Después de ejecutar una serie de medidas para analizar los movimientos de los funcionarios públicos vinculados al ex Ministerio de Planificación, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron el viernes realizar una detallada auditoría sobre las cuatro empresas que se adjudicaron el contrato para realizar el soterramiento del tren Sarmiento.
Los fiscales recomendaron que la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ) y contadores de las fuerzas de seguridad pongan en marcha una revisión profunda sobre los balances de Odebrecht, pero también de sus socios locales: Iecsa, la empresa que era que era de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente; la italiana Ghella, y Comsa.
La hipótesis de los investigadores es que los fondos utilizados para los sobornos pudieron haber salido desde las arcas de los socios locales o bien desde la estructura argentina de Odebrecht. La auditoría sobre las cuentas de las compañías hará foco sobre las posibles actividades ilícitas que pueden haber ayudado a justificar en los balances el desvío de fondos, como el caso de la utilización de facturas falsas, entre otros mecanismos.
Con esta medida de prueba, la Justicia por primera vez evalúa otra posibilidad sobre el origen de los fondos con que se habrían pagado los sobornos para quedarse con la obra, una contrato de US$ 3000 millones. Hasta ahora, la hipótesis más certera era que Odebrecht había utilizado su compleja estructura offshore para realizar los pagos indebidos a distintos funcionarios.
"No puede descartarse que los sobornos guarden una correlación, aunque simulada, en los asientos contables y documentación de respaldo [de las empresas]; en este sentido un relevamiento podría dar con elementos de importancia para el esclarecimiento de los hechos", escribieron los fiscales.
Los balances, facturas y otra documentación interna de Odebrecht y sus socios locales ya están en manos de la Justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi allanó la semana pasada todas las sedes de las empresas. A la espera de la orden del magistrado, entonces, los auditores ya cuentan con el material que componen las cuentas en blanco de las compañías en el período 2007-2014.
"Los sobornos efectuados para que Odebrecht y sus vinculadas obtuvieran contratos en nuestro país pudieron tener origen en fondos correspondientes a las empresas locales. Sin embargo, no puede eludirse pensar en compensaciones internas si los sobornos hubieran correspondido a Odebrecht Brasil, pues difícilmente dicha matriz habría podido absorber el costo de los sobornos a nivel mundial", agregaron los fiscales.
NICOLAS GANDINI
YPF tomó la decisión de revisar los contratos firmados en los últimos años con laconstructora brasileña Odebrecht, que admitió el pago de sobornos por US$ 35 millones para operar en la Argentina. El comité de Compliance de la petrolera bajo control estatal, a cargo de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, una de las espadas de Mauricio Macri en el área judicial, ya está analizando los dos contratos rubricados con la firma brasileña por los que se pagaron, en total, más de US$ 400 millones para ampliar y reparar la refinería ubicada en Ensenada.
Son obras ya realizadas que se ejecutaron entre 2009 y 2015. La revisión es un trámite que impuso el titular de YPF, Miguel Gutiérrez: cuando un proyecto de la petrolera queda salpicado en una polémica pública, el comité revisa en detalle lo actuado. Pasó lo mismo con el contrato firmado con Chevron para explotar un yacimiento no convencional en Vaca Muerta. “No implica que exista ningún tipo de ilícito. Se revisa que los contratos respeten los estándares internacionales”, indicaron a PERFIL allegados a la petrolera.
YPF aún no fue notificada de la presentación realizada por la legisladora Graciela Ocaña, que en mayo se sumó a la alianza Cambiemos (probablemente sea candidata a diputada nacional) y hace diez días pidió a la Justicia que analice los contratos de construcción de la unidad de Reformado Catalítico Continuo (más conocido como CCR) y el desmontaje de las instalaciones destruidas en el incendio de la refinería tras la inundación de La Plata en abril de 2013.
PERFIL accedió a documentación de Odebrecht y de YPF para constatar el valor de las obras cuyos contratos están en revisión. La más importante –la instalación del CCR– se firmó en 2009 cuando la conducción de YPF estaba en cabeza de Sebastián Eskenazi, hombre fuerte del Grupo Petersen, que había ingresado a la petrolera en diciembre de 2007 en asociación con la española Repsol. La segunda contempló el desmontaje de las destruidas cámaras de la unidad de coque tras el incendio de 2013, ya con Miguel Galuccio como presidente de YPF.
Historia. El contrato inicial para la construcción del CCR se firmó en octubre de 2009. Estipuló un presupuesto de US$ 158 millones y una cuota en pesos para costos locales de $ 390 millones. Al momento de la firma del documento, que Odebrecht ganó en una licitación realizada por YPF, el proyecto sólo contaba con una ingeniería simple. Una vez realizada la ingeniería de detalle, el proyecto se encareció y el presupuesto en pesos se elevó hasta los $ 583 millones.
“El contrato original era por US$ 193 millones, pero como YPF compró de manera privada algunos equipos, el monto se redujo a US$ 158 millones. Lo que se hizo, en todo momento, fue mantener los precios unitarios de los productos e insumos. Cuando se terminó la ingeniería final de detalle, la cantidad de insumos locales y la mano de obra necesaria se elevaron. Eso explica el salto en el presupuesto en pesos, que pasó de 390 a 583 millones”, explicaron fuentes cercanas a la constructora brasileña.
Por dentro. El monto final que abonó YPF se actualizó luego por el impacto de la inflación. La fracción en dólares se mantuvo prácticamente invariante: se terminó pagando US$ 168,5 millones, sólo US$ 10 millones que lo presupuestado por la inclusión de algunos servicios adicionales en el proyecto. La actualización final de los montos es una práctica común en proyectos de infraestructura de esta envergadura.
La cotización en pesos del contrato sí sufrió un salto significativo, aunque allegados al proyecto argumentaron, con verosimilitud técnica, que el incremento obedeció al efecto de la inflación, que superó un promedio del 20% anual entre 2010 y 2014. En total, YPF terminó pagando $ 902 millones por los costos en moneda local (mano de obra y materiales de fabricación local) contra los $ 583 millones que había arrojado la ingeniería de detalle realizada en 2010. Fueron 319 millones adicionales que lo previsto, $ 271 millones asignado a costos directos y $ 48 millones en gastos indirectos.
“Para actualizar el precio del contrato se utilizó una fórmula polinómica, que cruzó distintos indicadores para medir la evolución de variables estratégicas, como el valor del acero, gasoil, el coeficiente Uocra y el índice de precios. La mayoría se duplicó y hasta triplicó en el período de construcción”, indicaron allegados a Odebrecht.
Medido en dólares, YPF pagó cerca de US$ 370 millones por la construcción del coque, según los documentos que repasó este medio. El monto no incluye el IVA porque así lo facturan (a diferencia de la obra pública) las grandes empresas privadas como YPF, que operan como contribuyentes y agentes de retención.
El segundo contrato entre YPF y la constructora brasileña tuvo como objeto el desmontaje del coque incendiado en 2013. El monto original fue de $ 201 millones, aunque se tomó un valor referencial dado que no se conocía el daño real en la refinería. Finalmente se pagaron $ 273 millones porque fue necesario un trabajo mayor.
HUGO ALCONADA MON
La cuenta final que Odebrecht deberá pagarle a la Argentina por sus sobornos será multimillonaria. Y podría superar con creces los $ 4500 millones. No sólo eso. También corre riesgos de que le quiten el jugosísimo contrato para soterrar el tren Sarmiento y que la excluyan de futuras licitaciones. En ese diagnóstico coincidieron altos funcionarios nacionales, expertos anticorrupción y abogados administrativistas consultados por LA NACION.
La cifra de $ 4500 millones se basa en los montos que la propia Odebrecht reconoció al admitir su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos. Allí detalló que pagó US$ 35 millones en coimas a funcionarios argentinos, pero también indicó que gracias a esos sobornos obtuvo beneficios por unos US$ 278 millones, que al tipo de cambio vigente equivalen a unos $ 4500 millones: casi ocho veces más que el monto que la empresa brasileña ofreció abonar a las autoridades argentinas y que desde la Procuración del Tesoro consideran el "piso mínimo" de resarcimiento.
Las leyes y decretos nacionales vigentes representan un cerrojo a las pretensiones de Odebrecht, que en Brasil y en Estados Unidos contó con una herramienta legal que aquí aún no existe: la posibilidad de negociar con las autoridades judiciales o administrativas
Por ese motivo, Odebrecht chocó en Buenos Aires con una pared. Planteó que quiere abonar una multa por US$ 35 millones -unos $ 560 millones al tipo de cambio vigente- y retrucó con que si le reclaman más, puede optar por cerrar sus puertas en la Argentina.
"No tenemos activos en el país para afrontar esa cifra", desafiaron desde la compañía. Más aún, también adelantaron que pretenden continuar con el soterramiento del Sarmiento, y competir por nuevas licitaciones.
Sin embargo, la respuesta que Odebrecht cosechó fue magra o nula. Así fue tanto desde la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción, como desde el Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales Federico Delgado y Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, son sus principales interlocutores.
¿Por qué? Porque la legislación argentina reduce al mínimo los márgenes de negociación. Y según todos los expertos consultados por LA NACION, cualquier reforma legal que apruebe el Congreso o decreto que firme el presidente Mauricio Macri no podrá beneficiar a Odebrecht de manera particular ni tampoco de forma retroactiva -salvo en materia penal- o correrá el riesgo inmediato de ser declarada inconstitucional.
Ese cerrojo legal complicó, a su vez, el acceso de los fiscales y jueces argentinos a los datos que aún controla Odebrecht o la Justicia brasileña sobre quiénes embolsaron esas coimas por US$ 35 millones, por lo que expertos dentro y fuera del Gobierno analizan opciones que permitan sortear los obstáculos normativos. Desde firmar algún tipo de "carta de intención" hasta la aprobación de una ley de derecho administrativo que incluya alguna "cláusula transitoria" hasta intentar una convalidación judicial especial.
¿Cómo se conforma ese cerrojo? Por la ley 19.549 de procedimientos administrativos y los decretos 1023/01 y 1030/16 que determinan que un acto administrativo -como el otorgamiento de un contrato de obra pública- debe ser revocado cuando el beneficiario lo obtuvo mediante un proceso viciado de nulidad -como el pago de sobornos- y ese beneficiario quedará, además, inhabilitado para disputar nuevas licitaciones públicas.
Pese a ese complejo contexto legal, sin embargo, los representantes y abogados de Odebrecht en la Argentina afirman que son optimistas.
Consideran que las autoridades se encuentran ante una oportunidad única para revertir el sistema de corrupción e impunidad imperantes. Y para lograrlo, desafían, el Gobierno y la clase política en general necesitan demostrar "decisión" e "inventiva".
Hasta ahora, Odebrecht sólo recibió una propuesta oficial algo más componedora.
La planteó el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Mientras que su antecesor, Carlos Balbín, abogó por la revocación del contrato del soterramiento del Sarmiento y, sin más vueltas, reclamarle los US$ 278 millones, Saravia Frías delineó algunas condiciones previas: que depositen esos US$ 35 millones como primer pago -aunque la cuenta final podría superar los $ 4500 millones-, y que abran sus libros contables y colaboren con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), abocada a estimar los sobreprecios de cada proyecto que la compañía obtuvo con sobornos.
Sólo así, completaron en la Procuración del Tesoro, acaso Odebrecht continúe con el soterramiento del Sarmiento junto con las constructoras Iecsa -por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri- y la italiana Ghella.
Eso evitaría, añaden, la pérdida de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y sumar un nuevo retraso en una obra que lleva ya años de demora.
¿Qué otras opciones barajan desde el Poder Ejecutivo? Impulsar una ley que permita a las empresas corruptas negociar acuerdos con la Justicia como en Estados Unidos y Brasil, donde esa opción legal resultó decisiva para el avance de la investigación Lava Jato.
También, incluir en esa nueva ley una "cláusula transitoria" que de algún modo le permita acogerse a Odebrecht por lo ocurrido en el pasado.
Esa cláusula, sin embargo, resultaría por demás polémica, según los abogados consultados por LA NACION, quienes alertaron que podría ser considerada inconstitucional si no se redacta con precisión y cuidado.
Pero dos de los letrados consultados por LA NACION plantearon otra opción, basados en el pedido de los fiscales brasileños que plantearon que si sus pares argentinos quieren acceder a la información deberán garantizar que respetarán la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, entre otros compromisos internacionales.
"¿Sería posible recurrir al fuero contencioso administrativo federal y pedir una «declaración de certeza» por esa vía, que le abra una senda a Odebrecht?", planteó uno de los abogados, mientras que otro experto sumó al combo posible la convención de la OCDE para combatir el cohecho que la Argentina adoptó en 2001.
Esa opción es, cuanto menos, discutible. Y tanto en el Poder Ejecutivo como los fiscales se muestran por demás cautos. Saben que si estampan una firma en un documento mal delineado, terminarán ellos con una causa penal.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó que la "cooperación de Estados Unidos es completa" para entregar información vinculada al pago de coimas en el caso Odebrecht.
Garavano expresó que hay un "compromiso de luchar contra la corrupción" y entregar toda la información. Destacó la reunión que mantuvo esta semana, en su viaje a Washington, con el fiscal de Estado norteamericano, Jeff Sessions.
En diálogo con Radio Mitre, el titular de Justicia indicó que habrá "reuniones de trabajo" entre jueces y fiscales argentinos con fiscales estadounidenses. "Da la impresión que la información es mucha y muy precisa", señaló Garavano.
CLARÍN
LUCIA SALINAS
"Disculpe, Odebrecht se equivocó", consigna la primera página de la carpeta informativa de la constructora brasileña investigada en el Lava Jato tras admitir que pagó sobornos por U$S 788 millones en doce países para obtener contratos de obra pública. La expresión busca establecerse como "un antes y después" en medio del mayor escándalo de corrupción que protagoniza y con tres causas judiciales en nuestro país.
Con una multa de 2.600 millones de dólares, Odebrecht pretende seguir operando. Cuenta en la actualidad con dos monitores por tres años "para prevenir hechos de corrupción". Uno es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y otro es del Ministerio Público Fiscal de Brasil. Cada gasto por encima de los 100 dólares debe rendirse, se audita cada movimiento y ningún negocio se puede cerrar sin la autorización de los monitores.
Odebrecht investigada por pagar sobornos millonarios en 12 países.
Está "intervenida" de hecho. No tiene opción, "debe dejar de coimear para continuar en el mercado", dice con cierto descreimiento una fuente oficial. La Justicia argentina tiene tres causas contra la empresa por corrupción y sobreprecios. Durante tres años tendrán a los monitores supervisando cada movimiento ya que la firma que tenía "controles inadecuados para prevenir hechos de corrupción", señalan fuentes de Odebrecht. Se contrató además, 50 personas para trabajar en “compliance”, para la prevención de delitos financieros.
El gigante brasileño en 2014 contaba con más de 190.000 empleados directos (hoy son 80.000). Hoy es -aún en medio de la investigación por lavado de dinero y corrupción que recae sobre ella-, la principal constructora de América Latina. Tracciona en la economía de su país, donde no hay intención de que pese a los sobornos que admitieron haber pagado, deje de operar.
Soterramiento del tren sarmiento, una de las obras que tiene Odebrecht en Argentina. Foto Néstor García.
Con Marcelo Odebrecht preso, una de sus principales autoridades y uno de los que firmó la delación premiada, la constructora removió 77 cargos directivos y busca "empezar de nuevo", como ellos promueven. La Justicia brasileña ordenó que la firma continúe activa con dos monitores (uno es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y otro es del Ministerio Público Fiscal de Brasil) que intervienen en todas las operaciones que realiza la empresa: desde lo más cotidiano hasta los acuerdos más relevantes.
En caso de buscar nuevos contratos de obra pública, o líneas de crédito como recientemente, los monitores revisan cada aspecto y finalmente, autorizan o no a que se concreten las operaciones. La auditoría es constante con cuestionarios que buscan determinar "intenciones en obtener nuevas obras" y sobre todo, "cómo se obtuvo y bajo qué condiciones". Siguen siendo una empresa investigada por corrupción, con un exhaustivo control fiscal.
Una de las obras investigadas, es la construcción de la planta Paraná de las Palmas. Foto Archivo.
Si los directivos de la empresa, en cualquiera de sus sedes, realizan gastos por encima de los 100 dólares, están obligados a rendirlos; explicar si mantuvieron reuniones con quién fue y con qué finalidad. La sospecha del "modus operandi" para sobornar "funcionarios en varios países", como sostiene la justicia argentina, sigue vigente sobre Odebrecht.
"Odebrecht reconoce que participó en prácticas impropias en su actividad empresarial", versa la carta de presentación y consignan que fueron "conniventes con prácticas" corruptas. ¿Puede la empresa reconvertirse? Ellos admiten que sí, la justicia argentina tiene sus reservas. "Les sirvió como modus operandi para crecer y ser el gigante que son hoy, qué da la pauta que quieran salir de ese sistema", señaló una fuente judicial.
Las oficinas de la empresa Odebrecht en el barrio porteño de Retiro. Foto: Luciano Thieberger.
En Argentina la firma admitió el pago coimas por US$ 35 millones para lograr tres contratos entre 2007 y 2014. Los jueces
ebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi investigan a la firma junto a las empresas con las que constituyó UTE, por irregularidades en: el acueducto Paraná de las Palmas, la ampliación del gasoducto norte y la obra del soterramiento del tren sarmiento.
Pese a las garantías que Odebrecht busca dar, señalando que no realizarán "más pagos indebidos", la justicia muestra cautela al respecto. Los tres magistrados ya pidieron analizar los contratos y auditar a las empresas intervinientes, bajo la sospecha de que los sobornos guardan "correlación, aunque simulada, en los asientos contables y documentación de respaldo". Van tras esa pista.
La facturación anual de Odebrecht supera los 45.000 millones de dólares anuales. Una fortuna que les permite subsistir pese a estar bajo la lupa de la justicia en varios países. Afronta una multa de U$S 2.600 millones que se pagará en 23 cuotas, producto del acuerdo de culpabilidad firmado con la justicia de los Estados Unidos, por eso reclama "continuar con las obras". Odebrecht cumple 30 años en Argentina, y por ahora no hay planes para celebrarlos.
