Incomodidad ha generado al interior de la estatal Codelco el análisis de Contraloría General de la República (CGR) a los contratos firmados entre 2013 y 2015.
Esto, más que por el fondo, por la forma, ya que desde la administración que lidera Nelson Pizarro estiman que los parámetros bajo los cuales están siendo evaluados por Contraloría difieren de aquellos bajo los cuales la cuprífera se rige: la Ley de Sociedades Anónimas.
Al margen de la discrepancia -la que está en camino a ser resuelta en los tribunales de justicia-, la Contraloría está cuestionando 18 operaciones. Se trata de parte de la muestra no estadística del órgano, que representa 0,7% de los montos de los contratos firmados en dicho período, y los contratos entre partes relacionadas de la estatal.
En el análisis, hay más de una decena de transacciones entre empresas cuestionadas, ya sea por ser operaciones entre partes relacionadas o porque las asignaciones directas de las contrataciones no tienen justificación. Además, se divisan casos en que la ejecución de los contratos no se ajusta a lo establecido en los mismos
En el listado de empresas en cuestión destacan trece vinculadas con el personal de Codelco, que manejan gran cantidad de recursos por concepto de compras de bienes y servicios bajo la modalidad de “empresa relacionada”.
Son US$504 millones los que concentran dichas compañías, siendo lideradas por la firma de capitales canadiense Finning, que tiene sobre el 50% del total. Dicha empresa, que vende maquinaria prácticamente a la totalidad de las divisiones de la estatal, tenía en 2013 dentro de sus filas al hermano del gerente del proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente y al conviviente de un gestor de negocios de la Gerencia de Abastecimiento.
La segunda empresa que lidera el listado es Hatch, que tiene US$77,7 millones en contratos con la estatal, seguido por R&Q Ingeniería, que según las declaraciones tiene al menos siete personas relacionadas al interior de Codelco.
En el listado también aparecen las firmas B. Bosch y Wtreme Mining, con US$32 millones y US$29 millones en contratos, respectivamente, y Cosando Construcción y Montajes, con US$17 millones.
A la lista se suman otras empresas de consultoría, ingeniería y construcción como: CVC Ingeniería, Geovita, Arcadis Chile, y de servicios como Entel, la que tiene contratos con la estatal por unos US$1,9 millones en el período en cuestión.
Tras conocer lo anterior, expuesto en un preinforme de observaciones elaborado por Contraloría, desde la corporación decidieron tomar medidas al respecto. En concreto, el presidente del directorio, Óscar Landerretche, solicitó al Comité de Auditorías, Compensaciones y Ética instruir una auditoria interna para la revisión de los trece casos y evaluar la pertinencia de realizar una auditoria. Al mismo tiempo, el presidente ejecutivo Nelson Pizarro, instruyó a la vicepresidencia de productividad y costos -a cargo de José Robles-, para que a través de la gerencia de Tecnología de la Información, Telecomunicaciones y Automatización, se implante en la intranet de Codelco, una aplicación que permita a cada trabajador consultar si una empresa en particular es proveedora de la corporación.
Según el mismo documento, las empresas relacionadas manejan US$783 millones en contratos, que representan el 2,88% del total de los compromisos firmados entre 2013 y 2015. Sin embargo, las registradas en el sistema SAP, equivalen al 1,93%.
Las firmas bajo la lupa de Contraloría están siendo cuestionadas por la existencia de millonarios contratos, existiendo lazos de afinidad y consanguinidad de altos ejecutivos y directivos, los que no fueron informados a la Cámara de Diputados y a la Contraloría. Sin embargo, no son las únicas en análisis.
En la auditoria del ente contralor también se analiza una serie de asignaciones directas, por falta de justificación efectiva y documentada del procedimiento de la contratación bajo dicha modalidad.
En este lote de estudio aparece nuevamente la empresa Hatch por su adjudicación del contrato de ingeniería de detalle del proyecto Chuquicamata subterránea; un contrato con fundación Chile para el desarrollo, transferencia y asesoría en tecnología innovación; la contratación de la empresa Schwager y de la compañía Sistema Consultores Limitada. Esta última para el “análisis sistémico de variables políticas”, para un período de doce meses, en el que se desembolsó $33,6 millones.
“Las contrataciones celebradas con las empresas Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, Fundación Chile, Schwager Service y Sistema Consultores Limitada, mediante la asignación directa o trato directo, no contaban con los antecedentes que evidencien de manera efectiva y documentada la utilización de tal procedimiento, por lo que, en lo sucesivo, esa corporación deberá acreditar de manera suficiente cada una de las causales que justifiquen las contrataciones mediante esa modalidad, situación que será revisada en una futura fiscalización que realice este organismo de control”, indica el documento.
Cabe destacar que en el período analizado, la mayoría de las adquisiciones de bienes y servicios se realizó a través de licitaciones privadas (45,%) y asignación directa (19,35%). Asimismo, del total de contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,4% se realizó por asignación directa o trato directo.
Unas 621 denuncias recibió Codelco entre 2013 y septiembre de 2015 a través de sus canales telefónicos o de internet, indica la auditoría realizada por Contraloría revelada en mayo de este año.
Cabe recordar que la primera productora de cobre del mundo tiene un sistema habilitado para recibir denuncias, y cuyo link se encuentra en la página web de la corporación.
En los tres ejercicios en cuestión, el año en el que se recibieron más denuncias fue en 2013, con 249 acusaciones, seguido por 2014, con 217. En tanto en los primeros nueve meses de 2015 se recibieron 155 casos.
En el global, el mayor porcentaje se lo llevan acusaciones de violaciones a las políticas de la empresa, con un 22% -unas 141 denuncias-, seguido por conflictos de intereses (13%), falsificación de contratos, registros y reportes (8,7%), acoso laboral (8,2%) y corrupción (7,25%). El resto están vinculadas a situaciones laborales y de medio ambiente.
A abril de 2016, el 83% se habían cerrado -unos 516 casos-, y de ellas, en el 37% de los casos la evidencia encontrada no permitió comprobar la denuncia (ver gráfico), mientras que en un 18,9% se comprobó la acusación. En tanto, en un 17,64% no se investigó por la falta de antecedentes.
Respecto a las medidas adoptadas por Codelco respecto a las 98 denuncias investigadas y que concluyeron con observaciones, en cerca de 51% de los casos se mejoró el control interno y se aplicó una medida correctiva, mientras en un 20% de los casos se amonestó por escrito. A esto le siguen las amonestaciones verbales (17,35%), y sólo en once casos durante el período comprendido (11%), se procedió a la desvinculación de trabajadores.
Las cifras anteriormente descritas formaron parte de las indagaciones realizadas por el órgano que lidera Jorge Bermúdez, pero no fueron materia de objeción, sólo se expusieron en el análisis de manera referencial.
La corporación ha hecho público que no comparte las conclusiones de la auditoría. Debido a esto, poco después de informársele los resultados, interpuso un recursos de reposición, argumentando que se desconoce el marco legal aplicable a Codelco. Este último, se basa en la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, indicaron que su primer fiscalizador es Cochilco, salvo en situaciones excepcionales.
Como desde la corporación no ven un resultado beneficioso para dicho requerimiento, ya han anticipado que recurrirán a Tribunales con el objeto de resguardar el interés de la empresa, y clarificar su marco normativa.
Sin embargo, previo a ello, está previsto que llamen a una junta de accionistas para compartir con el controlador los pasos a seguir. Al cierre de esta edición, dicha cita no había sido fijada.
Los US$3 millones en gastos misceláneos en cuestión
“El análisis de una muestra de los gastos contenidos en la base de datos, determinaron desembolsos cuyos conceptos asociados no corresponderían al referido tipo de gasto, tales como compra de terrenos, de vestuario, actividades deportivas, mobiliarios, eventos…”. De esta manera se introduce a los gastos “misceláneos” cuestionados por Contraloría, los que alcanzan los US$2,94 millones.
En el desglose, se indica un ítem para la compra de terrenos para los pozos valle (US$1,217 millones, que corresponde a una sola compra); de celebraciones, para lo cual se desembolsan unos US$757 mil, gastos en deporte por US$662 mil, obsequios por US$128 mil y, entre otros, páginas de humor por US$31,9 mil.
Respecto a esto último, desde la estatal advirtieron que se trata el acumulado entre julio de 2013 hasta febrero de 2015, por más de 130 trabajos realizados por el dibujante, arquitecto y Premio Nacional del Humor, Hernán Vidal, más conocido por su seudónimo Hervi, para ser publicados en distintas plataformas de comunicaciones internas de Codelco.
En los gastos misceláneos también se incluyen desembolsos en ropa de trabajo y artículos electrónicos o de computación.
“Lo expuesto, además de incumplir la normativa interna de Codelco, no se aviene con los principios de control, eficiencia, eficacia y economicidad previstos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N°18.575”, indica el documento del contralor.
Tras conocer el informe preliminar, indicaron que revisarán las condiciones sistemáticas con las cuales opera el sistema de revisión y autorización de pagos misceláneos, con el fin de “robustecer los controles sobre la pertinencia de los gastos y el uso del canal misceláneo”.
Al tiempo que indicaron que reforzarán los controles y se perfeccionará la normativa interna para efectos de integrar en la definición de este tipo de gastos algunas categorías que actualmente no se encuentran expresamente mencionadas y que se han tratado como tales en la práctica.
En caso de huelga, 195 personas se mantendrán en funciones. Esto es menos del 5% de la dotación total. Cámara aprobó la creación de una comisión investigadora, en medio de la pugna Codelco-Contraloría.
La discusión de los servicios mínimos en caso de huelga, tras la entrada en vigencia de la reforma laboral, es transversal en distintas empresas que desarrollan actividades en el país, y Codelco Chile, la mayor empresa estatal, no es la excepción.
A comienzos de mayo, la empresa inició conversaciones con los sindicatos de El Teniente, división en la que tendrá que negociar con los supervisores en octubre. En esa instancia, aprovechó de discutir los servicios mínimos de la división con el resto de los sindicatos. El 23 de mayo se comenzó a cerrar el acuerdo, el que considera que El Teniente tendrá 195 trabajadores que cumplirán los deberes relacionados con servicios mínimos en caso que exista una huelga en la división. De ese total, 36 trabajadores corresponderán al rol “A” o supervisores, y 159 al rol “B”, que corresponden a los operarios de la empresa.
La cifra representa cerca del 4,3% de la dotación total de trabajadores propios de la cuprera, que totaliza 4.524 trabajadores, de los cuales 4.238 están sindicalizados, de acuerdo con las cifras que maneja la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). La negociación entre la empresa y los trabajadores se dividieron en cinco mesas correspondientes a los procesos que posee la División: mina, planta, fundición, servicios y rajo.
“A nosotros no nos extraña este acuerdo. Tradicionalmente, cuando tenemos movimientos de huelga o de paros, nosotros tenemos que poner gente de emergencia para que la empresa no se paralice”, dijo Hernán Garrido, presidente del sindicato N°5 de El Teniente.
Durante 2016, Codelco tuvo negociaciones con 12 sindicatos de trabajadores, que agruparon a cerca de 7.851 trabajadores. Estos procesos han estado marcados por cero reajuste de sueldos, además de una reducción considerables de los bonos de término de negociación. En diciembre del año pasado, seis sindicatos de Chuquicamata aprobaron la última oferta de la empresa, consistente en cero reajuste y un bono de término de negociación de $ 4,3 millones.
Comisión investigadora
En tanto, ayer la sala de la Cámara de Diputados resolvió, por 57 votos a favor y tres abstenciones, la creación de una comisión investigadora de Codelco.
Esta comisión se enfocará en recabar información sobre la adquisición de bienes y servicios por parte de Codelco a privados, y los contratos entre partes relacionadas. Además tiene como objetivo investigar la política de indemnizaciones de la minera estatal, tanto de ejecutivos como trabajadores, y que surge tras el dictamen de Contraloría de principios de mayo, que cuestiona el pago de una indemnización de $ 511 millones al ex director de la cuprera, Augusto González.
