“Cuando llegué a Codelco los primeros meses tuve una ola de solicitudes desde todas partes”, reconoció el presidente del directorio de la minera.

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, reconoció que las prácticas de transparencia al interior de la minera -por ejemplo cortar favores políticos-, le han traído desencuentros con varios parlamentarios, incluidos los del Partido Socialista.

“Cuando llegué a Codelco los primeros meses tuve una ola de solicitudes desde el mundo político, de todas partes. Se quería apoyar que personas tuvieran empleo en Codelco, que personas fueran ascendidas, otros me llamaban para que se despidiera a gente, o que se asignaran contratos sin licitación… En muchos casos lo que movía a algunos de estos actores públicos no era su interés necesariamente, sino que simplemente favorecer a las empresas o profesionales de su región, que es un rol que pueden tener los diputados”, dijo en entrevista con EmolTv.

Añadió que “lo que hice fue hacerles ver que eso no era apropiado y básicamente decir que no, no y no… y uno se gana bastantes enemigos en eso y parte de la irritación que se generó se la atribuyo a eso”.

Landerretche aseguró que la administración decidió que todas estas peticiones debían ser reportadas en actas del directorio, lo que frenó en muchos casos la solicitud de favores. “Desde que el directorio hizo eso, se redujo muchísimo el flujo de solicitudes, pero también tengo que decir que mi relación con algunos políticos de las zonas mineras se vio deteriorada, eso es evidente, y con el Partido Socialista también: siempre es más difícil cuando uno le dice que no a los propios.

Pero ojo, yo veo que lo hago por el propio bien de ellos”, afirmó. Por último, dijo que a la “política le falta estudiar los temas con un poco más de seriedad y darse cuenta que a veces un estadista tiene que limitarse respecto de lo que le conviene en términos comunicaciones, por el bien del país. Codelco es una empresa muy importante para la minería chilena, pero también lo es para los chilenos, por la cantidad de recursos que genera para el Estado”.

Concluyó que “todas las instituciones del Estado y todos los actores públicos tienen la responsabilidad de ser cuidadosos y cuidar la reputación de una compañía que es de todos, de criticarnos, por cierto, háganlo cuando nos equivocamos, pero esto de usar cosas del pasado para desprestigiar y atacar un esfuerzo genuino de mejoría de los gobiernos corporativos y de las prácticas, me parece que es un poco egoísta”.

Pese a sus diferencias con Contraloría, Codelco sigue avanzando en algunos proyectos clave para su futuro. Uno de ellos es la desaladora que pretende construir en el distrito norte en asociación con un privado, y para eso acordó la creación de una filial que avance en esta materia.

En el directorio del jueves pasado se acordó, ante “la necesidad de anticipar la ejecución del proyecto”, autorizar la creación de una sociedad por acciones filial de Codelco denominada Aguas del Desierto SpA.

Este organismo -señala la comunicación del acuerdo tomado por la mesa- será administrado por un directorio de tres miembros “para llevar adelante el desarrollo del modelo de negocios propuesto para el proyecto”.

Se autorizó a esta filial que una vez que concluya el proceso de búsqueda del socio para el desarrollo y financiamiento de la iniciativa, se pueda transferir, ceder o vender los activos de esta nueva compañía. La iniciativa se ubicaría en Antofagasta con una inversión de US$ 1.000 millones en la que participará un privado.

EDUARDO ENGEL*

El año 2009, con la promulgación de la Ley de Gobierno Corporativo (LGC), la cuprera inició un camino hacia el buen gobierno corporativo, con una batería impresionante de reformas, que la ha llevado este año al sitial de la empresa pública del sector de recursos naturales mejor evaluada del mundo.

Una gestión deficiente de los ingresos provenientes de los recursos naturales y la corrupción pueden dilapidar lo que muchas veces constituye la principal fuente de riqueza para un país; administrar estos recursos en beneficio de todos los ciudadanos probablemente sea uno de los desafíos más formidables para el desarrollo.

Por eso es tan importante la publicación, esta semana, del Indice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGRN), índice que mide la calidad de las instituciones, las reglas y las prácticas que determinan cómo los ejecutivos y los funcionarios gubernamentales del sector toman decisiones que afectan a los ciudadanos, las comunidades y el medioambiente. El índice evalúa 81 países que, en su conjunto, producen alrededor del 80% del petróleo, gas y cobre del mundo, y se construye a partir de las respuestas de 150 investigadores a 149 preguntas, respuestas que se sustentan en casi 10.000 documentos de apoyo.

¿Qué lugar ocupa Chile entre los 81 países considerados por el IGRN? Tómese su tiempo, aunque su respuesta no sea más que una adivinanza, juéguese por un número entre 1 y 81.

La respuesta correcta es el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa Noruega; el tercero, el Reino Unido, y el cuarto, los Estados Unidos. Sorprendente, ¿verdad? En una muestra de colegas y amigos, las adivinanzas anduvieron entre los lugares 10 y 40.

Sigamos con las adivinanzas. La publicación del IGRN también incluye un ranking de las 74 empresas estatales de recursos naturales más importantes del mundo. Adivine ahora qué tal lo hace Codelco en el concierto mundial. Esta vez elija un número entre 1 y 74. Vamos, atrévase, solo usted sabrá cuán cerca (o lejos) anduvo. La respuesta correcta es que Codelco ocupa el primer lugar.

Algo no calza, ¿verdad? El contralor ha hecho una serie de acusaciones graves contra la empresa estatal por falta de transparencia y deficiente gobierno corporativo. Entre ellas, el pago de indemnizaciones millonarias a ex ejecutivos y la existencia de contratos cuantiosos con empresas donde trabajan parientes de funcionarios de la estatal. Varios parlamentarios y más de un líder de opinión se han hecho eco de las acusaciones del contralor, ¿qué está pasando?

Codelco tiene una historia de más de 40 años, donde efectivamente hubo episodios poco transparentes, reñidos con la ley y las buenas prácticas corporativas. Pero el año 2009, con la promulgación de la Ley de Gobierno Corporativo (LGC), la cuprera inició un camino hacia el buen gobierno corporativo, con una batería impresionante de reformas, que la ha llevado este año al sitial de la empresa pública del sector de recursos naturales mejor evaluada del mundo. El 2013, con un índice menos sofisticado que el actual, ocupaba el décimo lugar.

A partir de la LGC, Codelco se parece mucho más a una sociedad anónima que a una repartición pública. Ese era, precisamente, el objetivo de esta ley y esa es la vara con que debe evaluarse. La Superintendencia de Valores y Seguros supervisa a Codelco al igual que a una sociedad anónima, los directores de Codelco responden con su patrimonio al igual que los directores de sociedades anónimas, de hecho, en temas penales sus responsabilidades son aun mayores que aquellas de sus contrapartes en sociedades anónimas.

Partiendo el 2009, Codelco ha puesto en marcha una serie de reformas que han llevado a mejoras importantes en su gestión y su gobierno corporativo. Se estableció una línea de denuncias anónimas que procesa alrededor de 300 denuncias anuales; se creó un sistema de fiscalización de empresas contratistas; se reguló la asignación y uso de recursos destinados al funcionamiento del directorio; se transparentaron y regularon las solicitudes de trabajo; se implementó una política que limita a un mínimo compatible con consideraciones de eficiencia las asignaciones directas y licitaciones privadas, y se definieron normas estrictas para restringir y transparentar el lobby sobre la empresa.

Mención especial merecen las regulaciones que exigen que la contratación de toda persona políticamente expuesta, lo cual incluye parientes de parlamentarios y dirigentes políticos, sea aprobada expresamente por el directorio, al igual que las contrataciones con ex funcionarios de la empresa. La presión de parlamentarios para que Codelco contrate a sus operadores y familiares ha sido un riesgo histórico de la corporación que requería de regulaciones estrictas y controles severos como los que ahora existen.

Volvamos a las objeciones del contralor. Las transacciones con personas relacionadas que presentó como un hallazgo ante el Parlamento, en realidad eran información pública que la propia Contraloría había aceptado en el pasado reciente sujeto a las obligaciones de las sociedades anónimas y que, por lo mismo, se encontraban disponible en las memorias anuales de la empresa. De hecho, la política de prevención de Codelco en esta materia es tanto o más exigente que aquella de mineras privadas de tamaño similar y ese es el patrón relevante.

Respecto de los planes de retiro que Codelco ha ofrecido a grupos de funcionarios, lo que hacen las empresas privadas y lo que uno quisiera que haga Codelco al ofrecer estos planes es sopesar costos y beneficios. ¿Cuál es el beneficio de que se retiren anticipadamente grupos de trabajadores cuyos servicios se han vuelto poco atractivos para la empresa? ¿Cómo se compara este beneficio con el costo de un paquete de retiro atractivo para los trabajadores en cuestión? Es evidente que responder las preguntas anteriores es particularmente difícil, también que la Contraloría no tiene los elementos para hacer esta evaluación. Es Codelco, con un gobierno corporativo como el que la rige desde 2009 y que se debe seguir perfeccionando, quien mejor puede tomar decisiones en esta materia.

Las reparticiones públicas que fiscaliza la Contraloría no operan con gobiernos corporativos cercanos a las sociedades anónimas como Codelco. Por eso, en ellas se justifica el control de legalidad que realiza la Contraloría, aun cuando aquel debe ejercerse siempre manteniendo un oportuno y delicado equilibrio que no dificulte la toma de decisiones, ni rigidice los procesos más de lo necesario. Pero el caso de Codelco es distinto al de un servicio público común. Codelco puede generar recursos cuantiosos para todos los chilenos, participando en mercados sofisticados y competitivos, donde se deben tomar decisiones complejas propias de sociedades anónimas de nivel mundial, que la Contraloría no puede evaluar correctamente, porque no cuenta con la capacidad técnica para hacerlo.

Existe mucho que se puede hacer para seguir mejorando la gobernanza de Codelco, complementando nuevas reformas que lidere la estatal con iniciativas que no dependan exclusivamente de ella. Una alternativa interesante entre estas últimas es que Chile suscriba la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas, conocida como EITI por su sigla en inglés, que ya ha sido suscrita por más de 50 países, entre ellos Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.

Al suscribir esta iniciativa, Chile podría hacer valer su liderazgo mundial en la materia y seguir fortaleciendo la gobernanza del sector de recursos naturales. Concretamente, la suscripción del EITI obliga a que representantes del gobierno, las empresas privadas y la sociedad civil definan una agenda de trabajo, la cual debiera incluir medidas para seguir fortaleciendo la gobernanza de la minería, no sólo las grandes empresas como Codelco y las privadas agrupadas en el Consejo Minero, sino también las medianas y pequeñas, además de promover relaciones más transparentes y constructivas entre empresas y comunidades. Toda iniciativa que contribuya a que Codelco genere mayor valor para todos los chilenos es bienvenida, el tipo de control que quiere ejercer Contraloría no parece ser una de ellas.

*Economista e ingeniero civil matemático chileno.