La constructora brasileña Odebrecht, cuyo expresidente Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de cárcel por corrupción, no sólo hizo negocios con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En Michoacán, también dejó diversas irregularidades.
Lo anterior se desprende de un reportaje publicado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el que destaca que la empresa construyó en Michoacán una presa al doble de su costo original, y la entregó incompleta, con deficiencias y con más de cuatro años de atraso.
Originalmente la presa “Francisco J. Múgica” –ubicada en Tierra Caliente– se debió haber concluido en octubre de 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada hasta inicios de 2013 a un costo de 2 mil 915 millones de pesos, de acuerdo con documentos obtenidos por MCCI.
El 86% de la obra se ejecutó con fondos estatales y el 14% federales, según el texto firmado por Raúl Olmos.
El contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que significa que estaba garantizado que el costo de la obra no se incrementaría.
Sin embargo, esa modalidad no fue respetada, pues al asumir Leonel Godoy la gubernatura, le otorgó a Odebrecht, en forma ilegal, una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos, y autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más.
Entre julio de 2009 y junio de 2010, Godoy autorizó a Odebrecht contratos extra por mil 414 millones de pesos para la conclusión de la presa. Además, su gobierno aprobó a la constructora terminar la obra hasta principios de 2012, lo que tampoco cumplió, pues la entrega se realizó hasta 2013.
Dos auditorías revelaron que Odebrecht entregó una obra malhecha e incompleta.
El proyecto original garantizaba la dotación de mil litros de agua por segundo para riego agrícola, pero sólo se construyó infraestructura para conducir 500 litros por segundo, es decir, la mitad.
El texto de MCCI sostiene que la mala planeación de la obra provocó que la presa se construyera sobre tierras en litigio, y ahora el gobierno de Michoacán deberá restituir a campesinos las mismas que ocupa la presa y deberá pagar 9 millones 315 mil pesos por daños, según establece una sentencia a favor del ejido Naranjo de Tziritzícuaro dictada desde agosto de 2013 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, y que fue ratificada en 2016.
El 25 de agosto de 2006, el gobierno de Michoacán, que en aquellos días era encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, lanzó la convocatoria para participar en una licitación pública para la construcción de la presa y de la infraestructura necesaria para llevar agua a dos módulos de riego en la región de Tierra Caliente, afectada con frecuentes sequías.
MCCI solicitó al gobierno de Michoacán copia de todos documentos del proceso de licitación para conocer las propuestas de cada empresa concursante. Sin embargo, lo único que entregó fue la copia del contrato firmado con Odebrecht y sus respectivas ampliaciones. La obra fue asignada el 6 de noviembre de 2006 y el contrato se formalizó tres semanas después por el coordinador de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Vallejo Esquivel, y por Fernando Antonio Costa Martins y José Vito Facciola Junior, representantes legales de Odebrecht.
La firma del contrato se realizó pese a que se carecía de autorizaciones federales. Fue hasta un año después, en diciembre de 2007, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el resolutivo positivo de manifestación de impacto ambiental. Mientras que el aval de la Comisión Nacional del Agua (CNA) se tramitó en mayo de 2007 –seis meses después de asignado el contrato– y se obtuvo el permiso de construcción 3769 hasta el 5 de marzo de 2008.
Pero todavía faltaban más permisos. En septiembre de 2009 –cuando la obra ya debía haber sido terminada– la CNA otorgó la concesión del uso de la zona federal del Río Marqués sobre el que se construiría la presa. En una auditoría realizada en 2014, se descubrió que la obra carecía de permiso de interconexión para enlazar con la red nacional otorgada por la Comisión Federal de Electricidad y tampoco se tenía autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de un cruce con la autopista.
El 14 de febrero de 2008, Leonel Godoy sustituyó en la gubernatura de Michoacán a Lázaro Cárdenas Batel, tras ganar la elección estatal como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cuando asumió el poder, uno de sus objetivos fue concluir la presa “Francisco J. Múgica”. Para ello, ordenó eludir el proceso de licitación para un nuevo contrato a Odebrecht, mediante un acuerdo gubernamental emitido el 14 de julio de 2009.
Dicho acuerdo autorizó a adjudicar en forma directa a la constructora brasileña dos obras complementarias de la presa: la construcción de una planta hidroeléctrica y un sistema de riego, con una inversión de 813 millones 366 mil pesos. Al día siguiente de la publicación del acuerdo gubernamental, se firmó el contrato con los representantes legales de Odebrecht, Antonio Costa Martins y Vito Facciolla.
Una vez más, el contrato fue a precio alzado bajo la modalidad “llave en mano”, lo que significaba que no se podía modificar ni el costo ni el plazo de ejecución. Para este nuevo contrato se acordó concluir la obra en 900 días naturales, a partir del 15 de julio de 2009. El 3 de junio de 2010, Odebrecht presentó al gobierno de Leonel Godoy la petición para adecuar el contrato original de construcción de la presa, con el argumento de que habían realizado obras no incluidas en su oferta inicial.
El ajuste fue por 601 millones de pesos, de los cuales el 73% era para trabajos complementarios en la presa y el 27% de obras de conducción y canales. Con este ajuste, el costo de la obra hidráulica ya se había duplicado, al pasar de mil 500 millones de pesos a 2 mil 915 millones.
El plazo original para concluir la obra era el 25 de octubre de 2008, pero mediante un acuerdo firmado el 6 de mayo de 2008, el gobierno de Leonel Godoy permitió a Odebrecht aplazar la entrega hasta mayo de 2011. Además, en el contrato adicional de la hidroeléctrica y de las obras complementarias de riego se fijó como plazo enero de 2012.
Pese a lo anterior, el gobernador michoacano decidió inaugurar la presa cuando todavía no terminaban los trabajos. El 5 de febrero de 2011, Leonel Godoy encabezó el acto de apertura acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y de los presidentes municipales de la región de Tierra Caliente.
En su discurso dijo que la obra hidráulica “se inscribe dentro de la más pura tradición del cardenismo y cumple el compromiso de llevar justicia social al campo michoacano”. En aquel acto, el residente de ingeniería y planeación de la presa, Everardo Urquiza, reconoció que la obra estaba inconclusa, pues faltaba por terminar la hidroeléctrica y una planta de bombeo para irrigar 500 hectáreas del ejido Naranjo de Tziritzícuaro. La obra finalmente fue entregada hasta 2013, dos años después de haber sido inaugurada.
