En los últimos días, el organismo que dirige Jorge Bermúdez inició una inédita fiscalización sobre la mayor empresa estatal del país. Ello, luego de la denuncia de una millonaria indemnización a un ex ejecutivo de Codelco que llevó a Bermúdez a recurrir a una cláusula que permite a la Contraloría indagar directamente los recursos de la cuprera en sus procesos de desvinculación de funcionarios.
Un decreto ley que data del año 1976 y que creó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) atribuyó al organismo la facultad única de fiscalizar a Codelco, lo que impide a la Contraloría General de la República auditar los dineros que la empresa estatal -la más grande del país- genera y administra. Desde hace 41 años que esa situación no ha cambiado.
El decreto -sin embargo- cuenta con una excepción. En su artículo 13 advierte que el contralor podrá intervenir en empresas del Estado -como Codelco- “cuando circunstancias especiales así lo aconsejen”, y la normativa exige que en ese caso se le notifique al Jefe de Estado, en este caso a la Presidenta Michelle Bachelet, de una inminente fiscalización.
La norma ha rondado en los pasillos de la Contraloría desde que hace algunos días se dio a conocer un dictamen en el que el organismo cuestionó el retiro de un ex directivo de Codelco -Augusto González-, quien recibió cerca de $ 500 millones por concepto de indemnización.
El hecho fue denunciado por el senador independiente Pedro Araya y llevó al contralor Jorge Bermúdez a poner en entredicho las facultades de dicha empresa estatal respecto de la forma en que está ejecutando los planes de retiro de sus funcionarios y ejecutivos y, por extensión, las negociaciones colectivas en la cuprera, cuestionando la “libertad de disposición patrimonial” de Codelco al administrar recursos públicos que debe cuidar.
“Esto surge a raíz de una denuncia que recibo de un ex trabajador de Codelco, que me señala que él había trabajado junto al señor González en la misma época y que recibió una indemnización bastante inferior a la que éste recibe. El me señala que pese a haber requerido a Codelco las razones del monto de su indemnización, no había tenido una respuesta. Por eso envié el oficio”, explica Araya.
Pero el reproche de la Contraloría no se quedó allí. Y el contralor Bermúdez ordenó una inédita indagatoria que quedó plasmada en el dictamen 15759, en el que se establece que “se procede a que la Unidad de Empresas de esta Contraloría inicie una investigación sobre las materias a que se refiere este pronunciamiento”.
Consultada la Contraloría General de la República por Reportajes, su Departamento de Comunicaciones informó que “se están recopilando los antecedentes para la planificación y posterior ejecución de dicha auditoría”, sin entregar mayores detalles.
Este es el trasfondo de la disputa que -sumada a denuncias de supuestas contrataciones irregulares de la cuprera- ha mantenido en las últimas semanas el propio Bermúdez con el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, la que ya llegó al Parlamento.
Una polémica que puede tener efecto multiplicador en el aparato público, porque de imponerse el criterio de la Contraloría, por ejemplo en el tema de las indemnizaciones, la norma limitaría a las empresas públicas para establecer en sus negociaciones colectivas principios distintos a los establecidos en el Código del Trabajo, lo que es un punto que afectaría no sólo a Codelco, sino a otras firmas del Estado.
En el caso de las adquisiciones de bienes y servicios, en tanto, se podría afectar el modelo de negocios de la minera estatal.
Expertos en Derecho Administrativo aseguran que la intervención directa de la Contraloría en Codelco -y no a través de Cochilco- tiene escasos precedentes. El más reciente -e importante- data de 1994, cuando la cuprera fue afectada por un desfalco de más de US$ 200 millones a manos del ejecutivo Juan Pablo Dávila, lo que obligó al órgano fiscalizador a revisar los movimientos financieros de Codelco.
La investigación a la mayor empresa pública y principal proveedora del erario nacional se abocará a la revisión de sus procesos de desvinculación y si los pagos relativos a indemnizaciones se ajustan a las normas vigentes.
De hecho, en uno de los puntos del dictamen que dio inicio a la indagatoria, la Contraloría advierte a la estatal que debe revisar los finiquitos a sus trabajadores siguiendo los principios de “eficiencia, eficacia y probidad”, y que debe primar el interés general por sobre el particular. Esto último, en alusión a que el presupuesto de Codelco en su totalidad corresponde a recursos públicos.
La inédita indagatoria a las indemnizaciones no es -en todo caso- el único flanco abierto en Codelco que tiene a Landerretche dando explicaciones. A esto se suma la auditoría realizada a los contratos administrativos de bienes y prestación de servicios suscritos por la cuprera en el periodo 2013 y 2015 que reveló esta semana La Tercera.
La investigación de Contraloría determinó la apertura de una causa penal que tramita la Fiscalía Oriente por supuestas anomalías detectadas, una de ellas en la contratación de la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, que involucra más de $ 31 mil millones, ya que el representante legal de esta firma tenía vínculos con un directivo de Codelco.
Esa auditoría se remite a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (19.886), que exime a Codelco (y otras empresas públicas) de sujetarse a las normativas del resto de la administración del Estado. Pese a esto, la Contraloría señala que está prohibido a los servicios, “a las empresas y corporaciones del Estado” -según la misma normativa- suscribir contratos con funcionarios directivos del mismo órgano, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco. La Ley de Bases sobre Contratos hace una excepción y señala que de ser necesario y conveniente para el servicio o la empresa se puede ejecutar un contrato con una empresa que tenga un nexo, pero que deberá informarse a Contraloría y la Cámara de Diputados, situación que, según la auditoría del ente fiscalizador, Codelco no realizó.
El órgano contralor, en tanto, al cuestionar esas modalidades sugiere que dichas adquisiciones se hagan mediante la Ley de Compras Públicas.
Ambas situaciones han elevado el clima de tensión existente entre la cuprera y la Contraloría en los últimos días.
El martes 18, Landerretche, en El Mercurio, sostuvo ante el dictamen que cuestiona los pagos indemnizatorios que “lo que está en discusión, en el fondo, es el modelo de gobierno corporativo completo de Codelco, de si esto se va a conducir como una empresa o un servicio público”. Y agregó que dicha discusión podrá tenerse explícitamente, “porque puede haber personas que consideren necesario que Codelco sea más parecido a un servicio público. Eso sí, tengo el deber de advertir que no conozco empresas mineras en el mundo que se gestionen así”.
El mismo argumento utilizó Landerretche en La Tercera respecto de las adquisiciones de bienes y servicios por parte de Codelco. “Lo que no podemos seguir teniendo es una entidad como la Contraloría, que es de la mayor importancia para el país, que interpreta que cumplamos con la Ley de Compras Públicas, mientras que el directorio de Codelco cree que debe regirse por la Ley de Sociedades Anónimas (…). Hay una discrepancia en el modelo de gestión, y el mejor modelo para Codelco es de empresa, como son las grandes mineras internacionales”, afirmó el ejecutivo.
“Nosotros esperamos que la Contraloría pueda realizar rápidamente su trabajo y poder despejar si esto se trató de un caso aislado o efectivamente estamos hablando de un mayor número de trabajadores”, señaló el senador Araya, aludiendo al caso del ex directivo de Codelco Augusto González, que originó la intervención de la Contraloría.
El tema fue discutido esta semana en la Comisión de Minería, hasta donde llegó el miércoles 17 Landerretche junto al director ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro.
Parlamentarios que estuvieron en la cita -y que pidieron reserva de su identidad- señalaron que en esa ocasión se preguntó a los ejecutivos de la cuprera el contenido de una auditoría interna respecto de las indemnizaciones a trabajadores, además de detalles referidos a las razones de su alto monto y el número de eventuales beneficiarios de éstas.
Las mismas fuentes afirmaron que Landerretche y Pizarro fueron cautelosos en la entrega de la información solicitada, aunque habrían dado a conocer un dato clave sobre este tema: que alrededor de 300 pagos de indemnizaciones estaban retenidos en la cuprera a raíz de esta polémica.
La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados -en tanto- convocó para el 31 de mayo, al regreso de la semana distrital, al contralor Bermúdez para abordar estos temas.
Esta sería la primera oportunidad pública en la que Bermúdez se podría referir a la disputa que sostiene el organismo que encabeza con Codelco.
La última arremetida de la Contraloría a la cuprera es el resultado de un largo historial de tensiones respecto de las fiscalizaciones que -por ley- realiza Cochilco sobre Codelco.
El organismo fiscalizador puede pedir a Cochilco cuentas de sus auditorías a la minera estatal y así lo hizo en 2015, cuando revisó cuáles eran -hasta esa fecha- las indagatorias y sanciones aplicadas por la comisión.
La acción de la Contraloría obedeció a que en años anteriores, según los documentos en el portal del organismo fiscalizador, se hacían observaciones en cuanto a que Cochilco se definía como un asesor de la cuprera, pero no daba cuenta de sus auditorías a la minera.
Las investigaciones de Contraloría llevan a los fiscalizadores a constituirse en el servicio o empresa para iniciar la revisión de los documentos relativos a la materia investigada, lo que ocurriría en los próximos días en Codelco.
