El juez federal subrogante de Río Gallegos sorprendió al dar curso a una medida cautelar solicitada hace más de tres años por el ingeniero Eduardo D’Elía y el Dr. José Luis Janezak. La decisión del magistrado plantea que hasta tanto no se corrijan las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, la termousina no podrá entrar en funcionamiento.
El juez federal Javier Leal de Ibarra hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto en 2014 por Eduardo D’Elía, referente de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, por el que determina que “en forma previa a la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Río Turbio deberá la empresa adjudicataria (Isolux) culminar de forma íntegra con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), resolviendo las observaciones formuladas por la autoridad administrativa y garantizando la participación ciudadana en dicho trámite”, señala el fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral.
El recurso fue presentado en febrero del año 2014 por el ingeniero Eduardo D’Elía y el Dr. José Luis Janezak, como miembros de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos. El amparo estaba dirigido contra el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Poder Ejecutivo Nacional y la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, que fue la que llevó adelante el proceso de aprobación del EIA previo al inicio de la construcción de la obra.
Según el fallo, la acción buscaba que previo a la puesta en funcionamiento de la Central Termoeléctrica a carbón de Río Turbio se cumpla con “el correspondiente Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental respecto del destino o disposición final de las 1.800 toneladas de cenizas contaminadas con metales pesados y elementos radiactivos que, -esgrime- generará diariamente la usina como también, de las 24.000 toneladas de gases contaminantes salidos de la chimenea, producto de la quema del carbón”.
Luego de enumerar los argumentos esgrimidos por los amparistas, el juez sostiene que la controversia planteada “debe dilucidarse, principalmente, a la luz de la legislación vigente en la materia y la jurisprudencia emanada por nuestro Alto Tribunal. En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que, tanto el reconocimiento del status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, como la obligación de recomponer el daño ambiental, han sido la precisa y positiva decisión de los constituyentes de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
El exhorto del juez federal Javier Leal de Ibarra explica que en el EIA realizado por la empresa Isolux se debía “presentar un documento referente a la manipulación del amoníaco; datos técnicos de filtros de manga; características finales de las cenizas de fondo; sistema de tratamiento de efluentes; creación de un área de reserva con masas forestales, etc.”.
Por tanto, el magistrado resolvió que, “en forma previa a la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Río Turbio deberá la empresa adjudicataria, culminar de forma íntegra con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental resolviendo las observaciones formuladas por la autoridad administrativa y garantizado la participación ciudadana en dicha etapa en trámite”.
Recuerda que “en un todo de conformidad con la Ley General del Ambiente Nº 25.675 que prevé en su art. 11 que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”, en tanto cita también a la ley provincial Nº 2.658 (ley de Medio Ambiente) que establece la Evaluación de Impacto Ambiental, que entiende por Impacto Ambiental “a cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud o el bienestar de las generaciones presentes o futuras, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales”.
Para el juez, queda claro que “no ha culminado” el procedimiento legal, “corresponde que la empresa demandada, previo a la puesta en funcionamiento de la Central Termoeléctrica Río Turbio, resuelva las observaciones formuladas por la autoridad administrativa y concluya el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, subsanando las omisiones en que incurriera en forma previa al inicio de sus actividades y garantizando la efectiva participación ciudadana; todo ello a los fines de evitar el inicio prematuro de la actividad; más aún cuando, durante el segundo semestre del año 2015, estuvo en funcionamiento de modo temporal” concluye el juez federal Javier Leal.
El decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Cruz, Martín Goicoechea, dijo que enfrenta con tranquilidad la acusación en la causa que investiga un presunto fraude en el manejo de $ 26.000 millones en el yacimiento carbonífero santacruceño de Río Turbio, que lo tiene entre los 23 acusados por el fiscal Carlos Stornelli, junto al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.
“Nosotros tenemos todo debidamente documentado y por eso la tranquilidad de no haber incursionado en ningún delito, no puedo decir más ya que está en manos de la Justicia” dijo a Télam el rector, que aseguró estar “con total tranquilidad” en espera de esa definición.
Goicoechea afirmó que la UTN estuvo siempre “a disposición de la Justicia, en la medida que ha requerido documentación, no hemos hecho nada más y estamos tranquilos con lo que hicimos, así que confiamos en la definición porque entendemos que se ha hecho todo como corresponde”.
En un dictamen acusatorio presentado ante el juez federal Luis Rodríguez, el fiscal incluyó entre otros 23 investigados, al ex segundo de De Vido en Planificación, Roberto Baratta, al ex secretario de Minería desde 2002 y 2015 Jorge Mayoral, al intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna, a Jaime Alvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación y actual funcionario de la gobernadora Alicia Kirchner como presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz.
También incluyó a las autoridades nacionales y regionales de la UTN y de la Fundación creada para firmar los convenios con YCRT, según el escrito de 67 carillas al que accedió Télam.
Sobre los responsables de la Universidad con pedido de indagatoria, el fiscal advirtió que pusieron a esa “alta casa de estudios al reprobable servicio de una triangulación de operaciones con el objeto de eludir la normativa de contrataciones públicas, convirtiendo a la Facultad en una suerte de intermediario y cliente exclusivo de YCRT”.
El diputado provincial Matías Mazú habló sobre la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli contra Julio De Vido por supuesto desvío de fondos en YCRT, razón por la cual pidió el desafuero de De Vido para su detención.
El legislador de Río Turbio y ex intendente de esa localidad, se sumó al argumento del ex ministro de Planificación para defenderlo, al asegurar que la acusación “forma parte de una campaña”, y afirmó que “hay que ver lo que estamos viviendo, dónde estamos parados y dónde está parado el país”. Para Mazú, “Macri gobierna para los ricos, no lo hace para los trabajadores, y eso queda claro”.
En ese marco habló sobre la realidad de la mina. “Siguen diciendo que no había producción, pero la realidad es que la gestión anterior dejó dos frentes en óptimas condiciones y otro en medianas condiciones para producir”. Y agregó: “nadie habló de la megausina. La gobernadora Alicia Kirchner dialogó con (Mauricio) Macri sobre la usina y el presidente respondió que, por ahora, se van a seguir pagando subsidios… Que terminen las inversiones, que queda muy poco. Las cosas se compraron, queda el montaje de la usina” sostuvo.
Para el diputado “en Cambiemos no entienden todo lo que se hizo, no comprenden por qué se hizo acá en boca de mina (la termousina) y no en Río Gallegos, lo dijo el propio interventor (Omar Zeidán). Eso es ignorar la esencia y el fundamento de una usina en boca de mina, que es lo que hace sustentable el emprendimiento”, manifestó. A su vez, agregó que la empresa debe ser carboeléctrica y señaló que “no hay ninguna posibilidad de que la usina funcione a gas, que no mientan porque va a quemar carbón”.
En ese marco pidió a los trabajadores no tener miedo porque “este gobierno (el nacional) no va a volver a ganar las elecciones. Vienen sometiendo a la gente, quitando derechos y garantías. Los ciudadanos tienen que votar a conciencia y al proyecto que les dio la posibilidad de vivir mejor y de crecer como hemos crecido” sostuvo.
El Diputado Provincial del Radicalismo y Presidente del Bloque UPVM, Daniel Gardonio solicitará a la Gobernadora la renuncia del responsable del Instituto de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez.
El legislador consideró que después de hacerse público el pedido de detención solicitado por el Fiscal Stornelli, realizado en virtud de la investigación llevada adelante por hechos relacionados con YCRT, Álvarez no puede continuar en el cargo al encontrarse dentro de los implicados por estar sospechado de ser el enlace entre el Ministerio de Planificación e YCRT.
Finalmente Gardonio manifiestó que "desempeñar un cargo público implica una responsabilidad mayor a la normal, difícil de cumplir por alguien cuya situación con la justicia es comprometida; los argentinos, en especial los santacruceños, necesitan imperiosamente confiar en la clase política y para ello el ejemplo de nosotros como dirigentes, es el punto de inicio.”
