En marzo de 2016, asume la nueva gestión en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a partir de la cual se instrumentan auditorías integrales en distintas áreas de la compañía, a cargo de Deloitte Argentina. Como resultado de dichos relevamientos, se toma conocimiento de inconsistencias en áreas específicas. Realizados los procesos correspondientes, sus conclusiones arrojan la sospecha de la existencia de algunas operaciones de venta irregular de lingotes de oro y operaciones de compra de insumos con sobreprecio.
El 30 de noviembre de 2016, concluidos todos los procedimientos internos y por expresa resolución del Directorio de YMAD, se realiza una denuncia formal ante la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Oficina Anticorrupción) dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. El objeto de la denuncia es la presentación de las pruebas obtenidas en las auditorias, solicitándose se investiguen los hechos denunciados, los que podrían configurar actos de administración fraudulenta en los términos de artículos 173 inc. 7 y 174, inc. 5 del Código Penal de la República Argentina.
Analizados los hechos y las pruebas denunciados por YMAD, el 26 de diciembre de 2016 la Oficina Anticorrupción radica inmediata y formalmente la denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. La causa tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 4, con la intervención del Fiscal Federal Gerardo Policita.
El 15 de febrero de este año, YMAD ratifica denuncia en el Juzgado y el 4 de mayo, solicita ser tenida por querellante. El 15 de mayo, el Juzgado interviniente acepta lo solicitado y ordena que YMAD sea tenida por querellante.
YMAD ha procedido a implementar estrictas políticas de ética y transparencia dentro de sus procedimientos internos, los que desde entonces se encuentran vigentes y exigibles. Se han incluido expresas clausulas anticorrupción con los más altos estándares internacionales, que se aplican a empleados, proveedores, contratistas y clientes. Asimismo, YMAD ha convocado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar periódicos y concretos actos de auditoria, que prefiguren un control efectivo respecto del cumplimiento estricto de la legislación aplicable. YMAD está comprometida con la ley, la transparencia y la ética, en todos y cada uno de sus actos, instrumentando políticas que pervivan más allá de la presente gestión.
Siendo la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Oficina Anticorrupción) a cargo de la Dra. Laura Alonso y dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación quien ha formalizado la denuncia penal correspondiente, quedan en dicha dependencia las consultas respecto de los fundamentos, hechos y pruebas aportados, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, a cargo del Dr. Sebastian Ramos, Secretaría Nro. 4, a cargo del Dr. Esteban Murano, Fiscalía Federal a cargo del Dr. Gerardo Policita, cualquiera de las novedades que dicho Tribunal o Fiscalía provean.
Se allanaron varias cajas de seguridad y encontraron dólares, euros y hasta lingotes de distintos pesajes.
La Justicia federal se encuentra investigando a distintos exfuncionarios de la empresa interestadual Ymad (Yacimiento Minero de Agua de Dionisio), entre ellos, a quien ejerciera como titular de la firma, Manuel Benítez -quien tuvo fuertes nexos con un reconocido empresario de la provincia-.
Así se desprende de un informe realizado por TN (Todo Noticias) bajo el título de "La mafia del oro K: investigan a exfuncionarios por la venta de lingotes”.
La publicación periodística rescata una auditoría del 2016 por la cual se evidenció que en los últimos años creció abruptamente el volumen de venta.
En este orden, de 12,5 kilos (en el 2008) escaló a unos 1155,25 kilos en lingotes de oro para el 2015.
Además, según la propia auditoría "el 80 por ciento de las ventas de oro de los últimos años se concentró siempre en las mismas empresas, un total de diez”.
Entre las irregularidades detectadas se apunta a licitaciones, la falta de documentación respaldatoria de las empresas (muchas de las cuales no podían justificar por su condición económica la compra de lingotes), violación de confidencialidad en las ventas y desfasajes entre las fechas de adjudicación y propuesta a las firmas.
La auditoría (realizada por la firma Deloitte) analizó 142 expedientes de venta de oro por un total de $808.719.545 entre el 2014 y 2016.
No sólo surgió el monto sino que también intervinieron las mismas empresas que, además, están vinculadas entre sí.
Según explica TN, muchas de ellas son cerealeras o ganaderas. Además, remarca que "una gran cantidad carece de capacidad económica para justificar la compra de lingotes de oro”. Para el caso, menciona a "Siembra y Comercialización de Granos SRL”, que según trascendidos publicados por TN, "estaría vinculada a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez”.
Otra cantidad de empresas "son cuevas financieras o empresas fantasmas y que ahora fueron puestas bajo la mira por presunto lavado de dinero”.
En las irregularidades surgió el pago de sobreprecios a importadores de cianuro de sodio.
En 2015 se pagó unos 2.127.203 de dólares. A la vez, era concedida la licitación a importar a las mismas empresas: Logischem (u$s562.392), Heat Sales S.A (u$s 503.829) y Volpor S.A (u$s 1.300.456,60).
"Lo llamativo es que las tres tienen vinculaciones entre sí”, dice la publicación.
El medio señala que los investigados son Benítez, Juan Iraizoz (contador y exasesor), Irene Castro (exgerenta financiera, Leandro Posada (exencargado de ventas), Juan Etcheverry (extesorero) y Santiago Alexis Sisto (exjefe de compras).
El juez federal Sebastián Ramos ordenó distintos allanamientos en varias cajas de seguridad de distintos bancos, así como en los domicilios particulares de los imputados.
Encontraron que Benítez "tenía una caja de seguridad que comparte con su esposa Mónica Cecilia Touris con u$s 101.450”.
Por su parte, Iráizos "tenía dos cajas de seguridad en el Santander Río con 626.190 dólares y 2.400 euros” y "dos cajas de seguridad en el Banco Francés con 1.650 dólares y otra vacía”.
"La División Fraude Bancario de Policía Federal fue después del primer allanamiento y ya no encontró nada”, se acotó.
Castro tenía dos cajas de seguridad en el BN con 27.075 euros y 327.866 dólares; sumado a dos lingotes de oro de 250 gramos, otros cuatro de 50 gramos y uno de 100 gramos; también distintas joyas.
A Echeverry se le encontró una caja de seguridad en el Banco Francés con 409.400 dólares. Increíblemente cuando se le allanó otra caja de seguridad en el Banco Galicia, sólo se le encontró un billete de un dólar y se constató que había ido en dos ocasiones previamente.
A través de un comunicado oficial, Ymad da cuenta que se solicitó la investigación de la exadministración a la Oficina Anticorrupción dependiente del ministerio de Justicia de la Nación.
"Ymad ha procedido a implementar estrictas políticas de ética y transparencia dentro de sus procedimientos internos”, indica el comunicado, agregando que convocó a la Sindicatura General de la Nación a realizar periódicos y concretos actos de auditoría.
EL ESQUIU
Tras hacerse de público conocimiento que la Justicia federal investiga a seis exfuncionarios de la empresa interestadual Ymad (Yacimiento Minero de Agua de Dionisio) por supuestas irregularidades en la venta de lingotes de oro, entre ellos, a quien ejerciera como titular de la firma, Manuel Benítez, desde la oposición provincial pedirán información.
Específicamente, el FCS-Cambiemos busca respuestas por parte del director en representación de Catamarca en Ymad, Ángel Mercado.
Así lo comunicó la presidenta de dicho bloque en la cámara baja, Marita Colombo. En diálogo con este medio, indicó que "le vamos a pedir a los directores de Ymad en representación de Catamarca -Ángel Mercado y Gilberto Santillán- que informen sobre las ventas de oro a empresas vinculadas a Lázaro Báez”.
A la vez, la diputada puntualizó: "En particular a Mercado”. La legisladora mencionó que se apunta al director por cuanto "el grueso de las ventas que se cuestionarían en la denuncia, corresponden al periodo comprendido para el 2014 y 2015”.
En este sentido, Colombo recordó que Santillán recién asumió en el transcurso del año pasado.
El cuestionamiento surgió por lo publicado en Todo Noticias. El medio realizó un informe sobre supuestas irregularidades en la venta de lingotes de oro durante la gestión anterior en Ymad.
A la vez, desde la empresa interestadual afirmaron que en el 2016, luego de que asuma la nueva gestión, se realizó la denuncia formal ante la secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Oficina Anticorrupción).
Así las cosas, se realizó una auditoría (por la firma Deloitte) la cual analizó 142 expedientes de venta de oro por un total de $808.719.545 entre el 2014 y 2016.
Según explicó el medio nacional, de la misma auditoría surgió que en las operatorias intervinieron "las mismas empresas que, además, están vinculadas entre sí”, muchas de ellas son cerealeras o ganaderas.
En este orden, se menciona a la empresa "Siembra y Comercialización de Granos SRL”, que según trascendidos publicados por TN, "estaría vinculada a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez”.
Otra de las irregularidades detectadas fue el pago de sobreprecios a importadores de cianuro de sodio.
Para el caso, sólo en el 2015 se pagaron unos 2.127.203 de dólares.
La curiosidad radica en que la licitación a importar era concedida a las mismas empresas: Logischem, Heat Sales S.A y Volpor S.A.
El diputado Luis Lobo Vergara (FCS-Cambiemos) se refirió al aumento que algunos ciudadanos percibieron en su facturación de energía y a que desde la empresa distribuidora de energía negaron incrementos en relación con el último cuadro que estuvo vigente.
Vergara primeramente explicó que la realización de la revisión integral a los cinco años no es facultativa de la empresa EC Sapem o del Enre, por cuanto "es una obligación contractual que deben cumplir en tiempo y forma las partes”.
En este orden, consideró que el Enre "no cumple con su cometido y protege a la empresa de Energía de los abusos en la gestión”, ya que consintió "una tarifa donde la empresa se apodera de más de 42 millones de pesos mensuales a los usuarios”.
Incluso, mencionó que actualmente "están cobrando más del 100% de aumento en la tarifa mediante este ilegal procedimiento”, interpretando que ese es el motivo que "no quieren hacer la revisión”.
Así las cosas, sostuvo que el gobierno "debe explicar y desacreditar los argumentos presentados por los legisladores del Frente Cívico y Social-Cambiemos”.
En tanto, evaluó que se tendrá que "convocar una Asociación de Usuarios Nacionales para que nos ayuden a defender los derechos de los usuarios”, por cuanto "deben explicar la razón por la que tenemos (casi) el cargo fijo más caro del país”.
"Tenemos la sensación que EC Sapem es la misma historia de las empresas estatales provinciales creadas por este gobierno, como Camyen y ahora Ymad, que son ejemplo de corrupción”, concluyó.
