxido de uranio y 15 toneladas de uranio levemente enriquecido (al 0,85%) para hacer los combustibles de Atucha I (que ya no usa uranio natural, a diferencia de Atucha II y Embalse). Además, frente a la posibilidad de que Dioxitec no estuviera habilitada para diciembre, ya que no habría más combustible a partir de ese mes, Calzetta afirmó que hay 480 toneladas de uranio sin procesar y que la producción de dióxido de uranio se realiza a un costo razonable, por lo que nadie pensaría en importarlo para ahorrar dinero.

Durante años y hasta mediados de los años noventa, la materia prima de la planta provino de la minería local de uranio: del Complejo Minero Fabril de San Rafael (Mendoza) y de otras explotaciones de menor volumen en Malargüe (también en Mendoza) y Los Gigantes (Córdoba), entre otros. Varias de esas minas atraviesan hoy procesos de remediación para evitar la contaminación del medioambiente por los residuos de la actividad y diversas organizaciones se han opuesto al inicio de proyectos de minería de uranio. Actualmente, el mineral que requieren las centrales nucleares argentinas se importa, en su totalidad, de Kazajistán.

“En Córdoba estamos en una posición complicada. Entonces, si nadie hace nada, vamos a operar porque tenemos por escrito que nosotros cumplimos con todo y la municipalidad no”, dijo el titular de la CNEA.

El argumento de la Municipalidad de Córdoba para cerrar la planta de Dioxitec fue que viola la ordenanza de uso de suelo, ya que se encuentra en una zona residencial. En 2012, se había acordado que la planta dejaría de funcionar allí y se trasladaría a Formosa, pero la construcción de la nueva planta todavía no está terminada. Calzetta Larrieu afirmó: “Nos comimos muchos sapos para poder abrir la planta. Tuvimos que firmar un compromiso con la Municipalidad de Córdoba, que si no hubiéramos tenido la necesidad estratégica del ciclo de combustible probablemente no lo hubiéramos firmado en ese momento”.

Calzetta Larrieu se refería al convenio firmado entre la CNEA, Dioxitek y el Ministerio de Energía y Minería con la Municipalidad de Córdoba, mediante el cual, a cambio de obtener la habilitación municipal de la planta, se tomó el compromiso de instalar 400 luminarias solares en plazas, realizar trámites para que el Gobierno nacional donara al municipio un predio que actualmente es un basural y un asentamiento y cerrar la planta en 24 meses, plazo previsto para la finalización de la construcción de la planta en Formosa.

La planta de Dioxitek en Córdoba fue clausurada en noviembre de 2014 por violación del código urbano municipal.

“Sabíamos que no nos la iban a dar (por la habilitación), porque la realidad es que se necesita casi una ley para poder hacerlo ya que tienen que cambiar el uso del suelo, era imposible”, dijo Calzetta Larrieu. Y recordó: “En Ezeiza, nos pasó lo opuesto: para poder hacer el reactor de investigación RA10 —actualmente en construcción— y que nos recibieran el estudio de impacto ambiental, tuvimos que cambiar la zonificación del Centro Atómico Ezeiza.

Pero, como el intendente (Alejandro) Granados estaba de acuerdo con nosotros, él logró que el Consejo Deliberante hiciera la excepción y listo. En cambio, en Córdoba estamos en una posición complicada. Entonces, si nadie hace nada, vamos a operar porque tenemos por escrito que nosotros cumplimos con todo y la municipalidad no, y tenemos de garante a un juez federal. Nos pueden dar un waiver —una excepción— para funcionar, nos da absolutamente lo mismo, pero hemos desactivado absolutamente todos los argumentos que tienen para que la planta esté cerrada”.

En la presentación, Calzetta Larrieu también brindó algunas precisiones sobre los avances en el desarrollo del reactor nuclear de baja potencia CAREM25, una pequeña central de diseño argentino qué prevé la integración local del 70% de los insumos, componentes y servicios que demanden. Se está construyendo desde 2014 en el complejo Atucha, en Lima, y podría ponerse en funcionamiento en 2020.

El CAREM25 se está construyendo desde 2014 en el complejo Atucha, en Lima, y podría ponerse en funcionamiento en 2020.

El CAREM25 será el prototipo de una posible central de cuatro reactores de 120 MW cada uno. Se estima que el mercado mundial de este tipo de centrales alcanzará los 400.000 millones de dólares, de los cuales la Argentina, por ser el primero en diseñar y poner en funcionamiento este tipo de plantas, podría quedarse con el 15%, según estimaciones de la CNEA. Estados Unidos espera poner en funcionamiento una planta similar, aunque no sería antes de 2024, dijo el titular del organismo. En el marco de esta iniciativa se buscará crear una empresa integrada por la CNEA, por INVAP —de la que Calzetta Larrieu fue asesor para la puesta en marcha del reactor OPAL (Australia)— y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA, la operadora de las tres centrales nucleares de la Argentina) para comercializar este desarrollo en el mundo.

Las características del CAREM lo hacen ideal para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de los grandes centros urbanos —donde las condiciones geográficas o el clima dificultan el transporte de combustible y el tendido de redes eléctricas— o polos fabriles con alto consumo de energía, además de ofrecer otras prestaciones como desalinización y provisión de vapor para diversos usos industriales. Según el presidente de la CNEA, el Gobierno canadiense se mostró interesado en poder instalar una de estas centrales en su territorio para abastecer de energía a explotaciones de petróleo en zonas aisladas. El punto débil de las negociaciones internacionales es que estos proyectos suelen ir acompañados de financiamiento, algo que la Argentina no ofrece actualmente.