El artículo 37 era impulsado por el oficialismo para hacer retroactiva la ley y conseguir a través de acuerdos administrativos información de empresarios arrepentidos.

Después de un tenso debate, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la ley de responsabilidad penal empresaria, que penaliza la corrupción y otros delitos de las “personas jurídicas” (sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas).

Fue con muchas modificaciones que debió conceder Cambiemos, y como Clarín dio cuenta en los últimos días, el principal cambio es la muerte anunciada del artículo 37, que no prosperó.

Fue el eje de la mayor polémica: el oficialismo lo había incluido para hacer “retroactiva” la ley a través de “acuerdos administrativos” que permitieran obtener información de ilícitos de las empresas –a quiénes pagaron coimas- a cambio de acceder a los beneficios de la ley, como atenuación de multas o continuidad de sus negocios en el país.

Además, en el final se agregaron sorpresivamente dos artículos correlativos propuestos por el Frente Renovador, que tampoco habían sido debatidos en comisión, ni tenían dictamen.

Uno de ellos establece la imprescriptibilidad de los delitos de delitos de corrupción. Y el otro sube las penas por delitos contra la administración pública: los mínimos pasan a estar entre 4 y 10 años, lo que hace que no sean excarcelables.

Pero el 37, llamado irónicamente el “artículo Odebrecht”, generaba fuertes ruidos incluso entre los socios radicales de Cambiemos.

El oficialismo lo presentó como bandera de lucha contra la corrupción “para saber la verdad”; para la oposición, era “inconstitucional” o incluso –según los argumentos que se escucharon- para que el Gobierno lo usara en casos de corrupción del kirchnerismo pero evitara los que lo puedan salpicar.

El artículo 37 se cayó de la ley al obtener sólo 86 votos a favor, y 132 en contra. Pese a que el oficialismo hizo un último esfuerzo al proponer un nuevo texto, según el cual los acuerdos con las empresas ya no los haría la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado), encabezada por Bernardo Saravia Frías, muy cercano al Gobierno, sino un representante del Ministerio Público y otro de la Auditoría General de la Nación, con intervención de un juez evaluando su “legalidad y razonabilidad”.

El “lilito” Fernando Sánchez encendió el debate sobre el 37: “Como la Justicia no se mueve y parte de ustedes son cómplices y vamos a ver cuando se vote el desafuero (dijo por Julio de Vido, metiendo el dedo en la llaga del kirchnerismo), la autoridad administrativa puede hacer un acuerdo”, defendió. Y siguió: “El pueblo argentino se los va a agradecer muchachos. No estamos entregando a nadie más que a los culpables de actos de corrupción”.

“Este artículo no es claro, justo ni transparente”, argumentó luego el salteño justicialista (no kirchnerista) Javier David.

“Los casos que tuvo este Gobierno, cuando uno piensa que Avianca, Correo, soterramiento del sarmiento, Panamá Papers, van a ser resueltos en acuerdo administrativo por el Ejecutivo, es imposible de aprobar. Queremos transparencia”, definió.

Margarita stolbizer sostuvo que “no resiste constitucionalidad”. “Hasta esta mañana había un acuerdo que el 37 volaba de la redacción definitiva. No puede ser que en el recinto nos quieran correr con una estrategia bajísima de que los únicos preocupados por la corrupción son ustedes”.

La ley “en general” había sido aprobada la semana pasada. Hoy terminó de votarse en particular. La iniciativa pasa ahora al Senado.