Luego de la negativa este domingo de los habitantes de Cumaral (Meta), tras la consulta popular en la cual les preguntaban si estaban de acuerdo con las actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos en su territorio, varias son las zonas del país donde las empresas de estos sectores permanecen en vilo.
Hay 44 municipios del país, donde la continuidad de los proyectos se definiría a través de las urnas, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional sentenció que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.
Así lo hizo Cumaral, donde 7.475 votantes dijeron no a la exploración, mientras que el sí solo tuvo 183 votos.
De los municipios que tienen intención de realizar consultas populares, 25 buscan avalar proyectos mineros; 16, proyectos petroleros, y tres, de generación de energía.
Las consultas populares que estarían más próximas serían las de Pijao (Quindío), El Paujil (Caquetá) y Marmato (Caldas). En estas tres poblaciones ya hay un proceso de recolección de firmas, lo que indica que la situación sería similar a la ocurrida en febrero pasado en el municipio de Cabrera (Cundinamarca), donde estaba en camino un proyecto para crear ocho minicentrales sobre 50 kilómetros del río Sumapaz, que pretendía adelantar Emgesa.
A esa negativa en Cundinamarca se sumó la de los habitantes de Cajamarca (Tolima), donde la población dijo no al proyecto minero de La Colosa.
El veto a la minería por parte de los entes territoriales es una medida que ha despertado una fuerte controversia.
El primer preocupado ha sido el Ministerio de Minas. Germán Arce, ministro de esa cartera, quien ha alegado que es la Nación y no las regiones el responsable del manejo de los recursos naturales del subsuelo. En consecuencia, una consulta no tendría la capacidad de cambiar la ley.
A su vez, la Procuraduría General, en el pasado, también había expresado su preocupación, sobre todo porque las consultas populares amenazan con generalizarse.
El alegato de los inversionistas en este tipo de proyectos, por la inestabilidad jurídica que reina en el país, llevó al Gobierno a comprometerse con una reglamentación de las consultas previas, para evitar que frenen los proyectos minero-energéticos.
Por lo tanto, está en camino un proyecto de ley que tramitará el Ministerio del Interior, cuyo paso por el Congreso no será fácil, toda vez que hay opiniones diversas.
Algunas aplauden la idea de que el pueblo tenga voz y voto en el tema, mientras que hay seguidores de la decisión de la Corte, puesto que la ven como una herramienta para la protección medioambiental. No obstante, el tema grueso, que requiere que la reglamentación jurídica sea rápida, es el efecto sobre los ingresos fiscales del país, que, de parte de este sector de la economía, han sido locomotora del desarrollo del país.
ELENORIS RESTREPO DE MARTÍNEZ
Está de moda en muchos municipios de Colombia el tema de las consultas para prohibir la minería en sus territorios y vale la pena reconocer, como dicen los expertos, que minería no se puede hacer en cualquier lugar. ¿Pero y los ingresos para todos los temas sociales que? De dónde debe salir la plata para la educación gratuita y las alzas de los salarios de los maestros, para la salud, para los temas de posconflicto, la de las viviendas gratis, etc., etc. Es indiscutible el efecto que podría tener la minería sobre los ingresos del país.
Basta con ver en nuestra región, Perú y Chile derivan un porcentaje enorme de sus recursos fiscales de este tema, Venezuela, cuando era mejor administrada derivaba su comodidad de los ingresos mineros: petróleo, aluminio, hierro, etc.
Hoy hay municipios en Colombia que prohiben la minería, pero quieren vías pavimentadas con agregados producidos por la minería, con asfalto, derivado del petróleo, viviendas, escuelas y hospitales hechos con cemento, acero, ladrillos, tejas, revoques, y pinturas, productos todos cuyo origen es la explotación de minerales. Fertilizan sus suelos para la agricultura con cales y abonos de origen mineral. Es un completo contrasentido. ¿Qué pretenden, que en el municipio de ellos no se exploten, pero en los vecinos sí? ¿Debería cobrarse en estos municipios un recargo adicional a productos derivados de la minería extraídos en otras regiones? ¿Deben recibir transferencias?
La minería debe hacerse con altísimos estándares internacionales, en temas de protección de las aguas, del aire, debe haber compromisos de restauración de suelos, etc. Pero existiendo los recursos minerales y en un país en el cual la autoridad no brilla por su presencia, se convierten en la fuente de ingresos de las organizaciones clandestinas como las bacrim y las mismas Farc. Controlar una empresa minera 100 % legal es fácil, hoy en el mundo existe por ejemplo minería de oro 100 % libre de mercurio, pero aquí no hemos sido capaces de controlarlo.
En el caso específico del municipio de Belén de Bajirá, donde hoy se discute su pertenencia a un departamento u otro, para algunos con ingredientes políticos y para otros con perspectivas económicas. “Más allá de esa disputa, lo que sí es claro es que el territorio posee cultivos de palma aceitera y grandes expectativas de tener potencial en recursos minerales como oro, níquel, cobre, platinoides, carbón y petróleo”.
Aunque el profesor Oswaldo Ordoñez opina que cualquier proyecto minero de desarrollo en esa zona sería inviable porque es una región selvática y posee una infraestructura nula para hacer inversión por parte de grandes empresas. Para los conocedores del tema el único que realmente ha invertido en Belén de Bajirá es Antioquia.
En publicaciones de Internet, destacan que Colombia posee importantes recursos geológicos, los que hacen posible la explotación de una amplia variedad de productos mineros de importancia económica, como carbón, metales y piedras preciosas, oro, plata, platino y esmeraldas, que son reconocidas en todo el mundo por su calidad y belleza. Minerales metálicos y no metálicos: sal terrestre, sal marina, gravas, arenas, arcilla, caliza, azufre, barita, bentonita, feldespato, fluorita, asbesto, magnesita, talco, yeso, roca fosfórica y rocas ornamentales.
De acuerdo con publicaciones recientes, la actividad minera en Colombia es realizada en su mayoría por el sector privado y en su desarrollo ha incidido en gran medida la participación de importantes inversionistas extranjeros de EE. UU., Reino Unido y México. Así mismo, el país ha llamado la atención de compañías de Canadá, Sudáfrica y Brasil, entre otras.
