MARCELO BONELLI
Los empresarios de Odebrecht tienen una actitud dilatoria y están operando para demorar la información que incrimina a ex funcionarios kirchneristas, empresarios y políticos actuales de Argentina.
Esa es la conclusión dentro del Gobierno, y la creencia que repite el propio Mauricio Macri. Surge después de las primeras negociaciones con la constructora.
Pero Odebrecht lo hace beneficiada por la blandura y la demora sin límite de las autoridades argentinas. La Casa Rosada tardó –en forma incomprensible– 5 meses en iniciar una negociación para saber quiénes cobraron aquí sobornos por 35 millones de dólares.
También porque como anticipó Clarín el viernes -y después confirmó Elisa Carrió- existe una cobertura y un fuerte lobby que no quiere que se sepa quiénes recibieron coimas y aportes de la constructora brasileña. Ese frente lo integran políticos, empresarios, magistrados, ex gobernadores y allegados al actual Gobierno.
Ahora, en la intimidad, el Presidente acusa a la firma de montar una “operación de inteligencia” para involucrar a Gustavo Arribas en el escándalo y complicar a Cambiemos en la investigación.
Macri lo afirma sólo entre un puñado de íntimos: dice que el cambista Leonardo Meirelles fue financiado y plantado para involucrar al actual jefe de los espías en el escándalo de coimas, y así complicar a su gobierno y trabar la búsqueda de la verdad sobre los sobornos en la Argentina.
El Presidente dice que Odebrecht financió esa acusación, porque quiere frenar la difusión de los nombres de la trama local.
En otras palabras: en la Quinta de Olivos sostienen que Arribas sólo está denunciado a causa de una operación que incluye a Odebrecht Brasil y funcionarios de inteligencia argentina.
Así, para el Presidente, el jefe de la AFI vive una inusual situación: sería una suerte de “espía espiado”. Su presunción reflejaría un serio problema institucional: no existe control en la AFI, ni siquiera de parte de su propia conducción.
Ocurre cuando los 3 jefes máximos del organismo son de la mayor confianza presidencial: Arribas responde a Macri, Silvia Majdalani a Nicolás Caputo y Juan De Stéfano a Daniel Angelici.
Macri sostiene que esa operación contra Arribas tiene otro destinatario: complicarlo a él mismo.
La cuestión –de una u otra manera– refleja cierto descontrol en un área muy sensible del Estado.
En cambio, el fiscal Federico Delgado considera que todo se trata de acciones defensivas del Gobierno. Delgado pediría el procesamiento a directivos de Odebrecht que supuestamente borraron archivos claves de computadoras en su sede de Buenos Aires.
El problema parece lejano a la economía, pero la verdad es que preocupa en el ambiente empresario.
Se trata de un grave trastorno institucional. La ex Side fue utilizada para accionar contra hombres de negocios que no pensaban como Cristina. Esos “informes” después fueron usados por la AFIP para atacar ilegalmente a los empresarios.
Como Julio De Vido, el ex recaudador Ricardo Echegaray también goza de una especial protección judicial y política. Incluso de funcionarios actuales.
Echegaray -cerebro de la persecución fiscal de Cristina- quedaría exculpado de penalidades si la justicia habilitara un inmoral perdón impositivo a Cristóbal López por la defraudación de 8.000 millones de pesos.
El “Zar del juego” utiliza de nexo para negociar con el gobierno a su socio Federico de Achával, de fluida llegada a la Casa Rosada. Por eso, el tema se sigue con atención en la UIA, en AEA, en la Asociación de Bancos y en la Cámara de la Construcción.
Según la visión de Macri, la decisión de involucrar a Arribas en la corrupción intenta condicionar a la Casa Rosada y forzarla a aceptar las condiciones que imponga Odebrecht a la Argentina.
La constructora entregó ya una propuesta en esa línea: su contenido es inaceptable. Sólo contempla sus intereses, sin aportar detalles de corrupción.
El ministro de Justicia Germán Garavano lo resumió así en un informe al jefe de Gabinete Marcos Peña: “No sirve para nada. Odebrecht quiere todo y no da nada”.
La Oficina Anticorrupción también lo rechazará. Garavano tiene una fuerte disputa con Laura Alonso. Ambos se juntan el martes con Odebrecht.
Ese día, también, asume la nueva cúpula de la Unión Industrial: Miguel Acevedo será el nuevo líder de unidad de los industriales.
La conducción tiene fuerte presencia de Techint –3 dirigentes en el comité de presidencia– y refleja la creciente influencia de Luis Betnaza. Permanecen en la comisión directiva José Ignacio de Mendiguren y el –cada vez más activo– Diego Videla.
El legendario Héctor Méndez no estará y Juan Carlos Sacco (Industria Gráfica) dio un portazo: su entidad rechazó cargos en la UIA.
La mesa chica estará integrada por Acevedo, Betnaza, Adrián Kaufmann, Daniel Funes de Rioja y Cristiano Rattazzi. Alberto Álvarez Saavedra –flamante secretario– tiene fluido contacto con el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
La posición política de la UIA será favorable a la Casa Rosada. Trabajará en coordinación con AEA.
Pero eso no evitará plantear las dudas sobre la economía. Acevedo sabe que asume en un momento difícil: la actividad fabril no termina de reaccionar y se viene una tormenta perfecta desde Brasil.
