El dictamen se ha limitado a exigir al directorio de Codelco el mínimo resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar", dice el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez y que niega la solicitud hecha por la cuprífera estatal.
“El dictamen cuya reconsideración se solicita se ha limitado a exigir al directorio de Codelco el mínimo resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar en cuanto administrador de bienes ajenos y, particularmente, de recursos públicos”.
Este duro párrafo es el cierre de un nuevo dictamen de la Contraloría General de la República publicado este jueves, y en donde el contralor Jorge Bermúdez no acepta el pedido de reconsideración solicitado por la cuprífera ante una decisión previa en que cuestionaba la fórmula con que se concedían millonarias indemnizaciones a funcionarios que dejaban la empresa.
La decisión es un nuevo hito en la escalada del enfrentamiento entre la entidad de control y la empresa, que ha incluido incluso pronunciamientos de parte de la Comisión Chilena del Cobre defendiendo los pagos. “Hay un nuevo criterio en Contraloría, que el contralor aclarará en algún momento cuál es su profundidad”, señaló a La Tercera Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la entidad.
Pero el nuevo criterio se mantiene en el dictamen de cinco páginas, que responde además a una dura presentación en que Codelco cuestionaba en duros términos a la Contraloría por considerar que se había excedido de sus funciones. “Resulta improcedente que Contraloría lleve a cabo actividades de control como aquellas que en la especie ha efectuado respecto de mi representada”, señalaba el documento entregado por el abogado Nikolai Bakovic, en representación de la cuprífera.
Además, la presentación señalaba que con su interpretación, la Contraloría había “controvertido el carácter de empresa del Estado de Codelco” y “ha puesto, en virtud de todo ello, indebidamente en jaque las normas de Gobierno Corporativo que le aseguran (o debiesen asegurarle) a sus órganos directivos una idónea administración y gestión de la empresa en el mercado cuprífero mundial”.
Pero el contralor en su respuesta cita una serie de artículos, dictámenes y jurisprudencia previa que sustentarían la atribución de la entidad de control para fiscalizar a Codelco. “Constituye un elemento consustancial al Estado de Derecho, que sus órganos (del Estado) y, en particular, aquellos que forman parte de su Administración estén sujetos a control público”, afirma en uno de los primeros párrafos.
A continuación, Bermúdez cita el artículo 98 de la Constitución y el decreto con fuerza de ley N° 1 de 1987, que creó Cochilco como fundamentos legales. “De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 (…) esta Contraloría General fiscaliza, a través de esa comisión, a las sociedades colectivas del Estado o a la o las empresas que sean sus continuadoras legales, calidad que tiene Codelco”, se señala.
“Adicionalmente, el inciso cuarto de la citada norma legal permite a esta Contraloría General fiscalizar directamente a Codelco en las condiciones que indica”, agrega Bermúdez.
“Este organismo de control, al conocer de una denuncia que involucraba el uso de fondos públicos sujetos a su fiscalización, no podía sino, en cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le encomienda, fiscalizar tal situación”, indica en un nuevo punto la respuesta de Contraloría, agregando que “Codelco, como parte de la Administración del Estado, encargada de la explotación de un recurso estratégico para el país, debe manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos”.
“En consecuencia, esta Contraloría General, al advertir sobre una situación particular que verificó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante el dictamen impugnado, dejó de manifiesto una realidad referida a que Codelco, en su calidad de empresa pública creada por ley e integrante de la Administración del Estado, debe ajustar su actuar, en las decisiones que adopte, a los principios de eficiencia, eficacia y probidad”, sentencia Bermúdez en uno de los últimos párrafos donde rechaza la reconsideración.
Sergio Hernández asegura que el propio órgano contralor revisó y aprobó en 2015 la manera en que Cochilco audita a las empresas del Estado. Ejecutivo de entidad que por ley fiscaliza a Codelco dice que “no encontramos ninguna irregularidad” en indemnización de $ 500 millones a ex director.
Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco.
La controversia generada entre la Contraloría y Codelco luego que el órgano fiscalizador cuestionara en un dictamen el pago de una indemnización de $ 500 millones al ex director de la cuprera, Augusto González, involucra a un tercer actor que hasta ahora no había intervenido públicamente en el debate. Se trata de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entidad mandatada por ley a supervisar la gestión de la minería estatal en el país y que, según señala su director Sergio Hernández, auditó y aprobó hace más de un año y medio la mencionada bonificación, la que se apegó a los criterios históricos para estos casos. Por eso, cree que las objeciones de Contraloría responden a un cambio de criterio de dicho organismo.
¿Revisaron la indemnización de $ 500 millones que se pagó al ex director de Codelco Augusto González?
Es a raíz de una auditoría nuestra que la Contraloría General de la República profundizó en el tema.
¿Cuál fue el resultado de esa investigación?
Esa auditoría está lista hace más de un año y medio. Fue entregada a Contraloría, y Contraloría aplicando criterios que estimó el contralor, emitió su dictamen. Esa fiscalización de Cochilco, que está absolutamente acogida a criterios anteriores, de siempre de la Contraloría, estimó que los planes de egreso tenían fundamentos, que Codelco tenía autoridad para realizarlo y por lo tanto no encontramos ninguna irregularidad. Se había pagado esa indemnización de acuerdo a las normas que la empresa había fijado en los contratos colectivos, individuales y en los planes de egreso. Y esos son los criterios que han primado hasta ahora de forma invariable, y que obviamente el dictamen del señor contralor tiene una visión, hoy, distinta.
¿Hay un cambio de criterio?
Es probable que haya cambiado. Pienso que hay un nuevo criterio de Contraloría que el contralor aclarará en algún momento cuál es su profundidad.
El dictamen de Contraloría dice que solicitó información a Cochilco y que la respuesta fue “insuficiente”…
Nosotros entregamos las auditorias. Y el contralor solicitó mayores antecedentes con posterioridad. Solicitó papeles de trabajo, copias de contratos, y todos los documentos fueron enviados a la Contraloría, después de lo cual ya no eran insuficientes.
¿Fueron insuficientes las auditorías entonces?
Las auditorías no entregan los papeles de trabajo, entregan los informes, y después a requerimiento del señor contralor nosotros enviamos más antecedentes. Hicimos una investigación, emitimos un informe de acuerdo a los criterios imperantes hasta ese momento en Contraloría, así que no reconocemos que haya una falla en este proceso.
¿Por qué la visión de Cochilco y de Contraloría son distintas?
La auditoría nuestra es absolutamente coherente con las orientaciones de fiscalización que Contraloría hasta ese momento había emitido. Era absolutamente en la línea de lo que Contraloría había fijado como criterio de fiscalización hasta ese momento.
Como fiscalizador de Codelco, ¿creen que debe comportarse como una empresa pública o como una repartición estatal?
Como empresa pública, sin ninguna duda. Es una empresa pública por definición de ley, es una Corporación. No es una institución que se financie con el presupuesto de la nación, tiene patrimonio propio y se financia con los ingresos de la operación de la empresa estatal. No quiero entrar en contradicciones con el señor contralor, entiendo que no hay contradicciones porque nosotros somos un brazo de la Contraloría, y quiero desmentir también que hayan existido tensión entre la Contraloría y Cochilco.
Es más, durante el año 2015, la Contraloría inició un proceso de auditoría a Cochilco, sobre la forma en que auditábamos las empresas mineras del Estado, la que terminó sin que la Contraloría cuestionara en absoluto ni el rol ni nuestros procesos de fiscalización. Ya nos había hecho la revisión durante el mandato del contralor Ramiro Mendoza. Salimos de manera impecable de como hacíamos las auditorías.
El dictamen de Contraloría ¿permite a Codelco comportarse como una empresa pública?
No podemos ser comentaristas de los dictámenes del contralor. Nuestra invariable conducta ha sido acatar sus dictámenes.
¿Está Contraloría haciendo uso de un rol que le corresponde a Cochilco?
La ley dice que Cochilco es el fiscalizador de Codelco, pero también dice en forma muy clara que la Contraloría puede tomar la decisión, en base a circunstancias especiales, de hacer auditorías y fiscalizaciones a Codelco, en la medida que cumpla la formalidad de enviar un oficio a la Presidenta de la República comunicándole esta decisión.
¿Les han pedido más información del caso?
Nadie más.
¿Y la Fiscalía?
No nos ha llegado ninguna solicitud.
El objetivo de la emisión es el financiamiento del plan de inversiones, el refinanciamiento de pasivos o una combinación de ambos, dijo la agencia Fitch.
Fitch Ratings informó este jueves que Codelco está en trámite de inscripción de una nueva línea de bonos a 30 años plazo por un monto de UF 40 millones, equivalente a cerca de US$1.600 millones.
La agencia le asignó una clasificación ‘AAA’ con perspectiva estable.
El objetivo de la emisión es el financiamiento del plan de inversiones, el refinanciamiento de pasivos o una combinación de ambos, añadió Fitch.
