Las concesionarias del Proyecto Especial Olmos, H2Olmos S.A. y Concesionaria Trasvase Olmos S.A., del cuestionado grupo brasileño Odebrecht, advierten que existen vacíos el decreto supremo 0003-2017, que frenan el proceso de transferencia de acciones a las compañías Brookfield Infrastructure y Suez. Vale recordar que el Consejo Regional de Lambayeque aprobó la operación a fines de mayo pasado.
Mediante un comunicado de prensa, las concesionarias indicaron que esperan que se establezcan precisiones sobre “los montos, porcentajes y el destino final de la operación”.
Como lo establecer el DS003-2017, tras la aprobación de la transferencia, el trámite prosigue a cargo del Ministerio de Justicia (MINJUS). El MINJUS debe realizar o celebrar los actos y contratos necesarios para la creación de un fideicomiso para recaudar y servir el pago de las reparaciones civiles que correspondan al Estado por parte de las empresas “que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de delitos contra la administración pública o de lavado de activos”. Representantes del grupo brasilero Odebrecht han confesado que pagaron coimas a funcionarios en Sudamérica, incluido el Perú, a fin de acceder a obra pública.
Según las concesionarias, además del fideicomiso, la Procuraduría debe establecer el monto de retención por la transferencia de acciones de las Concesionarias CTO y H2Olmos. “Sin embargo, existirían algunos vacíos en los lineamientos del DU 003-2017 que dificultan iniciar el procedimiento y no generan garantías a los nuevos compradores”, sostienen las concesionarias en el comunicado.
Otra parte del dinero se retendrá en el fideicomiso “por el tiempo que duren las investigaciones contra la organización Odebrecht”, apuntan.
“Como se sabe un monto de la transferencia de acciones irá a un fideicomiso del Banco de la Nación por el tiempo que duren las investigaciones contra la organización Odebrecht, aunque no necesariamente por un tema del Proyecto Olmos”, alegan.
Por otro lado, indicaron que las concesionarias requieren efectuar inversiones adicionales para la rehabilitación de los daños producidos por los efectos de El Niño Costero. Las inversiones estarían destinadas al incremento de personal, equipos y maquinaria, dijeron.
El DS 003-2017, que asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la prestación de Servicios Públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, fue publicado por el gobierno el pasado 11 de febrero.
