Después de los escándalos, los responsables de las compañías del Estado brasileño aseguran que el desafío está en detener la intromisión del gobierno.

Wilson Ferreira hijo, CEO de la compañía de electricidad estatal de Brasil Eletrobras, se está preparando para el combate.Su próxima cita es una reunión con los sindicatos del grupo.

Llegó a la empresa el año pasado con la misión de recomponer las castigadas finanzas de la proveedora de energía más grande de Latinoamérica después de casi 13 años de gobierno izquierdista del Partido de los Trabajadores (PT). Sus planes de reestructuración para Eletrobras incluye recortes masivos de puestos de trabajo y ventas de activos.

Ferreira bromea con que entre los sindicatos del país él pasó a ser incluso menos popular que el presidente brasileño de centroderecha Michel Temer, a quién ellos acusan de organizar un golpe para destituir a su predecesora de izquierda Dilma Rousseff el año pasado.

Ferreira y Pedro Parente, el CEO de la petrolera estatal brasileña Petrobras, ocupan puestos que son ampliamente considerados los más difíciles del ámbito corporativo brasileño.

Ambos hombres, que fueron designados para sus funciones el año pasado, están tratando de sacar a flote enormes grupos que, según los analistas, los sucesivos ex gobiernos del PT han utilizado para poner en práctica su visión estatista de desarrollo, y en el proceso generaron montañas de deuda en Petrobras y Eletrobras.

Petrobras y Eletrobras también se convirtieron en centros de corrupción dado que los políticos – principalmente de la coalición gobernante del PT pero también de los partidos de la oposición– supuestamente colaboraron con ex ejecutivos de la compañía para cobrar coimas de los contratistas. A raíz de la investigación de la corrupción, que lleva el nombre de Lava Jato en Brasil, varios accionistas minoritarios iniciaron juicio contra Eletrobras y Petrobras en Nueva York. 

"La compañía fue víctima de este esquema delictivo, en ningún momento se vio beneficiada", dijo Parente en un informe que brindó a corresponsales extranjeros.

Petrobras, en particular, fue foco de las políticas sectoriales del PT. Mientras el partido fue gobierno, la cantidad de empleados de Petrobras se incrementó cerca de 21% a 78.500 personas entre 2007 y 2015 debido a que la compañía pasó a explotar nuevos yacimientos offshore que fueron descubiertos en aguas ultraprofundas cerca de las costas de Río de Janeiro.

El PT buscó politizar los descubrimientos con slogans nacionalistas, que decían por ejemplo "El petróleo es nuestro", diseñados para justificar un mayor control del estado sobre el sector, cuentan los analistas.

La cultura interna de Petrobras se convirtió en una de las "grandiosas visiones", donde el objetivo era duplicar su tamaño en unos pocos años a través de un "alucinante aumento del endeudamiento", dijo Parente.

La deuda neta del grupo era de 392.000 millones de reales (u$s 119.000 millones) en 2015, nivel que la convertía en la compañía de energía más apalancada del mundo.

Parente dijo que quería reducir la deuda neta de la compañía de 5,1 veces sus ganancias anuales antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) en 2015 a 2,5 veces en 2018 a través de ventas de activos. Con ellas se apunta a alcanzar un total cercano a u$s 25.000 millones a fines del año próximo.

Hoy, la batalla de Parente es con los sindicatos que según él han "capturado" el departamento de recursos humanos de Petrobras durante los años del PT, asignándose para ellos mismos sucesivos aumentos salariales superiores a la inflación.

Por su parte, los sindicatos de Petrobras desprecian a Parente. En una declaración en la que anunciaban una acción del sector esta semana, uno de los sindicatos, el FUP, exigió la inmediata renuncia de Parente por achicar personal y vender activos. "Bajo la conducción de Pedro Parente, el patrimonio de Petrobras se está entregando a grupos privados, principalmente a multinacionales", señaló el FUP.

Parente reconoció que una encuesta interna al personal mostró insatisfacción en un gran número de trabajadores, pero agregó: "No estamos acá para complacer a todos, estamos acá para hacer lo que sea mejor para la compañía". 

En Eletrobras, Wilson contó que enfrenta una resistencia similar a sus planes de achicar la fuerza de trabajo a 12.000 personas de la actual plantilla de 23.000, mayormente a través de la privatización de una de las seis compañías distribuidoras, y la venta de hasta 110 parques eólicos, unidades de línea de transmisión y otras operaciones.

La empresa había bajado el ratio entre deuda neta y ebitda del pico de casi 10 veces en marzo de 2016 a casi seis veces en marzo de este año.

Pero ambos gerentes reconocieron que el mayor desafío en el largo plazo será detener la intromisión política en las empresas controladas por el Estado brasileño.

Una nueva ley intenta restringir la tradicional práctica de los partidos políticos de designar a su propia gente para que ocupe posiciones clave en empresas estatales. Sin embargo, le legislación no prohibe los nombramientos políticos, sino que sólo exige que esas personas tengan los diplomas profesionales correspondientes.

Parente dijo que el ideal sería institucionalizar la buena gestión demostrándole al pueblo brasileño que las empresas estatales conducidas con eficiencia implican precios más bajos y servicios de mejor calidad. "La sociedad brasileña, y aún más la clase política, debe entender que la gestión de esta compañía debe ser profesional", agregó.

El instructor del juicio electoral que puede destituir a Michel Temer realizó este jueves una devastadora denuncia sobre aportes corruptos de Petrobras en las cuentas de la fórmula Rousseff-Temer en 2014 y en las de todos los grandes partidos de Brasil, aunque tal vez su posición sea derrotada por el resto del tribunal.

El proceso en el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre las cuentas de la fórmula vencedora Rousseff-Temer tuvo hoy varios momentos clave: 4 de los siete jueces se oponen a incluir las delaciones de los ejecutivos corruptores de Odebrecht por cuestiones procesales, lo cual podría salvar del cargo a Temer.

Pero el punto alto de este juicio histórico sobre una fórmula presidencial fue la lectura del instructor, Herman Benjamín, el juez que hizo una investigación propia sobre las donaciones en la campaña: el magistrado vinculó los desvíos de Petrobras con la actividad proselitista.

La tesis de Benjamin fue que el dinero recaudado por el detenido tesorero del Partido de los Trabaajdores de Rousseff, Joao Vaccari, antes de la campaña, sirvió para pagar gastos de la contienda electoral.

"Los aportes ilegales de las cuentas de campaña fueron cuentas corrientes a futuro a cambio de favores futuros. El dinero se recaudaba en períodos sin campañas y fueron usadas en la campaña. Esto no fue una práctica apenas de un sólo partido", dijo el instructor.

Según el juez, con estas prácticas las empresas privadas "compraban el Estado".

Incluso, Benjamín fue más allá y dijo que las donaciones oficiales fueron producto de favores recibidos por las empresas en el Petrolao.

El presidente del TSE, Gilmar Mendes, considerado un aliado de Temer, intentó enfrentar al instructor al afirmar que "no todas las donaciones son productos de sobornos".

"Es verdad -respondió Benjamín-, hay candidatos que no aceptan caja 2 y las propias empresas les dan dinero no declarado, en efectivo, para crear compromisos".

El juicio continuará mañana y es posible que se extienda hasta la noche del sábado, ya que faltan los votos de los otros seis magistrados.

Antes del informe del instructor, la posición a favor de la condena de Temer quedó aparentemente en minoría.

Una mayoría que apoya la posición del presidente Temer se formó en el TSE, ya que cuatro de los siete jueces que examinan las cuentas de campaña de la elección de 2014 han señalado que no aceptarán las recientes delaciones de los ejecutivos de la empresa Odebrecht como parte de este proceso. 

La tercera sesión del juicio electoral sobre las cuentas electorales de la fórmula vencedora en 2014, Dilma Rousseff-Michel Temer, mostró discusiones acaloradas sobre la inclusión de recientes delaciones, aún no corroboradas por la justicia penal, por parte de los delatores de la empresa Odebrecht que dijeron que hubo dinero ilegal en el aporte de campaña.

Sin embargo, la discusión sobre Odebrecht no significa los votos finales del tribunal, apenas sobre uno de los puntos a incluir sobre prueba.

"La instrucción determinó que los desvíos de Petrobras abastecieron las donaciones legales, según delatores. Dijeron que iban para campañas", dijo el relator, favorable a incluir las confesiones de los corruptos y corruptores para analizar la campaña de 2014.

La discusión no pasa técnicamente por la veracidad de las delaciones en la Operación Lava Jato que indican que hubo dinero ilegal en la campaña de Rousseff y de Temer en 2014, sino investigar la denuncia inicial, puesta por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

"Las delaciones no son prueba única, es inicio de prueba, pero fueron aceptadas por la justicia", dijo el ministro Luis Fux, quien está de acuerdo con Benjamín y Rosa Weber de incluir al escándalo de Odebrecht en el juicio electoral que puede definir la suerte de Temer en el gobierno.

Los que adhirieron a la tesis de Temer y de Rousseff de no admitir las delaciones de Odebrecht ante la Operación Lava Jato son cuatro magistrados.

Entre ellos el que fue asiduo visitante del palacio presidencial de Temer en los últimos meses, Gilmar Mendes, Napoleao Maia, Admar Gonzaga y Tarciso Vieira.

"No tomaré en cuenta ninguna delación después del 1 de marzo, las delaciones de Odebrecht", dijo Vieira.
Tanto Vieira como Gonzaga ingresaron por designación de Temer en la corte electoral en abril.

El relator dijo que existen muchas más pruebas que la Odebrecht, sino de otras empresas que ya constan en 2014 como contratistas corruptoras de Petrobras.

La defensa del mandatario defiende, además de la absolución, separar las cuentas electorales y atribuir ilícitos apenas a la ex presidenta Rousseff, destituida el año pasado con apoyo de Temer y el autor de la denuncia, el derrotado candidato presidencial Aecio Neves.

Neves y Temer son hoy aliados y son investigados por supuestamente recibir sobornos de la empresa JBS, mientras uqe Rousseff se encuentra en la oposición y pidió anular las delaciones de Odebrecht y de su ex publicista Joao Santana.

Santana, condenado y delator, dijo que cobró dinero de Odebrecht en el exterior como parte de la deuda de campaña de
Rousseff en 2014, algo que la defensa de la mandataria dice que es un falso testimonio y que la transacción fue producto de una campaña presidencial realizada en Panamá.

El veredicto puede absolver o destituir a Temer -que puede apelar la sentencia en el cargo-, una decisión que esperan los aliados para seguir apoyando al gobierno y aprobar las reformas económicas que están en la agenda del Congreso.