Prepara conjuntos de proyectos para que resulten más atractivos a las empresas, bancos o fondos inversores; las elecciones y el costo argentino, las preocupaciones
El gobierno nacional prepara “paquetes” de iniciativas para atraer inversores-financistas e impulsar el esquema de las alianzas público-privadas (APP) aprobadas por el Congreso hace unos meses. La intención es reunir varios proyectos para “generar escala” y ser más atractivas para quienes deben poner los recursos.
Así lo adelantó a La Nación Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, quien participó del X Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) que se realizó en esta ciudad.
Explicó que ya hay proyectos definidos que abarcan la construcción de viviendas, hospitales y rutas. “Después de algunos sondeos, es claro que es más atractivo para potenciales inversores -tantos nacionales como extranjeros- si hay volumen; resulta más vendible que iniciativas aisladas”.
Delgado admitió que la mayor dificultad para “vender el proyecto” es la preocupación de los inversores por el “costo argentino”, que incluye desde lo laboral no salarial hasta los aspectos impositivos. “Los inquieta más que el factor electoral -continuó ante este diario-. El resultado de las legislativas interesa, pero la cuestión de la competitividad está primero”.
Insistió en que hay un “enorme espacio para trabajar en la reducción de costos”, un camino que -según dijo- el Gobierno transita con la mesa sectorial puesta en marcha para el sector de la construcción y por cuya gestión se consiguió una baja de 14% en dólares del precio del acero.
“Ahora estamos cerca de otro acuerdo por el aluminio y otros materiales claves, como el plástico, para bajar el costo de la construcción”, señaló el funcionario y aseguró que de las 100.000 viviendas comprometidas por los privados en un año, “hay 60.000 ya identificadas en 15 provincias”.
“El Estado debe fijar las líneas, dar incentivos para la actividad pero no interferir con los privados”, advirtió y reconoció que para el sector público es imposible resolver todos los problemas de infraestructura existentes, “menos con las restricciones presupuestarias existentes”.
Para que la inversión en infraestructura pase del 2,5% del PBI al 6% es clave que el esquema público privado empiece a funcionar. “Es un objetivo deseable para crecer de manera sostenible a una tasa del 4% o 5% anual”, dijo.
“Hay que encontrar quién adelante los recursos para la construcción que el Estado no tiene y establecer el esquema de garantías que puede ser, por ejemplo, un bono. Ya hemos avanzado en diferentes propuestas que incluyen rutas, proyectos ferroviarios, hospitales, viviendas y cárceles. Es un proceso lento, pero una vez que arranque la rueda se agilizará”, describió a este diario.
La experiencia internacional en APP muestra que es atractiva para activos de largo plazo, como los que gestionan los fondos de pensiones y los seguros; es un modelo que ofrece plazos de reembolso predecibles así como retornos financieros interesantes. Por ejemplo, Chile aplica el esquema en varias áreas y Uruguay lo instrumenta para la ejecución de rutas.
En el marco de la promoción de las APP, que Delgado hizo frente a los empresarios, enfatizó que se trabaja en un manual de transparencia y buenas prácticas que incluye todas las etapas del proceso y que garantiza que las iniciativas puedan ser monitoreadas por los ciudadanos en toda su vida útil, desde quién ganó, a qué precio, las readecuaciones de trabajos y precios.
“Promover la competencia es una manera central de bajar costos y precios -añadió-. Los carteles y mesas chicas deben terminarse”.
En febrero de este año, el Gobierno reglamentó la ley 27.328 de contratos de participación público privada, con el objetivo de atraer y agilizar inversiones por 40.000 millones de dólares, según las expectativas de funcionarios y empresarios.
El nuevo régimen apunta a “desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.
La centralización normativa de los contratos prevista por la ley recaerá en la Unidad de Participación Público Privada, en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda, en manos de Nicolás Dujovne.
La PPP constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo ejecuta y construye.
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, podrá a aplicar el modelo de alianzas público-privadas para ciertos proyectos.
“La empresa logró un saneamiento de sus cuentas, pero no tiene excedentes suficientes para grandes inversiones por lo que el modelo también le es atractivo”, señaló Ricardo Delgado, quien subrayó que el trabajo de ordenamiento interno es una “garantía” para los potenciales inversores.
AySA tiene a cargo parte de la extensión de la red de agua y cloacas que prometió el Gobierno a nivel nacional.
