DANIEL BOSQUE*
Llegó el gran día. En la Casa Rosada, a las 17, veinte gobernadores de las provincias argentinas y el presidente Mauricio Macri rubricarán el llamado Nuevo Acuerdo Federal Minero, un texto que sustituirá al entendimiento similar, de 1993, y que procura sentar bases para el futuro desarrollo del sector en el país.
Según explicaron fuentes del gobierno, el acuerdo supone un salto cualitativo como regulación del Estado para la "transparencia y modernización" de una actividad que tiene un notable potencial pero que aminoró su marcha a partir de las Axelnomics de 2011. Sin cepo ni retenciones, que el macrismo borró de un plumazo apenas asumió, el Consejo Federal Minero debatió en estos meses cinco ejes que rigen un pacto que hoy será firmado por los mandatarios: Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental, Cuestiones Institucionales y Normativas y el controvertido de Aspectos Económicos y Tributarios.
Juan José Aranguren y su secretario Daniel Meilán confían en que la foto estará casi completa. Sólo faltarán Chubut (cuyo gobernador Mario Das Neves hoy devenido en opositor inflexible a la minería), La Pampa (Carlos Verna y una oposición confusa) y La Rioja (en la que Sergio Casas prefirió no firmar en virtud de la rivalidad con el coterráneo radical Julio Martínez, ministro de Defensa de la Nación, afin a la antiminería).
En la previa, la prensa nacional destaca los cambios en la regalías (que serán del 3% sobre ventas y no deducibles de costos) y los fondos provinciales para infraestructuras (FPI) del 1,5% que quedan incorporados como tributación de referencia. Esto es lo que en el ámbito minero se conoce como "el modelo sanjuanino", ya que la provincia cuyana lo viene aplicando para sus tres minas en operación (Veladero, Gualcamayo y Casposo).
Debido al pataleo de última hora de provincias mineras, en el que hizo punta el salteño Juan Manuel Urtubey, fue dejado de lado un fondo nacional para el desarrollo comunitario, del 1%, que sería manejado, de acuerdo al texto original, por la Nación.
Santa Cruz, que tiene el fondo UNIRSE, cuya alícuota del 2% de teórica aplicación para la Responsabilidad Social Empresaria pero que en la la práctica socorre el estructural deficit fiscal de la provincia, firmará bajo reserva.
Otras provincias, que en los últimos años prohibieron la minería metalífera, como Mendoza y Córdoba, firmarán sin problemas ni mayores compromisos, ya que el acuerdo establece que cada Estado provincial discernirá qué hacer con su destino minero.
El de hoy es un entendimiento supra que no prevé su debate al interior del Congreso Nacional o las legislaturas provinciales: esto es, se aprueba o se rechaza.
El gobierno confía en que Argentina sentará las bases para una seguridad jurídica hacia el futuro, dejando atrás el pasado reciente en que el peronismo kirchnerista violó la estabilidad de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) con diversas normas y regulaciones. Y que alentará proyectos que cifra, sólo para este año y el próximo, en US$ 3.000 millones.
Otro punto sensible es el de las empresas estatales provinciales de minería, cuyo rol en la última década creció al compás del estímulo dado por el peronismo, a las cuales el texto aspira a situar en pie de igualdad y no por encima de los inversores privados.
El acuerdo también alude a la necesidad de modernizar y transparentar el manejo de los catastros mineros en las provincias. Un desafío nada sencillo, debido a las prácticas recurrentes en el manejo y el registro de las propiedades mineras, que tuvieron como expresión máxima el caso de Jujuy, provincia donde el gobierno de Gerardo Morales dijo haber encontrado la existencia de un catastro paralelo que fraguaba límites y concesiones.
Por otro lado, el texto introduce una modificación en cuanto a la posible caducidad de la propiedad minera en caso de incidentes ambientales reiterados (el acuerdo de los '90, conforme con el Código Minero, sólo estipulaba el cierre de la operación). El acuerdo, enfatizó la fuente oficial, pone acento en la potestad de las provincias sobre sus recursos y por ende en el contralor medioambiental de proyectos y minas desde la prospección hasta el cierre de faenas.
El NAFM, en su retórica, es impecable ya que "que da tranquilidad a los inversores y mayor competitividad al país". Según voceros del MINEM postula una “actividad minera, ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, con el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal, permitiendo a sus habitantes el pleno desarrollo” local. Así, se plantea la necesidad de avanzar en "una nueva visión y nuevas pautas para el desarrollo del sector" se hace necesaria "una Política de Estado Minera para el Siglo XXI".
Siguiendo con la música celestial que suele interpretar la política en sus declaraciones, esa orientación deberá contemplar "mayores beneficios para las comunidades" en las zonas mineras, la consolidación de un "sector industrial vigoroso" y "una fuerte cadena de valor" con "altos estándares de gestión y control ambiental", según se desprende del texto del nuevo acuerdo. En el mismo articulado se propugna una "mayor participación en los ingresos que genera la actividad minera a las provincias dueñas de los recursos minerales"; promover el fortalecimiento del desarrollo de la infraestructura y la integración con otros sectores productivos; y fortalecer la formación que permita oportunidades de empleo".
Para zanjar estas diferencias, empresas y Gobierno nacional acordaron hace semanas la implementación de mesas de competitividad para el sector que abordará región por región que permita abordar aspectos de productividad, progresividad tributaria y costos ligados a infraestructura, eficiencia energética y logística. Un primer encuentro se realizó la semana pasada entre los directivos de CAEM, AOMA y el MINEM cual se acordó trabajar en una agenda a discutir en las futuras mesas a conformarse tras la firma del acuerdo.
En particular preocupa a los empresarios el criterio tributario elegido, ya que preferín un esquema progresivo, un sistema móvil basado en utilidades de cada proyecto y no en ventas, como el que aplican países vecinos.
"Chile y Perú tienen una sola regalía móvil: se paga más o menos en función de la utilidad operacional. Y la utilidad está directamente atada al precio, que es muy cíclico y no se puede manejar, porque depende del mercado. Y las regalías, tal cual se fijaron en el nuevo acuerdo, podrían hacer que no sean competitivos los proyectos de cobre, que es muy sensible al precio. Como Pachón, Agua Rica o Los Azules Y el mundo hoy demanda cobre", se lamentó. Entre 2007 y 2015 Chile recibió inversiones mineras por US$ 82.000 millones; Perú, por US$ 52.000 millones y la Argentina, por US$ 10.000 millones", dijo una fuente del sector citada hoy por La Nación.
Esto devino en reclamos y replanteos y en la promesa de que habrá mesas de competitividades que analicen una por una las ecuaciones costo-beneficio de cada proyecto.
La rúbrica del NAFM puede ser leída como un fin o como un principio. Para el gobierno de Macri significa la ratificación de su vocación minera, y la conclusión de un debate con el Consejo Federal Minero (COFEMIN) de amplia mayoría peronista, en el que no faltaron los desencuentros. Sobre todo en el último tramo aprobatorio, cuando se decidió desoir los aportes finos pedidos a las cámaras empresarias acerca de cómo estimular la inversión.
¿Servirá este acuerdo marco o será letra muerta a tiro de las urgencias políticas y los usos y costumbres?. Como dijo el gran Carlos Balá, "el movimiento se demuestra andando"
*Director Mining Press y EnerNews
