El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, aseguró que continuará batallando en la Justicia para impedir que se apliquen los "aumentos de entre 80% y 100%" a las tarifas eléctricas en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Lorenzino dijo que la Provincia determinó un cuadro de actualización tarifaria que la Defensoría intentó sin éxito modificar en la audiencia pública y en reuniones extraoficiales, por lo que fue a la Justicia donde obtuvo finalmente la suspensión.
El juez en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata Luis Federico Arias volvió a ponerle freno al aumento de la tarifa de luz al hacer lugar la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense.
La medida fue dispuesta el viernes por el juez administrativo Luis Arias, el mismo que había dictado la pre cautelar que había frenado por primera vez el incremento.
A esa medida la Cámara de ese fuero dejó sin efecto, tras lo cual, ahora, Arias dictó una cautelar por lo que los aumentos quedaron nuevamente suspendidos.
Se trata de una decisión que exige se dé marcha atrás con la resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que convalidó los aumentos.
De esta forma, deberán retrotraerse los valores del servicio eléctrico que cobran EDELAP, EDEN, EDES y EDEA, y los valores del cuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur.
El Defensor dijo que también irá a la Cámara Federal a intentar frenar los aumentos que se dieron en las jurisdicciones de Edenor y Edesur porque estos "no guardaron relación" con lo que fueron los ingresos de los usuarios, que perdieron frente a la inflación en 2016 y en lo que va de 2017.
Lorenzino dijo que no son el juez ni el Defensor del Pueblo quienes deben definir los cuadros tarifarios de los servicios públicos sino el Gobierno que eligió la gente a través del sufragio.
"Lamentablemente este gobierno decidió dar aumentos del 120 por ciento a empresas como Edelap cuando la propia compañía pidió un incremento del 50 por ciento", dijo el Defensor del Pueblo bonaerense en declaraciones al canal de noticias C5N.
Indicó en ese sentido Lorenzino que "es la primera vez en la historia" en la que una empresa privada concesionaria de un servicio público obtiene más aumento de tarifas de la que pretende para asegurar la calidad del servicio e invertir.
"Estamos frente a un gobierno que tiene una mirada de favorecer a las empresas. Entonces es muy difícil. Por eso esta pelea: el Estado, que debería regular la relación entre los poderosos y los que menos tienen, ya tomó una posición", dijo Lorenzino.
El Defensor del Pueblo indicó que el cuadro tarifario definido por la administración de María Eugenia Vidal, que ahora está suspendido, contempla aumentos de entre 80 y 100 por ciento para los usuarios de la energía eléctrica.
"Se definieron esos aumentos mientras en la provincia de Buenos Aires las paritarias no superan el 20 por ciento. No hay una relación", dijo Lorenzino al ratificar que la Defensoría continuará batallando para impedir que se apliquen los incrementos.
La medida fue anticipada por el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. La suspensión será para los usuarios del Gran La Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires.
La Justicia Contenciosa Administrativa de esta capital volvió hoy a suspender la aplicación del aumento en la tarifa de electricidad para los usuarios del Gran La Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires, porque la suba no fue en promedio del 58 por ciento tal como se informó en la audiencia pública.
La resolución fue dispuesta por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, Luis Arias, el mismo magistrado que hace aproximadamente un mes frenó la suba aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense los primeros días de mayo. El defensor del pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, anunció la decisión judicial en su cuenta de Twitter.
De esta manera las concesionarias EDELAP (La Plata y región), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia) y las más de 80 cooperativas del interior, volvieron a quedar inhabilitadas para aplicar el nuevo cuadro tarifario.
En su fallo, al que accedió DyN, Arias destacó “graves irregularidades” sobre la propuesta de incremento que se informó en las dos audiencias públicas que se realizaron en diciembre en La Plata y Olavarría, y la que finalmente se aplicó.
“La propuesta de aumento para la tarifa final de los usuarios residenciales fue: EDELAP 38%; EDEA 33%; EDEN 65%; y EDES 75%; mientras que las tarifas de usuarios residenciales que finalmente fueron aprobadas ascienden a: EDELAP 125%; EDEA 55%; EDEN 75%; y EDES 85%”, indica la resolución.
Para Arias, “dichas proporciones contrastan ostensiblemente con los niveles inflacionarios reportados por el INDEC y los incrementos salariales o de haberes jubilatorios de la población en general, que se hallan alrededor del 18 al 20 por ciento y que son de público y notorio conocimiento”.
“Por consiguiente, en esta etapa inicial del proceso deviene hábil el cuestionamiento de la razonabilidad de la tarifa, que supeditara la protección de los intereses económicos del usuario al retorno o ganancia esperada por las empresas concesionarias”, agregó.
El nuevamente suspendido cuadro tarifario, que además incluye otra suba para fin de año, se publicó el 9 de mayo en el Boletín Oficial mediante la resolución N°419 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y que comenzó a regir al día siguiente.
Sin embargo, el 19 de mayo todo fue suspendido por la resolución de Arias, quien dictó una medida precautelar al hacer lugar parcialmente a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense y otras asociaciones defensoras de los derechos de los consumidores.
Pero el efecto del primer fallo de Arias fue modificado el viernes pasado cuando llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de esta capital.
Ese tribunal le otorgó “efecto suspensivo” hasta resolver sobre la cuestión de fondo del incremento en el servicio de luz, lo que reactivó el cobro del aumento.
No obstante, ahora surgió por otro carril una nueva cautelar que le puso freno al nuevo cuadro tarifario, por lo que el conflicto judicial por el incremento en la luz sumó un nuevo expediente que seguramente en los próximos días apelará el Estado.
Lo investigan por Panamá Papers, le frenaron los tarifazos en los servicios y hasta le manejaron el operativo de seguridad cuando Cristina fue a Tribunales.
El lo resume en dos palabras: "Justicia Legítima". Según Mauricio Macri, esa agrupación es la usina de las malas noticias judicialesque frenan algunas acciones clave de su Gobierno y que lo complican a él personalmente con algunas investigaciones. Aunque cuando tiene que condensar con nombre y apellido a esa banda de "enemigos políticos", no menciona a su líder formal, María Laura Garrigós, sino a Alejandra Gils Carbó.
La procuradora, sin dudas, encabezaría la lista de jueces y fiscales que se convirtieron en una pesadilla para el macrismo. Como contó Clarín el fin de semana, el presidente está obsesionado con su desplazamiento. Por las buenas, "como Oyarbide" (renuncia voluntaria), o por las malas, con juicio político y Elisa Carrió de ariete.
Macri ve la sombra de Gils Carbó detrás de cualquier situación judicial que lo incomode. Y son varias. Aunque se pueden dividir en dos grupos: las que afectaron la gestión, en particular el freno al tarifazo del gas; y las que lo conmovieron en lo personal, como la denuncia por los Panamá Papers.
En Tribunales advierten sobre cierta contradicción en este embate presidencial. Los tres jueces de La Plata que trabaron la suba del gas en todo el país y los magistrados federales que el oficialismo sueña con el mismo futuro que Oyarbide (Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral, Eduardo Freiler, entre otros) no pertenecen a Justicia Legítima.
Uno por uno, este es el listado de los jueces y fiscales que se convirtieron en una pesadilla para el macrismo. En la Nación, la Provincia y la Ciudad, con el reciente freno a la suba del Subte.
Procuradora Alejandra Gils Carbó
BS01. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 31/05/2016.- Fotografía cedida hoy, martes 31 de mayo de 2016, por la Procuraduría General de la Nación de Argentina, de la procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó durante un encuentro de procuradores y fiscales generales de Iberoamérica en Buenos Aires (Argentina), con el objetivo de debatir y analizar el impacto del narcotráfico en sus países. buenos aires alejandra gils carbo procuradora general de la nacion encuentro con procuradores y fiscales de iberoamerica
Caso curioso el de la procuradora de la Nación. Cuando debió votarla el Senado, la comparación con el candidato anterior Daniel Reposo, de currículum impresentable y defensa pública aún más lastimosa, Gils Carbó fue elogiada por su preparación técnica y teórica. Tuvo mimos en particular de la oposición radical. El ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido llegó a calificarla como "un lujo. La banco".
Pero las decisiones que fue tomando (y las que no) desde fines de 2012, cuando asumió, la ubicaron en la vereda de enfrente. Y aunque su cargo no tiene fecha de vencimiento, el Gobierno la puso otra vez en el medio del blanco para bajarla.
La embestida ya tiene formato legislativo: buscarán aprobar un proyecto para acotar sus funciones, aunque el objetivo de fondo es que lo interprete como una señal para dar un paso de modo voluntario. Hasta ahora, la procuradora, si bien bajó el perfil en la pelea, no dio señales de salida.
Jueces César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin
Son los que provocaron, hasta ahora, la mayor traba a la gestión del Presidente. El 7 de julio, mientras se acumulaban fallos locales en media docena de provincias en particular contra la suba del gas, los integrantes de la Cámara Federal de La Plata firmaron una resolución con alcance nacional. Aún hoy, el Gobierno está intentando destrabarla.
Enseguida, empezaron las versiones y especulaciones sobre la vinculación de estos magistrados con Justicia Legítima. No hay registros que así sea. La titular de ese grupo, incluso, lo puso en palabras: Garrigós dijo que ninguno integra la agrupación, "aunque les gustaría".
Cuando el periodista Joaquín Morales Solá, de La Nación, le marcó esta no filiación política del trío, el Presidente lo aceptó a disgusto pero remarcó que los cuestiona "por otras razones".
Fiscal Federico Delgado
El fiscal Federico Delgado ingresando a Tribunales en abril pasado.
En Tribunales tiene fama de "independiente" y "descontracturado". Capaz de recibir en bermudas a un periodista en su despacho, en abril fue fotografiado entrando a Tribunales en bicicleta. El fiscal tiene, entre otras, la causa contra José López por enriquecimiento ilícito, que data de 2008, pero la falta de avances en este caso fue atribuida más al juez Daniel Rafecas que a él.
Pero Macri también lo puso en la mira, desde que le "cayó" la denuncia por el caso de Panamá Papers, las empresas off shore en las que figuraba Macri en paraísos fiscales y no habían sido declaradas como funcionario.
En privado, el presidente llegó a calificar a Delgado como "un loquito". Macri se enfureció porque el fiscal lo imputó y requirió información no sólo del mandatario sino también de familiares y allegados. Según el Presidente, el único que debe dar explicaciones (cuándo no) es su padre, Franco.
Juez Alejandro Slokar
Alejandro Slokar, de la Cámara de Casación Alejandro Slokar Camara de Casacion
Integrante de Justicia Legítima y presidente de Cámara de Casación Penal (máxima autoridad en ese fuero), fue el responsable del operativo de seguridad en las instalaciones de Comodoro Py 2002 cuando Cristina Kirchner hizo su debut como indagada.
Dos hechos lo dejaron en medio de la polémica: la agresión a una periodista y el trajinar de militantes K dentro del edificio cuando la ex Presidenta debió entrar a declarar. Incluso, se vio colgada del edificio una bandera que simbolizó cómo funcionó el (des)control.
El juez (de los judiciales K, el que más alto llegó) salió a defenderse y negó que hubiera zona liberada por La Cámpora. Las imágenes, en foto y video, no lo dejaron bien parado.
Jueza Elena Liberatori
La jueza Liberatori, en 2010, cuando el Gobierno de Macri buscaba desplazarla junto a su colega Gallardo.
Desde hace años, forma parte del grupo de jueces porteños que atormenta al ejecutivo local. En esa puja, no hay distinción política. A este puñado de magistrados (el más recordado es Roberto Gallardo) lo "sufrieron" tanto el progresista Aníbal Ibarra como el empresario Mauricio Macri cuando fueron jefes de Gobierno.Ahora le tocó a Horacio Rodríguez Larreta.
Días atrás, Liberatori frenó la suba del subte. Pese a que se había hecho una audiencia pública, la jueza adujo que no estaba claro por qué se aumentaba la tarifa de 4,50 a 7,50.
Juez Luis Arias
El juez Arias, de La Plata, en 2013.
Habían pasado apenas 20 días del recambio de Gobierno y este magistrado de La Plata alcanzó notoriedad en los medios cuandoquiso frenar una medida sensible de la nueva gestión. A horas de que había salido el decreto, le ordenó al Gobierno nacional que se abstenga de realizar modificaciones en la AFSCA, el organismo que usó el kirchnerismo para controlar y disciplinar a los medios. En ese final de año, allí seguía todavía el cuestionado Martín Sabbatella.
Más acá en el tiempo Arias le ordenó a la Provincia retrotraer el precios en las tarifas y salió a decir que la gente no debía pagar las boletas o reclamar la devolución de la plata. Piedra para María Eugenia Vidal.
No era la primera vez que el juez incomodaba al Ejecutivo bonaerense. Cuando ocurrió la terrible inundación en la capital provincial, el magistrado tomó una causa y cuestionó la cifra oficial de muertos que daba el gobernador Daniel Scioli. ¿Era entonces un juez anti K? No, se lo consideró más bien un ultra K, anti sciolista. Incluso, el año pasado corrió una versión de que Gabriel Mariotto (vicegobernador y su padrino político) lo quería como candidato en alguna lista.
Un párrafo aparte y final para tres jueces hombres de la Corte. El actual presidente, Ricardo Lorenzetti; Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, el veterano magistrado que dejó su lugar el 10 de diciembre. ¿Por qué este trío también puede ser considerado una pesadilla para Macri? Dos días después de que el líder del PRO le ganara el balotaje a Scioli, estos jueces de la Corte firmaron elfallo que le reconoció una deuda millonaria por la coparticipación a tres provincias (Córdoba, San Luis y Santa Fe). Y le dejó un bombazo fiscal de bienvenida.
Fayt, Highton, Lorenzetti y Maqueda, el 15 de diciembre pasado. El primero dejaba de ser juez de la Corte.
Así, aún antes de que asumiera el nuevo Gobierno, abrió una compuerta para una transferencia multi millonaria de fondos de la Nación a las provincias, que recién ahora, con la ley ómnibus que incluye jubilados y blanqueo, empieza a cerrarse. Sólo este año, desde la Rosada dejará de descontar más de 12.000 millones a las provincias por este tema.
