Según Cochilco el promedio nacional sólo llega al 50%. En la región hay iniciativas de inversión por US$19.780 esperando aprobación ambiental.
El 76% de los proyectos mineros ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la Región de Antofagasta terminan aprobados. Así lo reveló un estudio presentado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que hizo un detallado análisis de las iniciativas de inversión que entraron a tramitación entre 2011 y 2016.
Entre los principales hallazgos de la investigación se encuentra que la mitad de los proyectos ingresados a nivel nacional durante el período de estudio son aprobados, 2% rechazados, 19% no son admitidos a tramitación por faltarle información mínima y un 16% son desistidos de su evaluación por el titular del proyecto.
Asimismo, el 6% de las iniciativas no son calificadas por haberse presentado mediante el informe equivocado, y un 7% están aún en calificación.
Los proyectos rechazados corresponden a ocho, de los cuales sólo tres fueron rechazados por razones ambientales, mientras los demás por falta de información para su evaluación.
De estos tres últimos, dos corresponden a la Región de Antofagasta: Prospección Minera Pampa Unión, ubicado en la comuna de Sierra Gorda y Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado en San Pedro de Atacama.
Como era de esperarse, las regiones que más proyectos mineros presentan son Atacama, Antofagasta, Coquimbo y Tarapacá. De éstas, Antofagasta es donde más proyectos se aprueban (76%) y Coquimbo donde menos (33%).
Sin embargo, pese a que Atacama recibió una mayor cantidad de iniciativas que Antofagasta (157 y 104, respectivamente), el monto que significan en la Región de Atacama (US$17.700 millones) es significativamente menor que en Antofagasta (US$23.700 millones), lo que ratifica el histórico liderazgo de la región en materia de inversión minera.
Finalmente, en lo que respecta a la participación de los servicios, el estudio de Cochilco revela que entre 2011 y 2016 se presentaron 104 proyectos en la Región de Antofagasta y en 92 de ellos estas reparticiones se pudieron pronunciar.
Los servicios que más participación tuvieron en las tramitaciones ambientales fueron la Dirección General de Aguas (DGA), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernageomin, Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Seremi de Salud.
Asimismo, los que más observaciones en primera instancia (previo a las Adendas) realizaron fueron la Seremi de Salud, DGA, Seremi de Medio Ambiente y SAG.
Uno de los aspectos más relevantes -y que más queja provoca en los titulares de las iniciativas de inversión- es el tiempo de tramitación de los proyectos.
En esa línea, la investigación de Cochilco revela que “desde que entró en vigencia el DS 40, se ha visto una disminución general, tanto del número promedio de Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARAs) por proyecto, de 2,3 a 1,9 entre los proyectos aprobados, como del número de días de permanencia en el sistema, de 323 a 270 en promedio entre proyectos aprobados”, detalla la repartición de gobierno.
Antofagasta, tanto para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) como para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presenta cifras bajo la media, alcanzando los 500 y 240 días respectivamente.
La región donde más demora una DIA es Valparaíso (410 días aproximadamente), mientras el EIA que más tiempo permanece en el sistema es en Coquimbo que llega a los 1.000 días.
Con todo, los tiempos de tramitación son -según los expertos- una de las razones por las cuales la inversión sectorial se mantiene estancada y por la cual los inversionistas están prefiriendo otros países, como por ejemplo, Perú.
“En Chile, la rigurosidad y en especial los plazos asociados a la gestión de los permisos, han mermado la factibilidad de los proyectos en ciernes, cuyas operaciones se ven cada vez más postergadas en su inicio, con los consecuentes costos relativos”, aseguró Roberto Briceño, gerente de Ingeniería de DRS, firma nacional con fuerte presencia en Colombia y Perú.
En contraste -sostiene Briceño- “Perú posee aún costos inferiores (energéticos y remunerativos), y procesos de tramitación de permisos más ágiles, los cuales se remiten fundamentalmente a aspectos sociales, más que ambientales”.
Según el ejecutivo, la centralización de la gestión ambiental, junto con requerimientos cada vez más exigentes, redundan en que el proceso de relevamiento ambiental, y la identificación de medidas de mitigación y control sean cada vez más exigentes y detalladas.
“Si bien esto tiene un propósito eminentemente positivo -la preservación de nuestro entorno y el respeto por nuestro patrimonio cultural-, lamentablemente cae en procesos que no necesariamente se justifican en su duración”, concluyó.
Un análisis parecido es el que tienen los gremios mineros. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) aseguró a este Diario que uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la industria nacional es mejorar la regulación sectorial.
“Ese es un tema muy relevante y lamentablemente no ha habido avances. Necesitamos una regulación más competitiva en ámbitos como los reglamentos de seguridad y permisos ambientales, entre otros, sin perder los objetivos de sustentabilidad”, advirtió.
El gremio presentará este viernes el documento “Fundamentos y desafíos para el desarrollo minero”, el cual contiene una serie de propuestas para el desarrollo del sector y en el cual se abordará la tramitación ambiental de los proyectos. Diego, Hernández,, presidente, Sonami”
“Necesitamos una regulación más competitiva en ámbitos como los reglamentos de seguridad y permisos ambientales”. Roberto, Briceño,, Gte. Ingeniería DRS”
“La rigurosidad y los plazos asociados a la gestión de los permisos, han mermado la factibilidad de los proyectos en ciernes”.” 500 días demoran en promedio los proyectos mineros ingresados a tramitación ambiental en la Región de Antofagasta en ser aprobados.
US$23.700 millones suman las iniciativas de inversión minera presentadas entre 2001 y 2016 en la región de Antofagasta, de acuerdo al estudio presentado por Cochilco.
2 proyectos mineros fueron rechazados entre 2011 y 2016 en la Región de Antofagasta por razones ambientales: Prospección Minera Pampa Unión y Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratad
