Negocios entre la estatal y compañías de familiares de ejecutivos para el período 2013-2015, según auditoría:
Informe reservado señaló que, a juicio del organismo, parte de este monto no fue registrado de manera correcta en el sistema SAP. Además, indica que la mayoría de las transacciones con relacionados fue vía asignación directa.
Millonarios contratos entre Codelco y compañías de familiares de altos ejecutivos y directivos de la estatal figuran entre los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoría que el organismo realizó en la minera, abarcando el trienio 2013-2015.
En un documento reservado -al que tuvo acceso “El Mercurio”- se lee que en estos ejercicios, la estatal contrató, en la mayoría de los casos de manera directa, a empresas relacionadas por un monto de US$ 783,2 millones.
En el informe final de la Contraloría -que fue tratado de manera reservada por el contralor, Jorge Bermúdez, en su asistencia ayer a la comisión de Minería y Energía de la Cámara- se establece también que parte de estos contratos con relacionados no fueron registrados como tales en el sistema SAP, un software de gestión.
De acuerdo con el análisis de Contraloría, 32 firmas que concretaron negocios con Codelco entre 2013 y 2015 no fueron registradas en el SAP, pese a que eran relacionadas y que los funcionarios así lo informaron en su minuto.
El documento indica que solo se habían registrado de manera adecuada contratos por US$ 520,9 millones. Este error, a juicio de Contraloría, “distorsiona la información contenida en el mismo respecto de la cuantificación de los negocios celebrados por la Corporación con personas relacionadas, y eventualmente, puede conllevar a que no se soliciten las autorizaciones establecidas”.
A juicio del organismo dirigido por Jorge Bermúdez, Codelco en el período auditado no utilizó como procedimiento general la licitación pública. Indica que del monto correctamente ingresado en el SAP (US$ 520,9 millones), el 92,47% fue asignado mediante trato directo, licitación privada y proveedor único.
De todas maneras, los contratos con empresas relacionadas representan el 2,88% de los contratos totales de la estatal. Sobre este aspecto, en ocasiones anteriores Codelco ha señalado que la nueva administración ha impuesto reglamentos más exigentes, incluso por sobre lo que establece la norma.
Ayer, el contralor asistió a las comisiones de Minería y Energía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, en donde aprovechó de responder a los cuestionamientos que Codelco ha realizado por sus controles.
En su presentación en la Cámara explicó el dictamen que se refería a la indemnización de un ex director por $511 millones, indicando que este era un análisis particular, pero que no cuestionaba la facultad de la empresa de hacer negociaciones colectivas.
Enfatizó que la compañía puede negociar colectivamente, pero aplicando los principios de probidad, eficacia y eficiencia. “No tiene libertad absoluta para pactar cualquier cosa; no puede ser, debe tener a la vista estos tres principios, es todo lo que dice el dictamen”.
Respondió, también, al planteamiento del presidente de Codelco, Óscar Landerretche, respecto a que la interpretación del organismo haría que la minera se administrara como un servicio público. “No estamos en una dicotomía entre empresa versus servicio público, como se ha querido caricaturizar a la Contraloría con su dictamen. El mundo no es binario, hay muchos grises, y uno de ellos son las empresas del Estado”, respondió.
Sostuvo también que “se ha tratado de contraponer el rol de una empresa del Estado con el de un servicio público, como si servicio público fuera igual a gestión deficiente, cosa de la que discrepo y me parece hasta insultante”.
Añadió que a Codelco, “más que molestar el dictamen en particular -y esta es una opinión personal-, lo que le molesta es el control”.
Explicó que, a su juicio, la polémica levantada es artificial, porque tampoco los dictámenes señalan que la estatal solo deba regirse por la Ley de Compras Públicas, sino que se le aplicarían solo algunos artículos referidos a la contratación de empresas relacionadas, que lo prohíbe, aunque lo autoriza en casos excepcionales, con previa información a la Cámara o Contraloría.
“No sé por qué se plantea una dicotomía entre regirse por la Ley de Compras Públicas o la Ley de Sociedades Anónimas”, apuntó. “El contrapunto es entre el principio de probidad y el control, versus una gestión absolutamente autárquica que es la que se quiere hacer de esta empresa, y eso a mí no me parece”, subrayó.
En cuanto al planteamiento de la estatal sobre la necesidad de una ley interpretativa que resuelva estas diferencias, Bermúdez fue tajante, y señaló que la posición de la Contraloría es que no existen incertezas. “El marco normativo está más que claro (…) una ley interpretativa en ese sentido sería un retroceso en el Estado de Derecho (…) A algún directivo le escuché que iban a contratar tres informes en derecho, otro dijo que iban a ser seis. Bueno, por experiencia, los informes en derecho en la minería cuestan $30 millones, cada uno. Con $30 millones, nosotros contramos a un funcionario y medio por un año. Ojalá tuviéramos nosotros esos recursos, para hacer mejor nuestro trabajo”, cerró.
”A algún directivo le escuché que iban a contratar tres informes en derecho, otro dijo que iban a ser seis. Bueno, por experiencia, los informes en derecho en la minería cuestan $30 millones, cada uno. Con $30 millones, contratamos a un funcionario y medio por un año”.
”No tiene libertad absoluta para pactar cualquier cosa; no puede ser, debe tener a la vista los principios de probidad, eficacia y eficiencia”. JORGE BERMÚDEZ CONTRALOR
