Lejos de terminar está la polémica entre Codelco y la Contraloría General de la República a raíz de dos dictámenes y un informe de auditoría que, a juicio de la estatal, afectan su quehacer como empresa minera. Mañana lunes, a las 18:30 horas, se realizará la junta extraordinaria de accionistas de la compañía, donde concurren el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la titular de Minería, Aurora Williams, como delegados de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
En la cita se debatirá con qué estrategia legal se abordará este conflicto. Y entre las cifras que sustentarán las decisiones están los montos de los contratos por asignación directa y licitaciones privadas, ambas puestas en cuestión por Contraloría, que insta a preferir las licitaciones públicas al momento de adjudicar contratos.
De acuerdo a cifras a las que tuvo acceso “El Mercurio”, Codelco ha ido optando con los años por los procesos públicos, aunque llama la atención la reducción sustantiva de todo tipo de licitaciones, que, según ejecutivos de la estatal, se debe al deprimido ciclo del cobre, que los obligó a gastar menos.
En 2011, la totalidad de los contratos ascendía a US$ 9.227 millones y en 2016 era de US$ 5.481 millones. Hasta abril de 2017, la cifra llegaba a US$ 1.323 millones, y se espera que este ítem de gastos este año sea muy similar al ejercicio anterior.
En cuanto a cómo se reparte esta torta, la última cifra disponible, a abril de 2017, indica que hoy la licitación pública es el sistema mediante el cual más contratos se adjudican en Codelco, con 47% del total. La licitación privada representa el 45,5% y la asignación directa, un 1,8%.
Estas cifras contrastan con el pasado de la corporación. En 2016, la licitación privada seguía siendo el principal mecanismo para asignar contratos en Codelco, pero bastante más bajo que cinco años atrás, con el 56,3% del total, mientras que el 36% se distribuía mediante concurso público.
En 2011, el 68,4% del total de contratos se asignaba mediante licitación privada; un 22,7% mediante concurso público y el 5,9% por asignación directa. También había un 2,7% que correspondía a un proveedor único (US$ 248 millones en contratos).
EN TODO CASO, La caída en el precio del cobre hizo que en su totalidad los montos de los contratos disminuyeran drásticamente. En 2011, la totalidad de los contratos ascendía a US$ 9.227 millones y en 2016 era de US$ 5.481 millones.