Acción judicial se basa en informe emitido por Contraloría, que dio cuenta de eventuales irregularidades en contratos pactados entre 2013 y 2015. Pide investigar infracciones a ley que regula la celebración de convenios con personas relacionadas.
Para mañana está contemplado que un grupo de diputados de Chile Vamos presente oficialmente una querella para que el Ministerio Público investigue si personeros de Codelco incurrieron en los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible al contratar servicios de empresas relacionadas con altos ejecutivos y directivos de la cuprera estatal.
El libelo -que está patrocinado por el abogado RN y coordinador de Chile Vamos Eduardo Riquelme- tiene como punto de partida el informe emitido por Contraloría en mayo pasado, que dio cuenta de eventuales irregularidades en contratos pactados entre 2013 y 2015.
De acuerdo con el informe que sirve de base para la confección de la querella, la acción judicial apunta en primer lugar a contratos por más de $31 mil millones con uno de los proveedores de la cuprera, Hatch Ingenieros y Consultores Limitada.
En el documento se subraya que respecto de esta empresa, la Contraloría detectó una infracción a lo dispuesto en los incisos sexto, octavo y noveno del artículo cuarto de la Ley 19.886, sobre Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que regula la celebración de contratos con personas relacionadas. La norma establece la prohibición "a las empresas del Estado de suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco".
La querella establece que se ha "verificado" el vínculo entre el gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos y el representante legal de la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, "donde el primero es yerno del segundo". Asimismo, se detectó la asignación de dos contratos por trato directo a esta empresa, por el monto ya descrito, que no habrían sido ajustados ni a las reglas de contratación señaladas por la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, ni a las normas internas de Codelco.
La querella también aborda contratos de la estatal con otras firmas. Por ejemplo, en el caso de Fundación Chile se cuestiona una contratación directa, cuyos costos se concentraban en los tramos de costos por hora-hombre más altos. Además, se acreditó que los servicios se iniciaron antes de las aprobaciones de contratación directa, "de modo tal que la contratación con este oferente estaba resuelta antes de que se terminara el procedimiento de aprobación de la contratación por trato directo".
Respecto de los contratos suscritos con Schwager Services S.A., también se detectaron tratos directos, sin que la justificación dada por la empresa fuera considerada suficiente. En este caso, la Contraloría determinó que no era posible afirmar que la empresa tuviera una posición dominante o una experiencia única en su rubro. Finalmente, respecto de la firma Sistema Consultores Limitada, se cuestiona la realización de contratos por trato directo por sobre los 33 millones de pesos, "sin que se pudiera acreditar fehacientemente", la experiencia y la razonabilidad del precio que se establecieron como criterio para la contratación.
"Nos parece importante que se investigue a fondo lo ocurrido, y en razón de eso presentamos esta acción judicial contra quieres resulten responsables, de forma de cortar de raíz las malas prácticas en Codelco", asegura uno de los diputados querellantes, el jefe de bancada de la UDI Felipe Ward.
La diputada RN Paulina Núñez, en tanto, hizo un llamado "a no aminorar lo que hemos conocido, a no entorpecer la investigación y a entender que el único interés que debemos proteger es el interés público de Codelco". Y añadió un mensaje al Consejo de Defensa del Estado, que a su juicio "debe jugar un rol clave precisamente en los contratos con personas relacionadas, y que no se informaron porque podrían anularse".
"No es usual que los diputados estemos presentando querellas. No es una función que desarrollemos de manera cotidiana, sin embargo, cuando hay dudas sobre situaciones que afectan a la mayoría, debemos estudiarlas y presentarlas con responsabilidad y sin afanes ni fines políticos", sentenció el diputado UDI Issa Kort, también querellante.
"No estamos creando una acción política ni menos una caza de brujas. Queremos pedir que el Ministerio Público desarrolle una investigación seria y contundente, para que sean, finalmente, los tribunales de justicia los que determinen posibles vicios y responsabilidades", sentenció el parlamentario.
Según Codelco, la disputa que desde inicios de este año han enfrentado con la Contraloría General de la República, le ha costado a la minera US$ 100 millones, en términos de inversiones frenadas entre marzo y abril de 2017.
Se estima que, si esta pugna se alarga, se paralicen cerca de US$ 500 millones en planes estructurales y de mantención.
Cabe destacar que la compañía alerta que esta esta paralización pone en riesgo las metas de producción para los próximos años, debido a que, según ellos, atrasa los proyectos estructurales.
Jorge Bermúdez, por su parte, dijo que "no es factible" referirse al tema en este momento.
El presidente sindical, Raimundo Espinoza, se refirió a los cuestionamientos que realizó la Contraloría a la cuprífera estatal.
Aseguró que el órgano contralor “se metió en una situación y hoy día no halla cómo salir”.
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, defendió a Codelco en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en el uso de recursos, afirmando que la Contraloría General de la República “no halla cómo salir” de la situación.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Espinoza reconoció que el organismo “tiene todos los derechos legales para poder investigar”, sin embargo, subrayó en que el contralor Jorge Bermúdez “no puede emitir juicios de valores como lo ha hecho, él tiene que limitarse a si es legal o no es legal”.
“Pararse en el 2000 y pararse hoy día es una empresa distinta, las condiciones no son las mismas”, aseguró, por lo que indicó que “cuando se habla de despilfarro, hay que tener un poquito de cuidado con respecto a la empresa más importante de este país”, fustigó el líder sindical.
Tras esto, envió un mensaje a “algunos diputados que hablan tanto con respecto al despilfarro. Les pregunto a viva voz: ¿Sabe cuánto cuesta un metro de túnel en la mina El Teniente? 45 mil dólares (…) tenemos que hacer kilómetros”, enfatizó, junto con precisar que “no digo que no haya errores”.
“Yo creo que Contraloría se metió en una situación y hoy día no halla cómo salir, entonces aquí va a tener que haber una resolución importante, por intermedio de las conversaciones, para poder buscar una salida para poder manejar esta empresa”, dijo, recalcando que “no es un Ministerio Público, aquí se toman decisiones a cada minuto”.
El dirigente además comentó que se ha reunido con el Bermúdez en la Cámara, por lo que “tengo muy claro lo que piensa el contralor y es por eso que tengo discrepancias concretas con respecto a la forma que se actúa, entonces aquí hay un choque de trenes”, aseguró.
“Hay una vendetta” por parte de diputados, acusó
“De una vez por todas hay que discutir efectivamente qué es lo que quieren con esta empresa, qué quiere el país con esta empresa, porque siempre, cualquier cosa que ocurre en Codelco, aparece en los distintos medios y de forma distorsionada (…), pero tenemos que tener cuidado”, reflexionó el presidente de la FTC.
Además, disparó contra el grupo transversal de 57 diputados que presentó a la Secretaría de la Cámara Baja las firmas necesarias para solicitar la creación de una comisión investigadora por eventuales irregularidades en Codelco.
“Yo le digo a esos señores diputados que primero, instrúyanse, primero infórmense, y después emitan juicios”, porque “han cuestionado situaciones que no tienen la más remota idea de lo que están hablando, el daño que se produce es muy grande para poder revertirlo”, dijo.
Espinoza concluyó pidiendo “una mirada distinta del Codelco que queremos para los próximos 50 o 30 años” sin “sacar provecho político”, porque “hay muchos diputados que pasan la cuenta porque no le dan un contrato a tal persona, y eso es lo que ocurre, hay una vendetta también”.
