El pasado 9 de marzo, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, con el voto decisivo del intendente, determinó rechazar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero- portuario Dominga, que se emplazaría en la comuna de La Higuera y proyecta una inversión por US$2.500 millones.

A juicio del Presidente Ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, la determinación de las autoridades locales fue “autoritaria y arbitraria” y por ello, dice, la reclamación para revertir este fallo ante el Comité de Ministros se sustenta precisamente en los argumentos dados a conocer en esta instancia por el jefe regional y los seremis, quienes a su parecer transgredieron la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Cuentan con argumentos sólidos, afirma, así que confía en que a fines de julio u agosto puedan revertir esta situación y contar con una RCA positiva. De ser así, asegura que pondrían en marcha el proyecto a fines de este año.

-El 2 de mayo ustedes presentaron la reclamación ante el Comité de Ministros. ¿Cuáles son sus argumentos?

“La base de sustentación de la reclamación sobre la cual nosotros pedimos que se revierta la RCA negativa es una transgresión al pacto social democrático que venimos construyendo en este país durante los últimos 30 o 35 años, me refiero específicamente a la institucionalidad. Como ejemplo, puedo decir que el intendente, que votó 2 veces rechazando, en sus argumentos después de haber hecho una larga reflexión, dice expresamente que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Dominga, a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), que es el instrumento que define la institucionalidad y que le da competencias para resolver lo técnico, cumple a cabalidad con la institucionalidad ambiental, no obstante, lo que argumenta es que ese sería el desde, el mínimo”.

-Claro, el apuntaba a que se requerían estándares mayores…

“Lo que yo quiero remarcar, es que él puede tener personalmente legítimas aprensiones respecto a la institucionalidad ambiental, pero como autoridad pública, democrática, tiene que atenerse al acuerdo social democrático y que el poder legislativo es quien define cuál es el estándar y el nivel que requieren los proyectos.

Entonces, si el ICE dice que nosotros cumplimos a cabalidad con la institucionalidad y él lo reconoce en su argumentación, en nuestra opinión eso altera este acuerdo social y muestra un autoritarismo del que habíamos evolucionado y habíamos ido saliendo en este país. Me refiero con autoritarismo a que él define cuáles serían esos estándares, pero este trabajo que se ha hecho por 3 años y medio, por muchos profesionales serios, con 26 millones de dólares involucrados, pero dice a mi no me gusta por lo tanto rechazo e incluso no describe cuáles son esos estándares mayores y ahí vemos un autoritarismo preocupante.

La reclamación básicamente se sustenta en que la argumentación que dieron los seremis y el intendente transgrede el pacto social democrático de este país, es decir, el Estado de Derecho y nuestra esperanza está puesta en que en el Comité de Ministros nos permita revertir y subsanar esta trasgresión que creemos no solamente afecta al proyecto Dominga, sino que a la región y el país entero”.

-¿A su juicio fue como se dijo en ese momento entonces, un tema más bien político y no técnico el que primó?

“Es político en el buen sentido, es de políticas públicas, la discusión tiene que ver con que uno cumple o no cumple el rol institucional que se le ha encomendado a esas autoridades, que están mandatadas por el pueblo, por la democracia, que ellos no cumplieron, porque no pueden votar arbitrariamente, tienen que hacerlo en consistencia, en coherencia con el informe de calificación ambiental. Incluso, en la reclamación hay citas del senador Guido Girardi quien tuvo una discusión muy interesante cuando se legislaba respecto al ICE.

Es decir, este instrumento aquí debe ser considerado y si no es considerado deben darse argumentos que puedan rebatir los antecedentes que da. Eso es lo que no hizo ni el intendente, ni el seremi de Energía, ni el seremi de Salud, ni el de Transportes. Eso en nuestra opinión es una arbitrariedad y da cuenta de un autoritarismo que finalmente inhibe poder ir a la discusión de fondo”.

-En la reclamación ustedes incluyen además una propuesta de un Centro Científico. ¿En qué consiste?

“La base de nuestra reclamación es restablecer el pacto social democrático, el Estado de Derecho. A uno le puede gustar o no gustar, pero nosotros definimos una cancha donde jugar y eso tiene un valor social de respeto a la diversidad, eso es la institucionalidad ambiental. En ese contexto, lo que decimos es que nosotros cumplimos a cabalidad con la institucionalidad y pedimos que se restablezca ese daño que se generó en la Comisión de Evaluación regional”.

“Pero además, en la misma reclamación, entregamos una propuesta en la que planteamos un centro de estudios, independiente y autónomo de la compañía, nosotros solamente tendríamos que financiarlo y que esté localizado en la región, que tenga actores importantes. Lo que haría sería entregar información en línea, minuto a minuto y que vaya elaborando, procesando información respecto a los objetos de protección que existen en el área marítima y que permita finalmente orientar a la autoridad ambiental para que lo haga vinculante respecto a nuestros planes de manejo. Nosotros estamos diciendo implícitamente que esa información, cualquiera que sea, si tenemos que cambiar nuestra forma de operar, por ejemplo en el trayecto de los barcos, su velocidad, la vamos a acatar. Estamos dispuestos y nuestro objetivo es cuidar, proteger y preservar la biodiversidad tan particular que hay en esta zona”.

-Con todos estos argumentos que usted indica. ¿Confían es que obtendrán una recepción positiva en el Comité de Ministros?

“Confiamos plenamente en que en el Comité de Ministros se restablezca la institucionalidad. Lo que nosotros estamos apuntando es a que se restablezca la transgresión al Estado de Derecho, es decir, que las autoridades tienen un marco que les da la institucionalidad para ellos poder actuar. En este caso nosotros damos antecedentes contundentes para mostrar que aquí se actuó arbitrariamente y autoritariamente y en base a los antecedentes técnicos consolidados en el ICE el Comité de Ministros debería revertir ese daño causado no solamente a nosotros, sino que a toda la comunidad”.

-En este sentido, si bien puede haber un fallo en el Comité de Ministros, usted dice que se les afectó no solo como empresa, sino que a toda la comunidad. ¿Con posterioridad consideran otro tipo de acciones legales en contra de las autoridades involucradas?

“La verdad es que lo hemos analizado, pero nuestra conclusión es más bien proactiva, de producir valor social, por lo tanto nuestro foco está en restablecer esa transgresión, no en buscar acciones puntuales con personas. Eso es lo que va a permitir construir un proyecto Dominga, que estamos hablando de una compañía 3.0, que tenga en su núcleo el maximizar los excedentes para los accionistas, pero también preocuparse seriamente del medio ambiente y también de lo social, que exista una construcción de valor social con las comunidades, con la región y con el país, eso más que estar en querellas o acusaciones personales, creemos que esto no es personal”.

-En cuanto a los plazos ¿Cuando esperan ya tener una respuesta del Comité de Ministros?

“Son 60 días hábiles, está ya por empezar a contar el reloj, por lo tanto estamos pensando que a finales de julio o agosto debería el Comité de Ministros, si les parece pertinente, citar a reunión para considerar los argumentos que estamos planteando”.

-De tener una respuesta positiva. ¿Cuándo pretenden iniciar trabajos?

“Pensamos que si en agosto se revierte la RCA negativa, podríamos empezar con obras tempranas ya hacia finales de año, en noviembre, diciembre y ya se vería un aumento significativo en la inversión en la región. Pero hay que esperar la reclamación en el Tribunal Ambiental, porque sería obvio que nuestra oposición trataría de recurrir a esta instancia. No obstante, tenemos mucha confianza de que el Tribunal Ambiental debería considerar el ICE y su robustez”.

-¿Les complica que justamente este año se electoral? ¿Los perjudica este escenario?

“La verdad es que no nos complica, porque la verdad es que hemos experimentado tantos embates, ampliamente conocidos, que en realidad lo que nos interesa ahora es que realmente se discuta a cabalidad, en profundidad la propuesta de Dominga y que sea totalmente transparente. Creemos que nuestro EIA, el proyecto mismo desde un punto de vista económico, el aporte social que estamos tratando de hacer a través de crear valor compartido con la comunidad y con la región son aportes sustantivos al desarrollo del país. No tenemos ningún miedo que se discuta, el miedo nuestro es que esto se ponga debajo de la alfombra y se dilate, esa es nuestra aprensión”.

-Claro, porque actualmente incluso hay una comisión en la Cámara de Diputados…

“La Cámara de Diputados es muy interesante, la hemos seguido en detalle y lo que uno ve ahí es lo mismo que vimos en la comisión de evaluación regional, un autoritarismo intelectual notable. Cito un ejemplo, la directora de Océana, en una charla magistral que dio esta semana en la Universidad Católica del Norte, platea textual que “lo que nosotros no apoyamos es cuando los proyectos están mal evaluados, cuando han pasado ilegalidades a irregularidades”. Uno se pregunta ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son las competencias que tienen ellos para decir que el proyecto está mal evaluado? y acusar cosas tan fuertes como ilegalidades e irregularidades. Ahí se ve el autoritarismo, porque está la institucionalidad ambiental, el ministerio público a través de los tribunales de justicia y hasta donde yo sé Dominga no tiene ninguna acusación ni ninguna formalización respecto a irregularidades y menos a ilegalidades”.

-¿Se cuestiona al SEA?

“Lo que dice la institucionalidad ambiental es que mandató al Servicio de Evaluación Ambiental y lo que este dijo es que el proyecto cumplía a cabalidad con los estándares medio ambientales fijados en Chile. Cuando ella dice mal evaluados, no le parece al menos autoritario y frívola su argumentación. Lo que ha pasado en la comisión investigadora es realmente una afectación de la democracia en mi opinión, porque el tipo de argumentaciones que ahí se dan son realmente de una ignorancia notable, no de ignorancia intelectual, sino que respecto a la democracia, o sea, ellos tienen que referirse al ICE, ahí es donde nosotros decidimos los chilenos que ese organismo es el competente”.

“Entonces, deberían dar argumentos sólidos para demostrar que eso está errado, de lo contrario lo que están diciendo es que el Servicio de Evaluación Ambiental ha cometido irregularidades y también sería de una irresponsabilidad enorme, porque uno no puede estar haciendo acusaciones al boleo, porque eso daña, destruye valor social”.

 MERCADO ASIÁTICO

-Hace algunos días una delegación encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet visitó Asia. ¿Les hubiera gustado estar ahí, en esas gestiones ya con el proyecto aprobado?

“Vemos con mucho optimismo esto. Hemos visto una editorial que sacó el ministro Heraldo Muñoz en El Mercurio y que dice “Chile país puente con Asia”. Hago referencia a él porque habla del proyecto al cual fue una comisión chilena a participar con la Presidenta de la República a Asía, específicamente a China. Lo que está diciendo es que a lo que está apostando Chile es adherir a un proyecto de China para producir desarrollo para el mundo a través de la conectividad.

Eso quiere decir que estamos en la misma línea, es decir, por ejemplo el túnel de Agua Negra lo que va a producir es conectividad y no incluye solo conectar físicamente, es para conectar mundos que puedan tener posibilidades de desarrollarse y tener actividad económica. Entonces, cuando Chile va a Asia y da esa señal, el proyecto Dominga, el mineral de El Tofo, que tiene CAP y tenemos nosotros, es la base para construir este proyecto de una franja, una ruta que lleve un objetivo de desarrollo económico y de conectividad para las naciones.

Entonces, si se revierte en el Comité de Ministros la RCA arbitrariamente rechazada en la región, lo que va a hacer es poner en sintonía, en coherencia las señales que están mostrando nuestras máximas autoridades, una en el sentido de producir insumos, porque ese hierro va a ser para construir ese proyecto y además va a marcar esta conectividad con Agua Negra, es decir, una zona portuaria que permita conectar el Atlántico con el Pacífico”.