La cita de la FTC con Jorge Bermúdez no llegó a buen puerto, ya que aún hay dudas sobre los alcances del dictamen de Contraloría sobre los planes de retiro e indemnizaciones.
“No hubo entendimiento con el contralor, nosotros seguimos diciendo que no estamos de acuerdo, porque nos dice: ‘la empresa tiene la facultad de negociar, pero en el fondo el que decide soy yo’. Entonces tendremos que negociar con el contralor los planes de retiro o cuando nos toque negociaciones colectivas”. Estas fueron las palabras del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, luego de reunirse con el contralor Jorge Bermúdez, por más de una hora.
La cita fue solicitada por los trabajadores para aclarar dudas respecto al dictamen en el que cuestiona los principios de eficacia y probidad de Codelco al indemnizar con $511 millones al ex dirigente sindical y trabajador de Chuquicamata, Augusto González, tras acogerse a un plan de retiro voluntario. Y es que si bien en respuesta a una impugnación, Contraloría explicó que dicho dictamen no imposibilita que Codelco lleve adelante negociaciones colectivas con sus trabajadores, al interior de los Rol B siguieron las dudas respecto a otros procedimientos como los planes de retiro. “Vinimos a hablar con el controlador para clarificar hasta cuándo teníamos la capacidad de negociar con la empresa, y desde nuestro punto de vista y en conversaciones con el Ministerio del Trabajo también, hay limitaciones respecto a eso”.
Durante la jornada de ayer, los representantes de la FTC además de reunirse con Bermúdez, tuvieron conversaciones con la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, y se espera que durante los próximos días tengan una reunión similar con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Además, según trascendió, también se solicitó una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet, en la que se busca abordar este tema.
En tanto, Jorge Bermúdez asistirá mañana a las comisiones de Energía y Minería del Senado y la Cámara, para explicarle al mundo político los alcances de los últimos dictámenes sobre Codelco. Ayer, el sector minero reiteró la importancia de que Codelco sea calificada como una empresa y no como un servicio público, al tiempo que desde el Cochilco enfatizaron acerca de su rol fiscalizador.
Esto, en momentos en que otro flanco se abre para Codelco. Una investigación interna de la cuprífera, publicada por Radio Bío Bío, reveló irregularidades en la filial de la estatal, Molyb, como el pago de bonos por cerca de $400 millones a ejecutivos que no fueron aprobados por el directorio, y giros de cheques que no cumplieron con los procedimientos interno. Desde el Ministerio de Minería indicaron no conocer la información.