Uno de los jefes de la CGT, Carlos Acuña, junto a dueños de estaciones de servicio, propone eliminar la integración vertical del mercado y quieren manejar sus precios.

La comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que preside el exministro kirchnerista Julio De Vido, convocó para el próximo jueves 13 a YPF y agrupaciones empresariales del sector a debatir un proyecto de ley de comercialización de combustibles que haría peligrar las finanzas de la petrolera semi-estatal.

La idea primordial de la nueva normativa es evitar la integración vertical y brindar una mayor libertad a los dueños de estaciones de servicio. El proyecto surgió el año pasado, tiene el número 5419 en la Cámara baja y está firmado por legisladores nacionales del massismo, como Liliana Schwindt, Azucena Ehcosor, Horacio Alonso, Monica Litza y Carlos Selva, y la kirchnerista Emilia Soria. Lo impulsan la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que agrupa a los dueños de estaciones de servicio, junto al Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE), que conduce Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aunque algunas petroleras ya plantearon inquietudes y propuestas para retocar el proyecto, la más perjudicada será YPF. El artículo 3 de la norma establece: "Las empresas petroleras, distribuidoras mayoristas o importadoras de combustibles para uso automotor que operen como proveedoras de comercializadores mayoristas o minoristas sólo deben realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta 15 % de sus ventas totales en el mercado interno". En la práctica, una fuente del sector explicó que este punto toca de lleno el negocio Downstream (refinación y comercialización) de YPF, ya que los obligaría a dejar su red propia de estaciones de servicio, Opessa, o abandonar las ventas mayoristas al transporte público.

Según fuentes de la empresa, el downstream explica más del 60% de la caja de YPF, pero se abstendrán de hacer declaraciones oficiales hasta la semana que viene, cuando Carlos Alfonsi, vicepresidente del área, y Sebastián Mocorrea, encargado de de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales, se presenten en Diputados para defender su posición.

En 2016, el resultado financiero del Downstream de YPF arrojó un beneficio por $ 3093 millones, con una caída de 55,5% respecto al año previo.

Al menos, la petrolera consiguió el apoyo de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), al mando de Antonio Cassia. En un comunicado, la entidad rechazó el proyecto. "Bajo la apariencia de desregular el mercado y fomentar la libre competencia se esconden consecuencias que redundarán en perjuicios para los consumidores, a quienes no se les asegura que los precios finales irán hacia la baja, y principalmente para los trabajadores de estaciones de servicio, que serán la principal válvula de ajuste cuando los costos no cierren o haya que llegar por cualquier medio a las metas prometidas", expresó Cassia.

El artículo 5 del proyecto fija: "Las empresas petroleras no deben fijar a los comercializadores precios de reventa, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización". En concreto, impediría a YPF mantener su actual sistema de consignación, por el que les entrega los combustibles a los estacioneros y les otorga una comisión por sus ventas. Según Carlos Gold, titular de Cecha, "YPF quiere sostener ese esquema porque es una manera de controlar a la red, pero en un país que quiere salir adelante debe primar la libre competencia y que los usuarios puedan elegir a qué estación ir a cargar".A