El Gobierno sigue de cerca con inquietud el devenir del acuerdo testigo de productividad que anunció a principios de año para Vaca Muerta. Los cambios al convenio de trabajo, que son un modelo de cómo entiende el macrismo que deben aggiornarse las relaciones laborales en esta etapa del Siglo XXI, se demoran en aplicarse en su totalidad por una interna entre los trabajadores de base, aunque las empresas confían en cerrar pronto este frente de conflicto.
Según pudo saber El Cronista, el malestar se materializó porque el Gobierno entiende que le dio todos los beneficios por adelantado al representante sindical y senador Guillermo Pereyra (subsidios para despedidos, exención de Impuesto a las Ganancias para sus afiliados y habilitación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo -ART- de la propia mutual del sindicato) y éste no supo cómo retribuirlo, por las dificultades que encontró para bajar a las bases las chances que abren estos cambios. Sin embargo, otra fuente alegó que la relación entre el presidente Mauricio Macri y Pereyra sigue siendo "excelente".
Para el oficialismo es crucial arreglar el asunto, ya que apuesta todo a que el desarrollo de Vaca Muerta revertirá el déficit energético, creará puestos de trabajo directos e indirectos y bajará los precios locales de los combustibles. En otro plano, un éxito en su implementación abrirá las puertas de otros acuerdos con gremios más duros para generar las condiciones de un crecimiento sostenido por 20 años -como repite el Gobierno- con convenios más flexibles y menor presión fiscal.
Con todo, resultó novedoso que en medio de la negociación paritaria en la que el gremio petrolero busca recomponer sus ingresos las empresas colaron en las reuniones con los neuquinos en el Ministerio de Trabajo el tema de la implementación de la adenda. Llama la atención, cuando solamente se iban a definir los nuevos sueldos hasta marzo de 2018.
Tal como informó la semana pasada este medio, los representantes laborales piden un aumento en torno al 25% y algunos, incluso, quieren recuperar el 9% de salario real perdido el año pasado. También late la posibilidad de acordar una cláusula gatillo o de revisión si la inflación se disparara en estos meses.
En esta franja de tiempo aún no se pudieron resolver cuestiones elementales de la adenda, como, por ejemplo, la reducción de las dotaciones necesarias en los pozos para cada turno y la conformación de éstas.
Consultada al respecto, YPF sentó posición. "La implementación de la adenda es un proceso que ha comenzado a cumplirse e involucra medidas de diferente dimensión y complejidad, por lo que su aplicación es gradual en algunos casos, ya que hay que familiarizarse con las nuevas técnicas y prácticas. Los resultados de la firma se reflejan, por caso, en las inversiones conjuntas con Shell y Schlumberger", contestó la petrolera semi-estatal.
Pese a la preocupación, el resto de las empresas, en reserva, también creen que resolverán en los próximos meses la situación, en un proceso gradual. Y, por ahora, no piensan discutir nuevas modificaciones a una adenda que fue anunciada el 10 de enero en Casa Rosada, que firmó Pereyra el 31 de ese mes luego de la conciliación obligatoria para los trabajadores de base y suscribió Manuel Arévalo (el representante de los jerárquicos) recién en marzo.
Todo esto muestra, una vez más, que el apuro con el que el Gobierno anuncia situaciones que después no se concretan o suceden en un tiempo mayor que el previsto también preocupa a las empresas y los sindicatos, que tienen que seguir trabajando en algo que la sociedad creía cerrado.
Las negociaciones paritarias, mientras tanto, tendrán más capítulos en esta semana, con reuniones con los sindicatos de las principales provincias petroleras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Salta). A no ser que haya un golpe de efecto, no habría más novedades en estos días: la expectativa es culminar en los últimos días de mayo o los primeros de junio. La adenda, en tanto, deberá esperar.
A contramano de las dificultades cotidianas, los informes de consultoras y los especialistas internacionales del sector le siguen dando oxígeno al Gobierno respecto a Vaca Muerta.
Subido a esto, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, declaró a S&P Global (del grupo de la calificadora de riesgos crediticios Standard & Poors) que las inversiones en esa formación de hidrocarburos no convencionales sumarán "entre u$s 3500 millones y u$s 4000 millones este año, y ascenderán en el próximo a alrededor de u$s 10.000 millones".
Inclusive, a partir de 2019 esos desembolsos crecerán hasta entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones anuales en un período de seis años, según dijo Aranguren en Tokio, Japón.
"Necesitamos compañías, inclusive japonesas como Mitsui y Marubeni, que estén preparadas para invertir en midstream (básicamente transporte y almacenamiento), a fin de desarrollar gasoductos, facilitar la producción temprana e instalar ferrocarriles, con el objeto de traer arena, tuberías y agua a la zona donde producimos petróleo y gas no convencionales", señaló el ministro.
Aranguren afirmó que el sector hidrocarburífero local se ajusta al actual escenario de precios del crudo, aunque admitió que "honestamente, estamos más preocupados por los precios del gas natural que los del petróleo crudo".
El funcionario consideró que los precios del crudo en torno a los u$s 50 por barril están proporcionando a la Argentina una fuerte oportunidad para impulsar la expansión de su incipiente industria de shale oil, lo que en última instancia ayudará a mejorar la eficiencia de su sector de petróleo y gas.
"Por supuesto que estamos produciendo petróleo, pero hay que tener en cuenta que nuestra mezcla de energía está dominada por gas natural, que representa 54% de nuestra mezcla primaria", sostuvo el ministro tras participar en el Foro Económico Japón-Argentina.
"Lo que este nuevo escenario de precios está dando a todo el sector de petróleo y gas -añadió- es la oportunidad de mejorar nuestra eficiencia y ser más competitivos, incluso a este bajo precio".
"Las compañías me dicen que si conseguimos mejorar la productividad en el país, particularmente la de la mano de obra, pueden hacer frente a este escenario de precios", afirmó el ministro. Además, recordó que "en el caso del petróleo estamos importando pocos cargamentos al año, así que no estamos tan preocupados (por el precio)".
En cuanto a la importación de gas, indicó: "Ahora se paga un precio de alrededor de u$s 5,5 a u$s 6 por millón de BTU, cuando el valor de referencia Henry Hub (el mayor mercado spot y de futuros de gas natural de Estados Unidos) está en u$s 3".
Teniendo en cuenta los costos de licuefacción, transporte y regasificación del Gas Natural Licuado (GNL), Aranguren dijo que "en el caso argentino los precios marginales son más altos, por eso tenemos algunos incentivos para que las empresas locales aumenten la producción".
Por último, sobre el planeado lanzamiento a fin de año de la primera ronda de licitación para explorar en alta mar (off shore), el ex CEO de Shell afirmó: "Estamos dando algunos primeros pasos para asegurarnos de que para la próxima década tendremos un montón de proyectos en preparación para satisfacer las necesidades energéticas del país".
