Esta mañana, ATE junto a los sindicatos La Fraternidad, APS y Luz y Fuerza concurrieron a las reuniones de comisión en la Cámara de Diputados. Luego de reunirse con la comisión de energía lograron conseguir que Omar Zeidán sea convocado a la Cámara de Diputados de la provincia.

Hoy en horas de mediodía se realizaba la reunión de comisiones en la "Honorable Legislatura” de la provincia. En este contexto Mauricio Pellegrini, Secretario de Acción Política de ATE Santa Cruz encabezó la reunión en representación de los trabajadores del Complejo ferro Portuario de Punta Loyola.

El dirigente manifestó "concurrimos a la reunión de comisión que estaba presidida por el diputado Mazú y a la cual se sumaron diputados de otras comisiones que deseaban estar durante nuestra exposición”.

"Allí – agregó- Pellegrini expusimos junto con el compañero Cristian Oliva, de Río Turbio y Adrián Campos de la Junta Interna de ATE Loyola remarcamos sobre la actualidad y la incertidumbre que atraviesan nuestros compañeros ante las declaraciones que realiza el Interventor de la empresa”.

"En este marco de situación y ante la incertidumbre que generan esas declaraciones, que no ponen luz ante los trabajadores que no son informados acerca de las inversiones, en cómo se van a realizar y mucho menos habla sobre la continuidad de los trabajadores en Punta Loyola”, dijo Pellegrini.

"Los legisladores integrantes de la comisión tomaron nota de las explicaciones que dimos en conjunto con La Fraternidad , APS, Luz y Fuerza y de manera unánime y con el apoyo de los diputados de la oposición y del oficialismo logramos arrancarle un compromiso para interpelar al Interventor de YCR, Omar Zeidán quien será citado para el día 15 de Junio a las 18:00 para que dé explicaciones y clarifique acerca de las intenciones que tiene esta intervención sobre la continuidad del Puerto de Punta Loyola”, Señaló.

Finalmente Pellegrini aseveró:” esperemos que Zeidán de la cara, los trabajadores de Punta Loyola a quienes ATE representa necesitan tener certeras precisiones acerca de la continuidad de sus puestos laborales y de la cantidad y calidad de inversiones que se realizarán en la locación”, finalizó.

LUCIANA SALINAS

En la causa que investiga la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio (Santa Cruz), una de las promesas energéticas fallidas del kirchnerismo, el ex ministro de Planificación Julio De Vido quedó sobreseído nuevamente por el juez Claudio Bonadio, al igual que el ex gobernador Daniel Peralta. Pero la decisión del magistrado, que tuvo que reabrir el caso el año pasado tras la decisión de la Cámara Federal, obtuvo la resistencia del Ministerio Público Fiscal: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló el sobreseimiento del ex funcionario K, remarcando que a raíz de un informe de la SIGEN se “permite sostener que el monto final equivale a la construcción de dos centrales termoeléctricas de iguales características”.

Este nuevo fallo que favorece a De Vido se conoce cuando se reabrió la polémica por supuestas maniobras judiciales y políticas para favorecerlo. La diputada Elisa Carrió, días atrás, apuntó directamente contra funcionarios del propio oficialismo. En este caso, lo llamativo es que la apelación a la decisión de Bonadio vino desde una dependencia que responde a la procuradora Alejandra Gils Carbó, de pública militancia kirchnerista.

La causa por la Usina de Río Turbio se inició por una denuncia del entonces diputado Juan Carlos Morán, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica, a cargo de la firma española Isolux Corsán. La principal sospecha era la comisión de fraude en perjuicio del “patrimonio nacional y contra la salud pública”, consignando que el costo de la obra “superaría en un 174% el pagado en Chile por una central de similares condiciones”.

El año pasado, la Cámara Federal ordenó a Bonadio seguir investigando a De Vido y a Peralta por posible sobreprecios: ya los había sobreseído pero debió reabrir la causa. Hasta que el 4 de mayo, por pedido del fiscal Guillermo Marijuan, el magistrado decidió sobreseer otra vez a los dos ex funcionarios. Concluyeron a raíz de un peritaje ordenado, que el costo de licitación de la obra “fue razonable”, en relación a valores internacionales del momento.

Sin embargo, según un lapidario informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la Usina Térmica, que fue incorporado a la causa, la obra modificó 11 veces su monto inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original.

Pese a ello, la fiscalía concluyó que la auditoría “no guarda relación con el contrato de la construcción de la central”. “No existen elementos para avanzar en la imputación de los acusados”, resolvió Marijuan, algo en lo que coincidió el juez Bonadio.

El informe de la SIGEN es parte de otra causa que inició Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) dependiente de Energía, contra De Vido, por presunta malversación de fondos (que incluye la Usina) por 26.000 millones de pesos.

Con la Usina detenida hace más de un año y sin finalizar, los fiscales Sergio Rodríguez y Andrea Garmendia, de la PIA, apelaron el sobreseimiento de De Vido considerando que no “fueron agotadas” todas las instancias de la investigación. Plantearon que es “un riesgo” resolver de esta manera y que las “11 variantes aplicadas respecto al precio, permiten sostener que el monto final equivale a la construcción de dos central termoeléctricas de iguales características”. Incluso retomaron parte del descargo del interventor de YCRT, que sostuvo en la Justicia que hubo "incumplimientos en el contrato" generando "ganancias económicas para la empresa".

Pese a que la defensa de De Vido consideró que la apelación del a PIA estaba fuera de término, la Cámara Federal dio lugar y ahora deberá el Tribunal de Alzada definirá el futuro del ex ministro en esta causa.