El subsecretario de Minería estima que rol activo de la Contraloría en fiscalización de Codelco entorpecería las actividades. Además, explica el reglamento de información geológica básica, que obliga a las empresas a transparentar sus descubrimientos. 

Un espaldarazo le entrega el subsecretario de Minería, Erich Schnake, a Codelco frente al rol más activo que busca tener la Contraloría General de la República frente a sus procesos.

Y es que para la autoridad, el ente que tiene el mandato de fiscalizar a la cuprífera estatal es Cochilco y agregar a otro fiscalizador, dice, sólo podría aportar en entorpecer las actividades de Codelco.

Además, el abogado se refirió al impasse que vivió el proyecto de hierro Dominga durante su evaluación ambiental. “Es un ente político, no es algo que hoy vengamos a descubrir que los que están ahí son los Seremi y el intendente; personas que son designadas con criterios políticos y no necesariamente técnicos”, explica.

Uno de los objetivos del Gobierno era reducir el número de permisos para grandes proyectos, ¿se ha avanzado en esto?

-Es bien difícil avanzar en la reducción de la cantidad de permisos. Se está trabajando en conjunto con Sonami y con el Ministerio, pero no hemos tenido resultados concretos todavía y uno no puede tener la expectativa que se vaya a reducir considerablemente; lo que sí buscamos es sistematizar de forma de acortar los plazos.

Dentro del informe para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se habló de un mecanismo especial para los grandes proyectos, para agilizarlos…

-Nosotros no queremos generar un fast track para grandes proyectos, que por tratarse de un gran proyecto se van a facilitar los permisos. La idea es generar una institucionalidad -y se discutió en Valor Minero e internamente-, que dado el impacto transversal que tiene un gran proyecto tenga un foco específico donde uno pueda asegurarse que cumplan con toda la institucionalidad. Esa institucionalidad específica para grandes proyectos debería redundar en una reducción de los plazos.

En la actualidad hay tres mega proyectos mineros esperando su aprobación ambiental, uno de ellos Dominga, que no recibió una RCA pese a tener visto bueno desde la autoridad técnica, ¿cómo ven esta situación?

-La misión del ministerio es el desarrollo de la minería para efecto de contribuir al desarrollo del país; entonces, nuestro interés siempre va a hacer que se desarrollen proyectos mineros. Ahora, nosotros no vamos a promover desarrollo de proyectos bajo cualquier condición. Para que un proyecto minero se desarrolle va a tener que cumplir con la legislación vigente, las normas ambientales y otros estándares que puedan existir.

En este caso específico, el proyecto había ingresado y aprobado, faltaba eso sí la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA, ex Corema) y este es un ente político, no es algo que hoy vengamos a descubrir que los que están ahí son los Seremi y el intendente; personas que son designadas con criterios políticos. Ese proyecto ahora pasará al Consejo de Ministro donde se va a producir una nueva discusión.

Pero si el CEA es político, qué justificación tiene que participen en una instancia técnica, ¿no se debería separar entonces ambos procesos?

-Uno podría cuestionar la institucionalidad del país, si tienes esa visión, pero esa es la institucionalidad que tenemos y este proyecto que desde el punto de vista de la comunidad no es pacífico, y cuando no hay acuerdo dentro de la comunidad siempre se van a levantar distintas opiniones más allá de la visión técnica que uno tenga, porque una cosa son los estándares legales, que se pueden cumplir, y otra las expectativas de la comunidad donde se va a emplazar el proyecto. Y si no se cumplen las expectativas, la comunidad puede no querer que se desarrolle el proyecto y, en ese sentido, pareciera razonable que ese tipo de reclamo haga más sentido a personas que toman decisiones bajo criterios políticos.

Entonces, ¿es un caso que podríamos seguir viendo, considerando que ningún proyecto minero tiene total apoyo de las comunidades aledañas?

-Por eso hay que ser bien cuidadoso en cuanto a exigir el cumplimiento de las normas, porque la confianza en la comunidad se pierde muy rápido y si se genera desconfianza, es probable que este tipo de situaciones se repita. Tenemos que mostrar ejemplos de buena minería, con plantas desoladoras, reutilización de relaves, empresas que trabajan con la comunidad, etcétera.

¿Cómo ven desde el ministerio la controversia que tienen Codelco y Contraloría?

-Para Codelco, y para cualquier empresa del Estado no es fácil ni conveniente saber que van a ser fiscalizados por Contraloría, pueden generarse temores de que su actuar puede ser cuestionado posteriormente. Existen empresas del Estado que se deben regir bajo las mismas normas de las empresas privadas; por lo tanto, sumarle controles que son propios de la administración pública, lo único que hace es generarle una cierta traba en su accionar, que puede afectar su gestión, por eso es tan sensible.

El contralor acusó a Codelco que no le gusta el control, ¿ustedes coinciden?

-No comparto el juicio del contralor, a ninguna empresa privada o pública, le va a gustar estar sujeta a auditoría y controles porque hay un costo administrativo en el cumplimiento de esas auditorías. Entonces siempre va a haber un grado de resistencia natural, pero al final todas las empresas tienen que responder a sus dueños.

La semana pasada se publicó el reglamento de información geológica básica, ¿de qué se trata?

– Viene a dar cumplimiento el artículo 21 de la ley de minería, que está desde que se dictó el código el 82, y que establecía la obligación de todas las empresas que realizaban actividad exploratoria de entregar la información geológica básica que levantaran; pero en la práctica nunca se había dado cumplimiento a esa obligaciones.

Con el tiempo, el sistema de propiedad minera que tenemos fue bastante eficiente en sentido de incentivar la exploración porque fue independiente de la voluntad política, se ve a través de tribunales, pero como no se reguló este tema se comenzó ver solicitud de exploración a lo largo de todo Chile y hoy estamos en una situación que esta todo cubierto, pero tampoco hay información geología de las épocas pasadas, lo que no le permite a los nuevos exploradores ver a dónde pueden conducir sus exploraciones.

¿Hubo algún grado de oposición por parte de las empresas a que la información sea pública?

-Hubo una aprensión histórica porque el explorador es muy celoso de la información que levanta porque es costosa; sin embargo, como este tipo de exigencia es común en todo tipo de legislaciones -como Canadá y Australia-, las empresas de estos países ya venían con la idea de que esta era una obligación que había que cumplir.