En la cuenta regresiva para el comienzo formal del intercambio de información con Brasil por las derivaciones locales del "Lava Jato", la Justicia local puso por primera vez la lupa sobre el entramado empresario que pudo haber sido parte de la red de sobornos del gigante brasileño para obtener obra pública a nivel local y, en particular, vinculada al soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Así, el fiscal federal Franco Picardi amplió la solicitud de medidas de prueba y solicitó que se investigue a los directivos de IECSA, por entonces bajo propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Además, insistió con la responsabilidad de los exfuncionarios K vinculados al Ministerio de Planificación Federal, de quien dependía el área de Transporte que autorizó los distintos pasos de la licitación que ganó Odebrecht y que fue analizada como irregular con maniobras de "cartelización" por parte de las empresas.
Para el fiscal hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública derivado del "Lava Jato", sobre el que enumeró la cantidad de exhortos y solicitud de pruebas aún no respondidas. Picardi tiene a su cargo una de las causa de sobornos que vinculan la obra del soterramiento del Sarmiento a partir de correos supuestamente intercambiados entre Manuel Vázquez (asesor del exsecretario Ricardo Jaime) y Mauricio Couri Ribeiro, representante local de Odebrecht. El fiscal solicitó al juez Marcelo Martinez De Giorgi una veintena de medidas, entre ellas el entrecruzamiento de teléfonos entre los empresarios y los exfuncionarios.
Ese análisis incluye al detenido Jaime, su presunto testaferro, Vázquez y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, IECSA SA y COMSA SA, con sede o filial en el país", afirmó el dictamen al que accedió Ámbito Financiero.
Secreto confirmado
Mientras tanto, a través de un oficio, la Justicia de Brasil confirmó el adelanto de este diario acerca del inicio paulatino del aporte de información a la Justicia argentina, que deberá además resguardar el secreto sobre el contenido de las declaraciones y las pruebas que comiencen a ser remitidas una vez que se cumplimenten los pasos formales y Brasil autorice el goteo de los datos.
El documento firmado por Rodrigo Janot menciona sólo que "existe la posibilidad" de que esa información trascienda fronteras si lo autoriza el Superior Tribunal de Brasil, pero que siempre deberá hacerlo en términos confidenciales. El siguiente paso quedará a cargo del subprocurador José Bonifacio Borges de Andrada, que fijará reuniones en Brasilia para analizar cómo continuará el flujo de las pruebas con un delegado designado por Alejandra Gils Carbó.
Imputaciones
También se incluyó en el dictamen al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez y requirió que se determine si hubo visitas a Planificación. Picardi pidió que se informe "si Jorge Rodríguez, Javier Sánchez Caballero (principal ejecutivo de IECSA), así como los representantes y sujetos vinculados con las empresas integrantes del consorcio ganador (IECSA, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora, Ghella SPA)" están informados en el registro de ingresos de alguna área del Ministerio de Planificación entre 2005 y 2014.
En el cúmulo de pruebas que se busca encadenar figura si hubo audiencias a los ganadores de la licitación para Sarmiento con funcionarios de Planificación y otras áreas, como Ministerio del Interior y Economía. Por otra parte se solicitó a la Jefatura de Gabinete de la Nación un detalle de pagos hechos en esos años para la obra de soterramiento. Adicionalmente que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) realice "un amplio análisis técnico del expediente administrativo S01:0025176/2006", que refiere a esa obra. Se presume que allí radicaron las irregularidades sobre las que se habrían canalizado los sobornos.
Entre las medidas que ahora deberán se arpobadas por Martínez De Giorgi, se pidió a la Dirección Nacional de Migraciones un informe de salidas y entradas del país de todos los empresarios y exfuncionarios imputados. Además solicitó informes patrimoniales amplios sobre Jaime y Vázquez y sus familiares directos y que se pida a Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal un "análisis del entramado societario de las empresas que compitieron en la licitación del soterramiento". El fiscal puso de relieve que había solicitado informes a la AFIP y al BCRA pero que nunca fueron recibidos. En ese paquete se encuentran informes de cuentas bancarias, transferencias, montos, giros o transferencias del exterior.
Parte de la evidencia que compromete a Calcaterra -y que deberá ser verificada por la Justicia argentina- proviene de elementos secuestrados por la Policía Federal de Brasil y del back up reconstruido de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, uno de los ejecutivos de Odebrecht que desembarcó en la Argentina durante el kirchnerismo. En esos intercambios que datan de junio de 2010 se hacen los arreglos para discutir el pago de una "propina" (soborno) con Sánchez Caballero, hombre de Calcaterra. El destino serían funcionarios del Gobierno nacional.
Picardi apuntó a operaciones que vincularon a las firmas "Klienfeld Service LTDA, Constructora Internacional del SUR SA, Innovation Engineering and Research y Pribont Corporation", a través de las cuales se sospecha pudieron blanquearse esos sobornos para la principal obra de Odebrecht en el país. De la computadora de Couri Ribeiro se habían borrado 260 registros con esas palabras clave.
