Pese a los reproches cruzados, Washington es el primer comprador de crudo venezolano por un valor diario de 32,2 millones de dólares.

Sharon Hymes desconoce que la gasolina que está descargando desde su camión cisterna procede muy probablemente de Venezuela. Acude una vez a la semana a la gasolinera de Citgo en la calle 9, en el noreste de Washington. Llena su camión en una planta a las afueras de la ciudad, adonde llega el combustible en un oleoducto procedente de Alabama. “No tenía ni idea”, responde Hymes, de 50 años, cuando se le pregunta si sabía que Citgo es propiedad de Pdvsa, la compañía estatal petrolera de Venezuela.

El trabajo de esta conductora supone el eslabón final de la cadena detrás del millonario negocio petrolero de Venezuela con Estados Unidos. Los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump han impuesto en los últimos años sanciones —las últimas el pasado 18 de mayo— contra el entorno de Nicolás Maduro por la deriva autoritaria del presidente venezolano en el empobrecido país caribeño. Maduro acusa a EE UU de orquestar un plan para derrocarle y Trump asegura que Venezuela es un “desastre”. Pero detrás de esa retórica y bajo la amenaza de nuevas penalizaciones de Washington, se mantiene el business as usual en el comercio petrolero.

Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es el tercer suministrador para EE UU. Caracas vendió en 2016 de media 741.000 barriles al día de crudo a Washington, según el registro del Departamento de Energía estadounidense. Teniendo en cuenta el precio de referencia del año pasado, equivale a un negocio de 32,2 millones de dólares al día. Citgo, que Pdvsa controla desde los años ochenta, es el principal comprador de combustible venezolano en EE UU.

Washington solo ha impuesto sanciones individuales a Caracas, por ejemplo a altos cargos políticos y judiciales que tienen ahora bloqueados sus bienes en EE UU. Pero ante el declive democrático en el país latinoamericano, acentuado en las últimas semanas por los intentos de Maduro de reescribir la Constitución para aislar a la oposición, ha crecido la especulación sobre si el Gobierno de Trump se atrevería a adoptar penalizaciones sectoriales. Cualquier paso en esa dirección afectaría a la industria petrolera. El crudo es el sustento de la paupérrima economía venezolana y su único lazo comercial relevante con EE UU.

Un embargo al petróleo venezolano, como el que impusieron EE UU y la Unión Europea a Irán hasta la implementación del acuerdo nuclear, sería catastrófico para Caracas. “Venezuela necesita a EE UU mucho más de lo que EE UU necesita a Venezuela”, dice en una entrevista telefónica Mara Roberts, analista energética en Nueva York de la consultora BMI Research.

Venezuela —que posee las mayores reservas del hidrocarburo del mundo— exportó en 2016 a EE UU el 30% de su producción y colmó el 4% de la demanda estadounidense, según datos citados por la agencia Bloomberg. El envío de barriles cayó el año pasado a su nivel más bajo desde 1991 por las dificultades de producción venezolana, pero el país mantiene una cómoda ventaja frente a México y Colombia, que son el cuarto y quinto suministrador, respectivamente, de crudo a EE UU.

Roberts sostiene que EE UU podría resistir perfectamente un embargo al petróleo venezolano. Lo podría compensar sin que lo notara el consumidor con una mayor importación de otros países, principalmente Canadá, que es con diferencia su principal proveedor. En cambio, Venezuela tiene una “dependencia increíble” del mercado norteamericano.

Un embargo, señala la experta, desencadenaría un triple efecto nocivo para Caracas. Pdvsa tendría que buscar nuevos mercados y más lejanos para compensar el bloqueo de Washington, lo que debilitaría aún más sus frágilesfinanzas, ya muy golpeadas por el descenso del precio del petróleo y la mala gestión interna. Las tres refinerías de Citgo en EE UU tendrían que importar crudo de otros países, lo que también dispararía los costes. Y los ciudadanos venezolanos “pagarían el precio” por el aún mayor ahogo económico que sufriría el Gobierno y que empeoraría la crisis humanitaria en el país.

Habría incluso una cuarta consecuencia retroactiva. Venezuela ya no podría comprar, como hizo por primera vez a principios de 2016, petróleo estadounidense —que diluye en el suyo, que es más pesado— para compensar el declive de su producción por la escasa inversión.

En la gasolinera de Citgo en Washington, el comercio petrolero y las tensiones políticas entre EE UU y Venezuela se perciben lejanas. Si es que alguien las percibe. “No me preocupa mucho”, dice Solomon Alemu, un etíope de 35 años que trabaja como cajero en el establecimiento.

Alemu explica que sabe que Citgo es propiedad del Estado venezolano porque lo vio en la tarjeta de un representante comercial que vino una vez a la gasolinera. Pero cuando se le inquiere de nuevo, responde más serio: “No necesito a Venezuela en crisis. Me importa en el sentido de que si le va mal a Citgo, podría perder mi empleo”.

El gobierno de Estados Unidos (EE UU) afirmó este martes que la compra por parte de Goldman Sachs de bonos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa por valor de 2.800 millones de dólares es "altamente problemática" debido la "potencial ilegitimidad" de la operación ante la falta de aprobación por parte de la Asamblea Nacional.

"Claramente, hay preocupación en las mentes de todos los que están mirando para realizar este tipo de compras de deuda hoy, es altamente problemática", aseguró un alto cargo del Departamento de Estado en una conferencia telefónica para comentar la crisis venezolana.

El funcionario, que pidió mantener el anonimato, apuntó a las advertencias del Parlamento "a todas las instituciones financieras, tanto venezolanas como extranjeras, sobre la potencial ilegitimidad de los acuerdos alcanzados sin la aprobación" del legislativo".

Precisamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, envió una carta dirigida al jefe ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en el que le advierte que los compromisos económicos hechos con el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro no serán válidos en un futuro Gobierno democrático.

"Venezuela y su futuro gobierno democrático no olvidará donde estuvo Goldman Sachs cuando le tocó decidir", afirmó Borges en la misiva enviada este lunes.

La inversión se produce en medio de una ola de protestas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro que en ocasiones acaban en violencia y, desde hace casi dos meses, han dejado 59 muertos y un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía.

El departamento de gestión de activos de Goldman Sachs pagó 31 céntimos por dólar, es decir, unos 865 millones, por los bonos emitidos por la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2014, que vencen en 2022.

El precio de los bonos, que estaban en posesión del Banco Central de Venezuela (BCV), supone una notable rebaja respecto del mercado de valores venezolano que vence el mismo año.

Los bonos venezolanos se comercializan ampliamente por su alta rentabilidad, dada la mala situación económica del país caribeño, que encadena años de recesión y se encuentra cerca de la hiperinflación, y por el compromiso expresado por el presidente Nicolás Maduro de pagar las obligaciones de deuda.

Si Caracas cumple con el pago, el banco de inversión de Wall Street obtendría unos beneficios cercanos al 40 %

Por su parte, Goldman Sachs defendió hoy la operación en un comunicado remitido a Efe en el que indicó que invirtieron "en bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) porque, como muchos otros en este sector, creemos que la situación en ese país tiene que mejorar con el tiempo".

Asimismo, explicó que esos bonos, que fueron emitidos en 2014, se compraron en los mercados secundarios a través de un bróker en una operación en la que no interactuaron directamente con el Gobierno venezolano