ALEJANDRO ALFIE

Odebrecht vendió su parte a la italiana Ghella en el consorcio que está haciendo el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, como consecuencia del escándalo de corrupción que sacude a la empresa brasileña. El Consorcio Nuevo Sarmiento ahora está a cargo de Ghella, con el 70,4% de las acciones; la empresa local Sacde (ex Iecsa) permanece con el 28,6%; y la española Comsa tiene el 1% restante.

El Gobierno recibió una nota de Ghella pidiendo la aprobación de la transferencia. Fuentes oficiales dijeron a Clarín que, "en principio, no habría problemas para aprobar la operación".

Tal como informó Clarín, el mes pasado el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le habría pedido a su par argentino, Mauricio Macri, que saque a Odebrecht del consorcio que está haciendo el soterramiento del Sarmiento, para evitar que las causas de corrupción contra la empresa brasileña impacten en la italiana Ghella. La embajada de Italia desmintió ese pedido en su momento. Pero hace dos semanas, como anticipó Clarín, Macri daba por hecho que Odebrecht se desprendería de las obras del soterramiento.

Con las coimas como telón de fondo, para el Gobierno era complicado hacer las inauguraciones parciales de las obras, en plena campaña electoral, teniendo que pagarle a la firma brasileña por el soterramiento del Sarmiento.

Esa obra pública tiene un presupuesto de US$ 3.000 millones, aportados por el Estado nacional y tiene un avance de obra del 3%. La empresa Ghella tenía a su cargo las direcciones del Proyecto y de la Producción; mientras que ahora suma la de Ingeniería. Además, Ghella podría conseguir nuevo financiamiento 

La dirección de Administración y Finanzas queda en manos de la empresa local Sacde, de Marcelo Mindlin, que hasta hace tres meses se llamaba Iecsa y era del primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

Fuentes del Ministerio de Transporte destacaron que esa obra iba a comenzar en 2006, pero que recién arrancó en octubre de 2016, cuando Macri inauguró la tuneladora de la estación Haedo. Hace un mes había 260 anillos de hormigón ensamblados y colocados bajo tierra por la misma máquina tuneladora. 

El Gobierno quiere imprimirle un ritmo de campaña al soterramiento del Sarmiento. Por eso, en febrero comenzó la obra en La Matanza, para construir la primera estación subterránea del tren, en pleno territorio kirchnerista. Los funcionarios destacaron el beneficio que traerá para los habitantes que “transitan por donde pasa el Sarmiento”, desde el barrio porteño de Caballito hasta la localidad bonaerense de Moreno, así como a "los más de 200.000 pasajeros que hoy viajan en el tren".

Pero la salida de Odebrecht podría complicar los planes de la empresa brasileña. Es que uno de los requisitos que puso para firmar un convenio de colaboración -para informar en detalle sobre el pago de coimas- era seguir con sus obras públicas, para pagar con esa plata las multas que le puedan poner por los más de US$ 35 millones que declaró haber pagado en sobornos en la Argentina, entre 2007 y 2014.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren canceló el año pasado un contrato de Odebrecht con el Ministerio de Planificación, que manejaba Julio De Vido. La empresa brasileña estaba construyendo la ampliación de gasoductos en el norte del país, hasta que Aranguren canceló el contrato “por sobreprecios”. Pero Odebrecht inició demandas judiciales y pidió una compensación de US$ 202,6 millones por la rescisión del contrato.

El Gobierno pretendía evitar esa situación si desplazaba a Odebrecht del soterramiento del Sarmiento. Por eso, la compra de la parte de la empresa brasileña en el Consorcio Nuevo Sarmiento, por parte de Ghella, sería aprobada por el Ministerio de Transporte.

Más allá del cambio de accionistas, la Justicia argentina imputó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a su hombre de confianza Manuel Vázquez y al ex titular de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, por el pago de coimas de la empresa brasileña por el soterramiento del Sarmiento.

Las relaciones de poder dentro del consorcio empresario a cargo del soterramiento del Sarmiento no siempre fueron iguales. Al inicio, Iecsa (la constructora que pertenecía al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra) tuvo el bastón de mando. Pero en 2013 se dio un pronunciado giro y Odebrecht, negociaciones mediante, destronó a la firma argentina. Ahora, en medio del escándalo de coimas del Lava Jato, los socios españoles del proyecto decidieron dar un paso al costado.

Así lo reconstruyó LA NACION a través de fuentes al tanto de las tratativas y de documentos oficiales. La última mutación del Consorcio Nuevo Sarmiento se registró a principios de este mes, cuando, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la empresa española Comsa pidió reducir su participación a un 1%.

El trámite ante la IGJ pidió registrar a la italiana Ghella con el 37,4%, a Odebrecht con el 33% y a Iecsa con el 28,6% restante. La adenda fue confeccionada en febrero de este año, pero ingresó al organismo el 5 de junio pasado.

Además de reducir su participación al mínimo, Comsa también pidió dejar de ser "representante" del consorcio. Otro cambio afecta al comité directivo: Ghella quedará a cargo de la "dirección del proyecto" y de la "dirección de producción", Iecsa a cargo de la "dirección de administración y finanzas" y Odebrecht, de la ingeniería. Pero no quedan cargos reservados para los españoles.

Este medio intentó comunicarse con Comsa pero no obtuvo respuesta, ni de su sede central ni de sus oficinas en la Argentina. Desde el consorcio aseguraron que el cambio "es un trámite habitual" y que la española "seguirá teniendo un rol técnico en la obra". 

Desde la IGJ, sin embargo, analizaron: "Tener un 1% es simbólico. Si quisieran quedarse en cero, sería un trámite mucho más complejo".

Mutaciones

Según señalaron fuentes empresarias, la marcha de la obra la llevan actualmente Ghella y Sacde, el nombre que eligió Marcelo Mindlin para rebautizar a Iecsa tras comprarle la firma a Calcaterra. Desde que la obra se adjudicó en 2008, sin embargo, las empresas asumieron distintos roles, con cambios que acompañaron las negociaciones con el gobierno de turno.

El 15 de agosto de 2008 se creó el Consorcio Nuevo Sarmiento. Iecsa, Odebrecht y la italiana Ghella participaron con el 30% del contrato y la española Comsa, con el 10%.

Se fijó domicilio en Florida al 800 y se consignó que las partes resolvían "unificar personería a favor de Iecsa". El apoderado de esa constructora en el contrato fue Javier Sánchez Caballero, el hombre de confianza de Calcaterra que figuró en un mail cerca de la sigla DGI, presunta clave que usaba la firma brasilera para las coimas. También se creó un "consejo de representantes" integrado por las cuatro empresas.

Cuando promediaba el 2013, la obra del soterramiento pasó a la órbita de José López, que por entonces movía los hilos de la obra pública sin miedo a quedar preso. Según reconstruyó LA NACION, el ex funcionario recibió a los empresarios a cargo de la megaobra y les advirtió: "Si ustedes no nos traen la plata, esto se termina acá". Días después de la amenaza de López, Odebrecht ofreció un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) y logró resucitar el contrato.

La fluida negociación con el gobierno kirchnerista y la llave del financiamiento se tradujo en mayores beneficios. Según registros oficiales, en agosto de 2013 la gigante brasileña destronó de la dirección de la obra a Iecsa. No sólo eso: también pasó a controlar el 50% del convenio, en desmedro de sus socios.

Desde el entorno de Odebrecht, reconocieron: "El gobierno kirchnerista, originalmente, le adjudicó la obra a Iecsa, que encabezaba el consorcio. Cuando empezaron los problemas de financiamiento, Odebrecht consiguió al Bndes y el escenario cambió. Al final, por problemas de contexto internacional, el crédito de Brasil no se aprobó". Otro allegado a la UTE hizo una lectura distinta: "Con el Bndes los brasileños se ganaron el favor de los funcionarios y presionaron para tener una parte mayor del contrato. El gobierno lo convalidó y los socios cedieron". Caído el crédito del Bndes, las empresas quisieron volver a foja cero. En julio de 2016, poco antes de que Macri resolviera destinar un presupuesto público de U$ 3.000 millones, la UTE suscribió otra adenda para que Odebrecht volviera a tener el 30% del contrato.

Hoy, todas las tratativas están en la mira de la Justicia, luego de que Marcelo Odebrecht confesara coimas millonarias.

Cambios empresarios

En el inicio, Iecsa comandaba el consorcio y el domicilio de la UTE fue fijado en oficinas de la constructora que pertenecía al primo de Macri.

En 2013, Odebrecht destronó a Iecsa y llegó a obtener el 50% del contrato del soterramiento.

Hoy, el consorcio pidió modificar la UTE: la española Comsa pide reducir su participación a un 1% y salir del control.