El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán dijo que son trece las denuncias por el supuesto manejo fraudulento de fondos en la empresa que se tramitan en fueros federales, a partir de una auditoría integral ordenada por el gobierno nacional.
Omar Zeidán, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán dijo que entre las trece denuncias por el supuesto manejo fraudulento de fondos en la empresa que se tramitan en fueros federales, -a partir de una auditoría- está la que el fiscal ederal Carlos Stornelli acusó al ex ministro y actual diputado nacional Julio De Vido y otros 23 funcionarios de Planificación, YCRT y la UTN Santa Cruz.
“Esta causa muestra a las claras cómo actuaba esta banda delictiva para violar y darle la espalda a todos los procesos administrativos y legales que tiene una empresa, al firmar más de 400 convenios específicos con la UTN para desviar fondos que eran para contrataciones, compras y licitaciones de YCRT, por los que cobraban el 10 % la universidad y el 10 % su fundación”, explicó Zeidán a Télam sobre el dictamen del fiscal conocido hoy.
El funcionario aseguró que esas operaciones tenían entre el 400 y el 1000 % de sobreprecios y que “sólo para el tren turístico facturaron 300 millones de pesos, por una obra que ni siquiera se comenzó a hacer, es decir que fue un robo total”, y señaló como referencia de “cómo afecta a la provincia esta corrupción”, que una obra de desagües para una población como la de Río Gallegos tiene un costo de $200 millones.
Zeidán se mostró confiado con el avance de la Justicia sobre cada una de las causas de corrupción en YCRT y destacó el trabajo constante de recuperación de la empresa iniciado en diciembre de 2015 y anticipó: “Estará a partir de fines de agosto en condiciones de explotar carbón de manera continua después de muchísimos años para abastecer la central térmica”.
El fiscal Carlos Stornelli quiere sacarle los fueros, detenerlo preventivamente e indagarlo por corrupción. Lo acusa de defraudación a la administración pública por 26.000 millones en Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). El futuro de Julio De Vido ahora depende de lo que decida el juez federal Luis Rodríguez y la Cámara de Diputados. Mauricio Macri ya presionó a los otros dos poderes: "En Argentina se acabó la impunidad".
El Presidente insistió hoy en una entrevista con Cadena 3: "Los diputados de Cambiemos apoyarán el pedido del fiscal, por eso, esperamos conseguir el apoyo del resto". De Vido, luego de 12 años en el Ministerio de Planifación Federal kirchnerista, en donde trabajó con los detenidos José López y Ricardo Jaime, llegó el 10 de diciembre de 2015 al Congreso.
Los números de Julio De Vido en la Cámara de Diputados.
Desde entonces, asistió a 29 sesiones y se ausentó en otras 4. Llamativamente, faltó a la del 28 de junio de este año, cuando el oficialismo intentó aprobar el proyecto de ley de Responsabiliad Empresaria, una iniciativa presentada tras el escándalo de coimas de Odebrecht para quedarse con obra pública durante el kirchnerismo.
Allí, Elisa Carrió ironizó: "¿Está el diputado? Él nos puede explicar el sistema de sobornos. Él nos puede decir cuánto le dieron a Néstor Kirchner". De Vido aseguró que faltó por problemas de salud. En cambio, uno de sus 11 proyectos de autoría fue para establecer el 27 de octubre como el "Día de los Derechos Igualitarios", a manera de homenaje al expresidente.
En las sesiones en las que estuvo presente, votó 62 veces a favor y 48 veces en contra. Se abstuvo dos veces. En las se ausentó se perdió de votar 113 proyectos. Hace un año, cuando el oficialismo consiguió que la cámara baja aprobara la orden de allanamiento a su casa, De Vido se abstuvo. Esta vez, el pedido no sólo incluye sacarle sus fueros sino también su inmediata detención.
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió el llamado a indagatoria, desafuero, y detención del diputado nacional y ex ministro kirchnerista Julio De Vido por supuesto fraude y malversación de 26.000 millones de pesos.
El requerimiento del funcionario del Ministerio Público abarcó también a Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en el Ministerio, y otras 19 personas, todos acusados por el proyecto de reflotar el tren "Eva Perón", en la mina de carbón en la localidad santacruceña de Río Turbio.
Stornelli presentó su dictamen al juez federal Luis Rodríguez, que ahora deberá resolver si hace lugar o no al pedido del funcionario del Ministerio Público.
El requerimiento hizo hincapié en la firma entre el Ministerio y la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Santa Cruz de más de 400 convenios para la recreación de un ramal ferroviario llamado "Eva Perón" que llevaría a Río Turbio y nunca se concretó.
También señaló la fiscalía que en aquellos acuerdos habrían intervenido la Fundación Regional Santa Cruz, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, la municipalidad de Río Turbio y señaló que deben investigarse las contrataciones de personal destinadas a la usina térmica La lista de llamados a indagatoria, además, alcanza a los ex funcionarios nacionales Jorge Mayoral y Jaime Álvarez -actual ministro de Alicia Kirchner en Santa Cruz-; el ex interventor en YCRT Atanasio Pérez Osuna y los funcionarios Fernando Lisse, Miguel Larregina, y Marta Pérez.
También deben ser citados a declarar, para la fiscalía, Al rector de la UTN Héctor Brotto, Martín Goycochea, de UTN-Fundación Regional Santa Cruz, Orlando Taboada, Orlando Pastorio, Claudio Masson y Gustavo Maza.
Y los miembros de la Fundación Regional Santa Cruz Hugo Sánchez, Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Pérez, Nadia Márquez, Gustavo Luguercho, Carina Mendoza, y Alexis Philpott.
En noviembre último la Cámara Federal porteña había rechazado un planteo de "nulidad" de uno de los co-imputados con De Vido contra el requerimiento de la fiscalía y, de esa manera, ratificó la continuidad de la causa.
La causa se inició por la denuncia de dos ex gerentes del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, quienes denunciaron la supuesta existencia de un circuito financiero irregular para efectuar pagos por fuera de la normativa y los controles vigentes.
Miguel Larregina y Martha Pérez sostuvieron que el ex interventor de Río Turbio Atanasio Pérez Osuma suscribió una serie de convenios con la UTN de Santa Cruz bajo la forma de "asistencia técnica" o "capacitación de personal". Según la denuncia, a través de esos convenios circularon unos miles de millones de pesos, que habrían sido utilizados para pagar de manera directa a proveedores de Río Turbio, eludiendo controles.
