DIEGO CABOT
En un párrafo hasta ahora desconocido de la carta que dejó en la sede de la UIF, el financista muerto reclamaba una compensación económica, además de protección.
Información por plata. En esa ecuación básica, más aún para un financista, habría estado la motivación que llevó a Aldo Ducler a querer entregar información sobre las varias maniobras que permitirían llegar al dinero de la corrupción kirchnerista. Ni romanticismo ni traición. Billetes.
La carta que circuló en los medios, que es copia de la que se entregó en la Unidad de Información Financiera (UIF), tiene cuidadosamente tapado un párrafo. Allí es donde Ducler manifiesta que está dispuesto a negociar la entrega de las pruebas a cambio de una participación o comisión en el dinero que la Argentina pueda recuperar de la corrupción.
Aldo Ducler y su hijo Juan Manuel fueron a la UIF el martes pasado, tal como contó el hijo del financista, fallecido el jueves, en una entrevista que LA NACION publicó ayer. Pero según allegados al organismo antilavado se omitieron datos clave. Llegaron sin abogado que los represente y sin concertar una entrevista previa. El número uno de la UIF, Mariano Federici, estaba fuera del organismo, en una reunión en el Banco Central, y la número dos, María Eugenia Talerico, estaba camino de regreso del aeropuerto después de un viaje al exterior.
Los Ducler fueron a la sede del organismo, en Avenida de Mayo 761, y entonces solicitaron ver a las autoridades. Dejaron la carta cuyo contenido tomó estado público parcialmente y se fueron con el correo electrónico de la secretaria privada de las autoridades como para pedir una audiencia. Según los registros, nunca enviaron mail alguno.
La nota ofrecía aportar cierta información sobre la corrupción kirchnerista a cambio de ingresar en el sistema previsto por la ley 27.319 bajo la figura del informante colaborador. Sin embargo, la UIF carece de competencia para negociar acuerdos con informantes y para ofrecer personal de custodia o protección para los denunciantes.
En lo que se vio de la carta, Ducler pide seguridad y custodia para él y para su familia. Además, solicita que se investigue una "asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner, que juntamente con Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zannini, Julio De Vido, Axel Kicillof, Carlos Slim, autoridades de Repsol y autoridades del Banco Credit Suisse, entre otros, han malversado los fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en 1993".
También, la carta hace mención de la posibilidad de acercar datos sobre cuentas en Estados Unidos, Luxemburgo y Suiza, además de nombres de banqueros y representantes de empresas en España y Australia, y de los apoderados, administradores y operadores de los fondos de Santa Cruz. Otro de los puntos que tiene la carta, que sólo lleva las iniciales AD y ninguna firma, es la posibilidad de facilitar la investigación de la compra por parte del Grupo Petersen del 25% de YPF.
Sin embargo, cuidadosamente tapado con un papel cuadriculado, está la otra parte de la negociación. La oferta de aportar información estaba condicionada a la posibilidad de ser acogido por el régimen de informante colaborador (previsto en la ley 27.319), recibir protección para él y su familia, además de recibir una comisión por el dinero que pudiera recuperar el Estado.
"Pedían el 10 por ciento de lo que se recuperase. No es una situación en la que alguien se presenta formalmente, se parece más a un intento de negociación que no es compatible con la ley ni con lo que se puede hacer desde el punto de vista de la UIF", afirmaron ayer a LA NACION funcionarios con conocimiento del caso.
Desde el organismo también negaron responsabilidad alguna en la pérdida de la información que supuestamente iba a entregar Ducler antes de su muerte. "No hubo una falla de la UIF, hubo una falla de ellos (los Ducler) de no hacer la denuncia como corresponde. Se presentaron espontáneamente a buscar al presidente o a la vicepresidenta de la UIF, que no estaban. Si hubieran llamado a la UIF y pedido audiencia, se los habría recibido y una autoridad les habría tomado la denuncia como corresponde, es lo que sucede habitualmente", comentaron allegados al organismo.
CLARÍN
La “nacionalización” de YPF Por impulso de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi -dueña del Banco de Santa Cruz- compra en 2008 el 14% de YPF por unos US$ 2.000 millones. Para esa operación usan dos sociedades que arman en España: Petersen Energía y Peterson Inversora.
La mitad del monto se paga con un crédito de un consorcio de bancos encabezado por el Credit Suisse y garantizado sólo con las acciones de la petrolera. Los otros 1.000 millones de dólares los presta la propia Repsol a los Eskenazi, quienes se plantean solventarlo con los dividendos que consiguieran de la explotación de YPF. En resumen, sin aportar fondos propios.
Lo que más llama la atención de esa operación es que Repsol haya aceptado vender y los bancos hayan aceptado prestar una suma tan alta sin garantías. Se sospecha que los intereses de los fondos de Santa Cruz (provenientes de US$ 630 millones de regalías petroleras más los US$ 1.100 millones que Santa Cruz recibió por la privatización de YPF un 1999) fueron usados como garantía oculta. En la jerga bancaria, un “back to back”.
En mayo de 2011, los Eskenazi ampliaron otro 10% su participación en YPF, con lo cual llegan a tener el 25,46%. Por ese 10% pagan US$ 1.304 millones con un esquema similar a la adquisición anterior: US$ 700 millones de un crédito de bancos y los otros US$ 600 millones de un crédito de la propia Repsol.
La española se queda en ese momento con el 58% de la empresa. Otro 16% está en manos de fondos e inversores internacionales, y el resto quedó repartido entre el Estado Nacional, las provincias de Chubut y Formosa y el Programa de Propiedad Participada.
La expropiación. Necesitado de dinero, el Gobierno de Cristina Kirchner expropia en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi. Sólo toma las acciones que pertenecían a Repsol. Previamente, hace caer el precio de las acciones congelando el valor de los combustibles y quitándole a YPF áreas de exploración en el interior del país. Roberto Baratta, el hombre de De Vido en YPF, que siempre había votado a favor de los Eskenazi, pasa a cuestionar todas las acciones de la empresa.
El pago de la indemnización a Repsol. En febrero de 2014, el gobierno de Cristina le pagó US$ 6.000 millones a Repsol por el 51% de la compañía que había expropiado. Apenas un año y medio después, el valor bursátil de la empresa era menos de la mitad de lo que tenía en la fecha de ese pago.
Los juicios contra la Argentina. Las dos sociedades españolas que los Eskenazi habían usado para comprar su parte de YPF dejan de pagar a los bancos y se declaran en quiebra. El síndico de la quiebra española subasta las acciones de los Eskenazi en Nueva York y también subasta el derecho a litigar contra el Estado argentino e YPF por el perjuicio que significó la expropiación.
El fondo buitre Burford Capital LLC se queda con el juicio. Acuerdan que se quedará con el 70% del eventual beneficio y el 30% restante quedará para los acreedores de la quiebra. Ese juicio se sustancia desde marzo de 2015 en los tribunales de Nueva York y el Estado argentino perdió en primera instancia. Tras la apelación, ahora la controversia se dirime en los tribunales de segunda instancia. El sábado, Fabián Rodríguez Simón, asesor de Mauricio Macri y miembro del directorio de YPF, viajó a Nueva York para la apelación.
Hay un segundo juicio en marcha contra la Argentina, y es el que lleva adelante desde el año pasado el fondo buitre Eton Park, que se considera perjudicada por la expropiación. El reclamo de los dos fondos buitre alcanzaría los US$ 5.000 millones.
Los papeles de Aldo Ducler. Con los dos juicios en marcha, el abogado de Ducler, Roberto Durrieu, se contactó con funcionarios del Gobierno para ofrecer la documentación sobre las maniobras secretas para la apropiación de YPF. Dicen que lo hizo a cambio de dinero. Durrieu es, también, abogado de Cristóbal López y sobrino de Federico de Achával, socio de López en el negocio del juego.
El martes pasado, Ducler presentó un escrito ante la Unidad de Información Financiera en el que prometió entregar todos los detalles del recorrido internacional de los fondos de Santa Cruz bajo el mando de Néstor Kirchner y también el papel que desempeñó ese dinero en la adquisición de YPF por parte de los Eskenazi. Dos días más tarde, Ducler apareció muerto, en circunstancias aún no aclaradas por completo.
El abogado y accionista minoritario de la petrolera, Ricardo Paz Herrera, confía a MDZ sus sentimientos y temores por la muerte de Aldo Ducler.
El viernes pasado por la mañana, un amigo me envió un mensaje a mi celular contándome que había escuchado por la radio que la muerte de Aldo Ducler estaría relacionada con el fraude a YPF, los Eskenazi y los fondos de Santa Cruz.
No le preste demasiada atención al asunto, hasta que ese mismo viernes por la noche, leí la carta que Aldo Ducler e hijo presentaron ante la UIF.
La carta me dejó sumamente consternado, ya que conceptualmente decía lo mismo que yo he venido denunciado desde el 2010 respecto a la trama delictual vinculada con los fondos de Santa Cruz, el Credit Suisse, el ingreso de los Eskenazi a YPF, el pago de dividendos y honorarios millonarios e ilegales, el atroz vaciamiento a YPF, el salvataje de Slim para encubrir a los Eskenazi y los Kirchner, el fraude de los millonarios juicios que los Eskenazi a través del fondo Burford, entablaron contra YPF y el Estado Nacional ante el juez Griesa en el 2015.
Estos temas, los traté en mis denuncias ante la SEC, en mi declaración en Washington en octubre del 2015 ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en los videos que difundí a través de la redes sociales en octubre del año pasado, en las 7 demandas judiciales que presenté en los tribunales comerciales de Buenos Aires y en las sendas cartas enviadas Galuccio, Kicillof, Omar Félix, entre otros, directores de YPF todos ellos, y a los cuales los denuncié públicamente como los "encubridores" del mayor fraude de la historia de nuestro país.
No solo la similitud de lo denunciado me causó el estado de consternación antes aludido. Además reviví el mal momento que pase en marzo de 2015 cuando recibí un llamado telefónico amenazando a mi familia, la cual se compone de 5 hijos pequeños cuya información de sus quehaceres diarios solo era accesible para alguien que tenía verdaderas intenciones de hacer daño, y por tal debía realizar una minuciosa investigación.
En aquel marzo del 2015 estaba investigando, mediante llamados telefónicos, mails y entrevistas, el tema relacionado con los Eskenazi y el fraudulento juicio que tramita en USA contra YPF y el Estado Nacional por una suma que supera los 4,000 millones de dólares.
Ante artera amenaza le envié mails a amigos, políticos y periodistas cuyos contactos obtuve a través de las redes sociales, contándoles a todos ellos lo que me había pasado y que estaba investigando.
Rápidamente recibí el generoso apoyo del ex diputado, el ingeniero Mario Cafiero, a quien conocía de haber conversado tan solo en una ocasión. Juntos trabajamos en una denuncia, que trata los hechos narrados por los Ducler en su carta ante la UIF.
El ingeniero Cafiero valientemente asumió los riesgos del caso al estampar su firma en la denuncia que se identifica como la Causa N° 8270/15, la cual fue radicada en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Rafecas, y al parecer la misma no ha mostrado ningún avance.
Lamento el fallecimiento del Sr. Ducler, y acompañaré a su familia en mis oraciones, rogando también que la misma haya sido por causas naturales, porque al parecer nuestros destinos se han entrelazado de una manera muy extraña.
