Unproyecto de ley busca poner en cintura esta actividad que, al año, mueve más recursos que el narcotráfico. Pequeños mineros presentan sus dudas frente a la iniciativa.
Colombia dio el primer paso en el Congreso para meter en cintura una actividad criminal que por años ha saqueado las finanzas territoriales e irrigado de sangre extensas zonas del país: la Comisión Primera del Senado dio el aval al proyecto que busca poner fin a la extracción ilícita de minerales, actividad que el año pasado movió unos $7 billones, una cifra muy superior a los $2 billones que obtuvo el narcotráfico.
La iniciativa se ha convertido en una política de Gobierno que involucra a cuatro ministerios: Defensa, Medio Ambiente, Minas y Energía, y Justicia. “La extracción ilícita de minerales claramente se está convirtiendo en una fuente de financiamiento para grupos armados, a tal punto que en muchos casos supera las finanzas que maneja el narcotráfico”, dijo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa.
La iniciativa “contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales”, según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país.
“La explotación ilícita de yacimientos mineros se presenta en 25 departamentos, ya sea por explotación de oro, carbón o materiales de construcción. Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar son los que sufren la mayor afectación ambiental y social, así como el involucramiento de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada”, se lee en la ponencia del proyecto hecha por el senador Eduardo Enríquez Maya. “El principal objetivo es endurecer las penas y crear una nueva figura delictiva con este propósito”, dijo Enríquez Maya.
El proyecto contempla el aumento de las penas para los delitos asociados con la minería ilegal, sanciones que hoy son excarcelables. También se ataca la actividad como fuente para el lavado de activos y la asociación con la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que varios grupos armados reciben financiación de minería ilegal.
“En materia ambiental, dota de dientes a las corporaciones regionales y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que ejerzan mejores controles sobre insumos como el mercurio y el cianuro; y que las licencias y permisos ambientales sean más estrictos y se haga seguimiento sobre éstos”, señaló el viceministro de Defensa.
A pesar de sus aparentes bondades, la iniciativa despierta suspicacias y comentarios en varios sectores, especialmente entre los pequeños mineros. “La gran problemática de muchos mineros no es que no se quieran legalizar, sino que no cuentan con las herramientas para ese proceso de normalización”, opina Nasly Miranda, representante de la Empresa Minera de Jobo Medio (Emijom), en el municipio de Zaragoza (Antioquia), compuesta por 12 propietarios con presencia en dos comunidades de esta zona. Miranda también espera que el proyecto le dé mayores apoyos al pequeño minero.
Para expertos como Guillermo Rudas, a pesar de que el Código Minero está vigente desde hace más de una década, la minería ilegal todavía contempla “una amplísima gama de tipos de minería que el Estado no ha podido precisar ni formalizar. Son los mineros tradicionales los que van a pagar las consecuencias de la indefinición de los últimos 10 años”.
En Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, existe un caso paradigmático. En noviembre de 2016, miembros de la Brigada Especial Contra la Minería Ilegal del Ejército llegaron al municipio para desmantelar cinco dragas “ilegales”. Con ellos llegaron 22 tracto mulas, dos helicópteros, tres grúas, seis camiones, 150 miembros del Gaula Ejército, 70 miembros del Esmad, Fiscalía, Policía y funcionarios de Corantioquia. En total, el operativo costó $600 millones. También fueron capturados 16 trabajadores.
Lo que no se calculó es que las dragas intervenidas habían empezado un proceso de formalización en 2013, como parte de un programa piloto promovido por el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Antioquia, la Universidad Nacional y Usaid. De hecho, las dragas ya tenían un plan de trabajo y obras (PTO) y un plan de manejo ambiental (PMA) aprobados. Lo único que faltaba era la firma de la Gobernación, pues un fallo del Consejo de Estado de abril de 2016 frenó el decreto que permitía este trámite.
Tras el episodio, ocho instituciones del Bajo Cauca, entre ellas cabildos indígenas, resguardos afros, asociaciones mineras y campesinas, le dijeron al Gobierno en una carta que “no se puede enviar señales confusas que entorpezcan el avance de un proceso de formalización tan importante para el bienestar de un territorio como el Bajo Cauca”.
Rudas señala que casos como este prueban que “se está tratando de resolver el problema de ilegalidad sin tener en cuenta la falta de una política pública para legalizar la minería informal. Esta indefinición genera una criminalización de la pequeña minería”.
Para Jorge Eliécer Rivera, miembro del Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández, que funciona en Caucasia (Antioquia), el proyecto de ley que se está cocinando en el Congreso “adolece del pecado original de la legislación minera en este país, y es que se construyó a espaldas de los actores mineros del territorio”. Para él, el operativo de Tarazá es una muestra clara de lo alejado que está el centro de las periferias y de la forma como minería criminal, informal, tradicional y de subsistencia coexisten en el mismo territorio.
Pero hay algo claro: ni Rudas ni Rivera niegan la presencia y la amenaza social y ambiental que representa la minería ejercida por grupos criminales, aunque sí están de acuerdo en que la forma como el proyecto de ley aborda la problemática es, cuando menos, ingenua.
Según el viceministro Fernández de Soto, el proyecto de ley “da mejores herramientas para la formalización minera”. El funcionario explica que se contemplan acciones para que los pequeños mineros, informales y artesanales entren en buenas prácticas, tengan guías ambientales, formalicen su actividad y tengan mejores controles. “Al Gobierno le interesa que la minería bien hecha sea un motor de economía y genere empleo. Por eso este proyecto persigue a los criminales, pero da mejores herramientas para la formalización minera”.
La formalización minera está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y, entre otras cosas, se busca mejorar el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). Según cifras de la Agencia Nacional Minera, cuando se creó el Rucom había inscritos 4.000 barequeros y ahora ese número sobrepasa los 120.000. De estos, por lo menos 117.000 trabajan en la extracción de metales preciosos.
Aprovechando el avance del proyecto en el Senado, los congresistas Sergio Díaz-Granados (representante) y Andrés García (senador) presentaron una iniciativa contemplando que la maquinaria decomisada por actividades ilícitas como minería ilegal debe ser destinada a los municipios de baja categoría y a comunidades campesinas.
Con todo, lo que se busca es acabar con una actividad que genera amplios daños ambientales, además de ser utilizada para financiar organizaciones armadas, pero sin desconocer que la minería tiene facetas y matices sociales a lo largo de todo el territorio.
