Un estudio realizado por Cochilco revela que 50% de las iniciativas ingresados a tramitación ambiental entre los años 2011 y 2016 se aprobaron, lo que se traduce en 227 proyectos.
Solo 2% de los proyectos mineros ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se rechazan, pero hay una cantidad considerable de ellos que no son admitidos a tramitación por estar incompletos. Además, en promedio, los proyectos aprobados permanecen en el servicio cerca de 289 días.
Estas son parte de las conclusiones del estudio “Análisis del proceso de evaluación ambiental de los proyectos mineros”, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), y en el que se abarcan todas las iniciativas en dicho sector que se presentaron al SEA entre 2011 y 2016.
En dicho período, ingresaron un total de 454 proyectos, de los cuales 50% fueron aprobados, mientras que solo un 2% se rechazaron, lo que se tradujo en ocho iniciativas. Asimismo, no fueron admitidos a tramitación 19% y no fueron calificados 6%, mientras que un 7% aún está en calificación. Sin embargo, restando los proyectos no admitidos a tramitación, desistidos o no calificados que tienden a volver a ingresar -proyectos reingresados-, alcanzaron las 341 iniciativas.
Respecto al alto porcentaje de proyectos desistidos o no admitido (25%), desde Cochilco explican que se debe a una deficiencia general en la información entregada en los informes, que a su vez se debe a la baja experiencia en el sistema.
“Al parecer, la razón del alto porcentaje de proyectos que no son admitidos a tramitación se debe a que, en sí, la evaluación de impacto ambiental tiene complejidades propias de procesos de esta naturaleza. Si a esto se suma el hecho que existen muchas empresas cuya aproximación al sistema es muy esporádica, porque no presentan proyectos de manera recurrente, da como resultado que no tienen la suficiente experiencia lo que se denota en una menor tasa de admisibilidad”, comenta el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández.
En el desglose, por tipo de minería, la mediana ingresa casi tres veces más proyectos, pero sólo el 45% se encuentra aprobado versus el 65% de la gran minería. La diferencia se hace aún mayor al comparar los proyectos no admitidos a tramitación: mientras estos alcanzan un 8% de los proyectos en la gran minería, en el caso de la mediana minería este porcentaje llega al 23% de las iniciativas.
En relación con la inversión y el ingreso de proyectos, durante los seis años analizados se revela un peak en 2013, con el ingreso de proyectos con montos totales que superan los US$20 mil millones, y con un bajón el año siguiente con una cifra cercana a los US$2.000 millones. Sin embargo, dicho indicador presenta un repunte en 2015 y 2016, con montos cercanos a los US$10 mil millones (ver gráfico).
“Las bajas en los proyectos se explican en parte importante por la situación de los mercados de los minerales, lo cual tiene más relación con decisiones de los inversionistas y en nada con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). No obstante, encontrar mecanismos que faciliten el proceso de evaluación es parte de los objetivos de esta línea de trabajo que tenemos en Cochilco, donde el primer trabajo fue el diagnóstico del sistema”, explica Hernández.
De acuerdo al estudio, desde que entró en vigencia el reglamento de evaluación ambiental -Decreto Supremo 40-, se ha visto una reducción general en los tiempos de tramitación, así como en el número de Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsaras). En concreto, si antes el número de Icsaras por proyecto era 2,3 pasó a 1,9, mientras que el promedio de días de permanencia en el sistema de los proyectos aprobados -considerando EIA y Declaración de Impacto Ambiental (DIA)- se redujo de 323 días a 270. Sin embargo, frente a este último cabe detallar que el promedio general de permanencia considerando todos los proyectos ingresados es de 202 días, mientras que los proyectos aprobados permanecen un promedio de 289 días.
A su vez, esto se contrasta con la normativa vigente que establece que se reducirían los plazos de evaluación de 180 y 90 a 120 y 60 días para las EIA y DIA, respectivamente.
“Es importante aclarar que el sistema habla de días hábiles, y considerando que pueden haber dos instancias de Aclaraciones (Icsatara) y Adenda, el SEA dispone de 164 días corridos; si a esto se le suma el plazo del titular para responder las preguntas, se podría concluir que 289 días no sea un plazo tan largo, dada la situación actual”, explica Hernández.
Y agregó: “Una manera de hacer más cortos los tiempos de tramitación es reducir el número de aclaraciones lo que, fundamentalmente, requiere que los titulares de proyectos entreguen en primera instancia las solicitudes, ya sea en Declaración o en Estudio, con la mayor cantidad de antecedentes para la evaluación de sus proyectos y no esperar a que el SEA los solicite y en eso probablemente sí se puede trabajar en conjunto el sector público y el privado”
