El lunes se cumplen seis meses desde que Macri lo anunció. El impacto es reducido en cifras: las empresas calculan que sus costos podrán bajar hasta 10% por su aplicación.

A seis meses del anuncio del presidente Mauricio Macri sobre el acuerdo de productividad para Vaca Muerta, los sindicatos y las empresas siguen sin poder aplicar en su totalidad la adenda a los convenios laborales petroleros, aunque confían en que lo lograrán en los próximos meses. Las compañías ya reconocieron que debido a este entendimiento podrán bajar sus costos operativos apenas un 10% como máximo (el resto será por aplicación de mejores tecnologías y el tránsito de la curva de aprendizaje), pero valoran el compromiso de todos los sectores.

La adición a los CCT 644/12 y 637/11 (petroleros de base y jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa, respectivamente) para la exploración y producción de recursos hidrocarburíferos no convencionales se anunció el 10 de enero en Casa Rosada y el texto se firmó tres semanas después, con un período de vigencia de 48 meses (4 años; hasta principios de 2021). Pero lo que parecía que iba a revolucionar las relaciones laborales en el país tuvo escaso rebote en otras actividades productivas. 

Casi nadie se quiere jugar y reconocer los problemas que todavía hoy existen. Por eso, fuentes de la industria comentan en privado que la situación es similar a la de hace un mes y medio, cuando el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra visitó la quinta de Olivos para tranquilizar al Presidente y avisarle que la adenda se estaba aplicando en un 80/85%.

El punto que genera más conflictos es el artículo 12, que establece las dotaciones necesarias. Para los equipos de fractura se fijan 16 personas y la distribución del personal entre petroleros de base y jerárquicos (13 y 3, respectivamente) derivó en que Pereyra pidiera en estos meses una ampliación a 19 operarios (16 y 3).

Despidos en la actividad convencional y demoras en la liquidación de subsidios del Repro también complicaron las operaciones en la provincia, con repetidas protestas de los trabajadores. Incluso YPF denunció en la Justicia penal al sindicato de Pereyra por bloquear yacimientos en Rincón de los Sauces.

"La implementación de la adenda ha comenzado a cumplirse con un compromiso multisectorial. Involucra medidas de diferente complejidad, por lo que demanda un proceso gradual en algunos casos, de familiarizarse con los nuevas prácticas", explicó YPF, que produjo en el primer cuatrimestre del año el 54% del petróleo y el gas en la Cuenca Neuquina. El presidente de la compañía semi-estatal, Miguel Ángel Gutiérrez, dijo esta semana ante el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (Cacme) que los cambios se aplican "casi en un 80%" y en los próximos meses se va a avanzar hasta que se cumpla en un 100%.

Manuel Arévalo, titular de los petroleros jerárquicos, comentó: "No hay problemas por estos días, se está avanzando. Hay 300 compañeros que se quedaron sin trabajo el año pasado y están esperando reingresar en la actividad, a medida que haya más operaciones".

Las cifras muestran que el acuerdo de productividad también dará resultados de a poco. Los pozos terminados en la cuenca durante el primer trimestre fueron 139, un 24% menos que en los primeros tres meses de 2016. Las declaraciones juradas de las empresas indican que este año prevén invertir en Neuquén u$s 3679,7 millones, un 12% más que el año pasado. Se estima que se desembolsarán u$s 2882,3 millones exclusivamente en perforación de pozos, con un crecimiento de apenas 2% interanual. Hasta marzo, se habían perforado 66 pozos en reservorios no convencionales, con una baja de 26,6% en relación al mismo lapso de 2016.

Lo único que sacudió la modorra en estos meses fue el anuncio de Tecpetrol de Techint que invertirá u$s 2300 millones hasta 2019. La empresa de Paolo Rocca está por estos días poniendo a trabajar su cuarto equipo de perforación en el área Fortín de Piedra y en los próximos meses llegará a seis equipos. 

Los números son exiguos: los expertos creen que para desarrollar Vaca Muerta hace falta invertir u$s 10.000 millones por año. Eso es lo que espera a partir de 2018 el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para recuperar el autoabastecimiento dentro de tres o cuatro años.