ALEJANDRO ALFIE
Se lo pidió el presidente de Italia a Macri. Mattarella intenta resguardar del escándalo a una firma italiana que también participa en la obra. La Casa Rosada accedería al reclamo.
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, le pidió a su par argentino, Mauricio Macri, que saque a Odebrecht del consorcio que está haciendo el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El objetivo sería evitar que las causas de corrupción contra la empresa brasileña impacten en la italiana Ghella, una de las empresas que participa en esa obra pública.
El reclamo lo hizo Mattarella el 8 de mayo, en un encuentro que tuvo con Macri en Casa Rosada. Pero recién ahora trascendió de dos fuentes del Gobierno argentino, que pidieron mantener su anonimato.
El soterramiento del Sarmiento tiene un presupuesto de US$ 3.000 millones, aportados por el Estado nacional. Tiene un avance de obra del 3%, que realiza un consorcio integrado por Odebrecht, Ghella, la española Comsa y la nacional Iecsa -el primo de Macri, Angelo Calcaterra, era el dueño de ésta empresa y se la vendió hace dos meses a Marcelo Mindlin-.
“A la salida de Odebrecht la tienen que resolverla entre los privados. Nosotros sólo podemos actuar si hay un fallo de la Justicia”, dijeron fuentes del Gobierno. Y agregaron: “Pero esa resolución judicial puede tardar años. Y sería complicado inaugurar las obras, en plena campaña electoral, teniendo que pagarle a la firma brasileña por el soterramiento del Sarmiento”.
El presidente italiano, Sergio Mattarella, y Macri se vieron el 8 de mayo en La Rosada. /EFE
Fuentes del Ministerio de Transporte destacaron que esa obra iba a comenzar en 2006, pero que recién arrancó en octubre de 2016, cuando Macri inauguró la tuneladora de la estación Haedo. Ya hay 260 anillos de hormigón ensamblados y colocados bajo tierra por la misma máquina tuneladora. Y las estaciones de Ciudadela y Ramos Mejía (en La Matanza) “están en marcha”, con estudios de los suelos y trabajo complementarios, como la “depresión de la napa”, destacaron en Transporte.
Obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Haedo. /Clarín
“Fueron 10 años de inactividad, tras la licitación. En cambio, nosotros avanzamos 607 metros con la tuneladora, a 22 metros de profundidad; y estamos por abrir obras en tres nuevas estaciones en los próximos días”, dijo una fuente del Ministerio que conduce Guillermo Dietrich.
El Gobierno quiere imprimirle un ritmo de campaña al soterramiento del Sarmiento. Por eso, en febrero comenzó la obra en La Matanza, para construir la primera estación subterránea del tren, en pleno territorio kirchnerista. Los funcionarios destacaron el beneficio que traerá para los habitantes que “transitan por donde pasa el Sarmiento”, desde el barrio porteño de Caballito hasta la localidad bonaerense de Moreno, así como a "los más de 200.000 pasajeros que hoy viajan en el tren".
Pero la salida de Odebrecht podría complicar los planes de la empresa brasileña. Es que uno de los requisitos que puso para firmar un convenio de colaboración es seguir con sus obras públicas, para pagar con esa plata las multas que le puedan poner por los US$ 35 millones en coimas que declaró haber pagado en la Argentina, entre 2007 y 2014.
Obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Haedo.
“La empresa quiere seguir trabajando en la Argentina, mantener los contratos actuales y continuar habilitada para participar en procesos licitatorios, dando continuidad a sus treinta años de presencia en Argentina”, dijo a Clarín una fuente de Odebrecht. Y contó que también participa en la expansión de plantas potabilizadoras de agua de la empresa Aysa, en la provincia de Buenos Aires, y en la construcción de gasoductos para la provincia de Córdoba.
“Odebrecht no debería seguir participando en obras, hasta que la Justicia esclarezca su situación”, dijo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en declaraciones radiales. Su Ministerio fue el único que canceló el año pasado un contrato de Odebrecht con el Ministerio de Planificación, que manejaba Julio De Vido. La empresa brasileña estaba construyendo la ampliación de gasoductos en el norte del país, hasta que Aranguren canceló el contrato “por sobreprecios” y lo denunció en la Justicia.
Más allá del pedido del presidente Mattarella y la necesidad política de Macri, la Justicia argentina imputó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a su hombre de confianza Manuel Vázquez y al ex titular de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, por el pago de coimas de la empresa brasileña por el soterramiento del Sarmiento.
El Gobierno comenzó a analizar la propuesta de 10 páginas que entregó Odebrecht para revelar a quiénes les pagó US$ 35 millones en coimas en la Argentina, durante la gestión kirchnerista. El ministro de Justicia Germán Garavano les giró a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración del Tesoro el convenio que acercó la empresa brasileña, donde reclama condiciones similares a las que recibieron en República Dominicana, entre otros países de la región.
Esa propuesta iba a conversarse en una reunión ayer al mediodía, entre el abogado de la empresa brasileña y los funcionarios. Pero las cosas no resultaron como estaban previstas, ya que en ese mismo momento, a las 12.30 horas, la Justicia estaba allanando la sede de Odebrecht y el abogado Guido Tawill tuvo que retirarse de la reunión con Garavano.
De todos modos, el ministro se reunió poco después y por breves minutos, en forma separada, primero con el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y luego con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. A ambos funcionarios Garavano les dio el convenio que propuso firmar Odebrecht y les pidió un dictamen para la semana que viene.
Los técnicos de los organismos comenzaron a analizar la propuesta de Odebrecht, que ofreció colaborar en la identificación de los funcionarios e intermediarios a quienes les pagó coimas en la Argentina; a cambio de aplicar el "modelo dominicano", para que sus 78 “arrepentidos” no sean juzgados en la Argentina y que la empresa pueda continuar participando en los negocios de obra pública.
En República Dominicana se firmó un convenio para identificar a todos los que recibieron US$ 92 millones en coimas de Odebrecht, pero sin ir judicialmente contra la empresa ni sus empleados, que están siendo procesados y condenados en Brasil. Además se le permite a la compañía seguir operando en la obra pública con un modelo de transparencia, para que pueda pagar los US$ 184 millones de multa que le impuso ese país.
La propuesta de Odebrecht “no es aplicable en la Argentina, ya que acá no existe la delación premiada sin persecución judicial. Vamos a proponer el rechazo de la propuesta que hizo Odebrecht”, dijo una fuente de un sector del Gobierno. Y agregó que la empresa brasileña está apurada por firmar un acuerdo en la Argentina, “porque saben que el 1° de junio se levanta el secreto de sumario en la Justicia brasileña y van a comenzar a llegar a la Argentina las declaraciones que ya hicieron sus empleados sobre el pago de coimas en nuestro país”.
El Gobierno está interesado en que Odebrecht se comprometa a que sus ex directivos declaren y brinden documentación sobre cuánto dinero le pagaron a cada funcionario e intermediario, cuándo y en qué cuentas bancarias, ya que en la Justicia de los Estados Unidos declararon que habían pagado US$ 35 millones de coimas en la Argentina, entre los años 2007 y 2014.
Por eso, cuando tenga los dictámenes técnicos sobre el convenio, el ministro Garavano va a recomendarle al presidente Mauricio Macri su aprobación o rechazo. Es que más allá de lo que se decida en las causas judiciales, el Gobierno presiona a la empresa brasileña con quitarlos del Registro de Constructores para que no puedan participar durante varios años en obras públicas en la Argentina y aplicarle multas millonarias en caso que la compañía siga sin cooperar con la justicia federal.
Odebrecht tiene 800 empleados en la Argentina y pretende seguir con obras como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y las plantas potabilizadoras de agua de Aysa, además de querer presentarse en las licitaciones de obra pública que se realicen en el país. Por eso, propuso al gobierno dos opciones para pagar las multas: con ganancias de las obras públicas en el país, a través de un fideicomiso que se crearía cuando se establezcan las multas; o con dinero de la casa matriz, a partir del año 2024, ya que hasta esa fecha tiene comprometidas las ganancias para otros países donde celebró convenios de cooperación.
