En diciembre de 2016 se celebró el Acuerdo de Saramurillo entre el gobierno peruano y las federaciones indígenas que reclamaban por las afectaciones de derrames de petróleo en la región Loreto. Una de las decisiones fue la creación de la denominada Comisión de la Verdad para la actividad petrolera, propuesta que sigue generando expectativas por su importancia histórica y por las perspectivas a futuro que abriría reconocer qué pasó durante cuatro décadas de explotación petrolera en la Amazonía peruana. 

Se han dado los primeros pasos con la formación de un grupo de trabajo que estará a cargo de la creación de la comisión especial y Mongabay Latam conversó con líderes de las federaciones indígenas y expertos para saber cómo evalúan los primeros avances.

En la resolución publicada el 1 de marzo de 2017 —que define la conformación del grupo de trabajo— se establece un plazo de cinco días para que las entidades integrantes designen a sus representantes y 45 días de vigencia para desarrollar su labor. Sus funciones son elaborar un plan de acción, definir las pautas metodológicas para que la comisión cumpla con su cometido, y proponer la norma para la creación de la misma. Los plazos ya están cumplidos, pero aún se sigue trabajando en la designación de los representantes de cada una de las instituciones estatales y de las federaciones indígenas.

“Hasta ahora no hay avances en la práctica. Todos son acuerdos, papeles. No hay atención a los pueblos afectados en Saramurillo. Nada en agua ni en alimentación”, responde del otro lado del teléfono Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM), sobre el proceso de creación de la llamada Comisión de la Verdad de la actividad petrolera.

Galo Vásquez Silva participó en las negociaciones entre el Estado Peruano y las federaciones indígenas que, en diciembre de 2016, arribaron a una serie de acuerdos en la Mesa de Diálogo de Saramurillo, en la región Loreto, luego de una huelga de más de 100 días en reclamo por los daños ambientales y sociales ocasionados por los derrames de petróleo en esa parte de la Amazonía peruana. Fue en estas conversaciones que se acordó la creación de la comisión especial.

“No sabemos quiénes la forman –continúa–. Los presidentes de las federaciones de las comunidades somos integrantes. Nosotros proponíamos que fueran diez y ellos decían que cinco”, relata y se sorprende al saber que ya ha sido publicada la Resolución Suprema que establece el grupo de trabajo responsable de la creación de la “Comisión especial encargada de formular el relato sobre los cuarenta años de actividad petrolera y los pueblos indígenas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira”, según describe la norma.

En la resolución, además, se explica que se trata de uno de los compromisos asumidos por el gobierno peruano en los procesos de diálogo con las organizaciones indígenas y que “existe una preocupación desde el Estado por las consecuencias y efectos sociales, económicos y ambientales de la explotación petrolera” y reconoce también que se trata de una problemática que “se ha reiterado y producido en torno al área amazónica, impactando de formas diversas las condiciones de vida de las poblaciones indígenas”.

Diego Saavedra, especialista del Programa de Ecosistemas y Derechos de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), sostuvo que este grupo debería considerar a la representación nacional de las organizaciones indígenas para tener una visión integral sobre la Amazonía y a la Defensoría del Pueblo como garante.

Una apreciación que cuestiona la designación de las nueve entidades que integran el equipo de trabajo: la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, del Ambiente, de Energía y Minas y de Cultura; la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; Petróleos del Perú; Perupetro y un representante indígena por cada una de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chimbira. Para el especialista de DAR, la convocatoria debería ser más equitativa e integrar a la sociedad civil.

Carol Mora, asesora legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), también piensa que la conformación del grupo es desproporcionada. “Tienes tres representantes del gremio minero, no está considerada la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que es importante, y está Petróleos del Perú, que ha sido responsable de la mayoría de derrames de petróleo del año pasado. También está Perupetro, que es encargada de promover la industria de hidrocarburos y otorga los contratos”.

A Mora le llama la atención que Petroperú haya sido incluido y confía en que su participación sea neutral y objetiva, ya que se trata de una de las empresas investigadas por los derrames ocurridos en la Amazonía.