Habemus texto pro minería. Con un cruzado sello de agua "Documento Preliminar", a lo largo de 64 páginas, el gobierno de Mendoza estableció su posición para contemplar a la minería dentro de su la matriz productiva sin colisionar con la Ley 7.722 y poniendo énfasis en la preservación de los recursos hidricos de la provincia.
El documento, publicado por la administración del radical Alfredo Cornejo se propone como un conjunto de líneas de acción a la vez que traza un diagnóstico de los los últimos 10 años de la actividad.
Al describir los ejes propuestos (Ver abajo) el documento establece que "es fundamental avanzar con suma prudencia en el desarrollo de la actividad para garantizar la aplicación de las políticas".
Según ilustra el periodista Edu Guajardo en MDZonline, el texto no oculta la ambición de conseguir, a través de la actividad minera objetivo poner a la minería a la par de los hidrocarburos en la renta provincial.
El avance de la política desde la Secretaría de Minería al gobernador se dio, además tras la partida del ministro de Economía, Enrique Vaquié, ferreo opositor a la minería, al directorio del Banco Nación. Su sucesor, Martín Kerchner, aparece como una figura más amigable y abierta a estudiar alternativas. "Es mejor un "ni" que un anti", indican en la industria.
El texto prevé duros controles ambientales y la obligación de los proyectos mineros que utilicen agua en alguna zona de la provincia, la restituyan en otro sectores donde se necesite.
El escrito, que está en su versión preliminar a la espera de los cambios que pueda considerar el gobernador Alfredo Cornejo, señala que el Gobierno provincial promoverá la minería en todos sus niveles, incluso en proyectos de primera categoría (metalíferos) que permita la Ley 7.722. Del mismo modo, no se cierra la puerta a nadie en la etapa de prospección y exploración, independiente si esos procesos pueden luego ejecutarse o no.
El Espacio de Diálogo Minero ocupó más de 100 horas de conferencias y 500 horas de diálogo con 72 expositores, bajo la coordinación de 25 consultores que registraron, grabaron y procesaron todo el proceso del Espacio de Diálogo Minero, terminaron en un documento que contiene la política minera para Mendoza y en el cual se cuantífico la falta de decisión y de medidas con respecto a la actividad.
"La pérdida de oportunidades para la Provincia que podría haber recibido en los últimos 10 años inversiones directas por más de USS 5,000 (cinco mil) millones con la creación de más de 5,000 (cinco mil) puestos de trabajo directos y por los menos 20,000 indirectos de alta calidad", considera el documento.
La provincia "promoverá el desarrollo de aquellos proyectos que, respetando las leyes vigentes en la Provincia: Ley No.7722, Ley de Aguas, Ley de Glaciares y el resto de las leyes que legislen ambiental o territorialmente el desarrollo productivo, generen puestos de trabajo formales, condiciones y escala de consumo para el desarrollo de infraestructura, ingresos fiscales y desarrollo en general, particularmente en aquellas regiones de la Provincia donde no exista otra forma de desarrollar la infraestructura, se cuente con el soporte de la comunidad y las condiciones socio/ambientales necesarias para soportarla".
En ese mismo capítulo, pero en otro punto, dice que la provincia "promoverá en los casos en que se necesario la reglamentación de las leyes, lo que permitirá dar mayor seguridad jurídica a la sociedad y a los inversores". En este caso, se sugiere entonces la reglamentación de la Ley 7.722, la cual desde su creación bajo el gobierno de Julio Cobos, nunca fue reglamentada.
"En el término de 10 (diez) años, la Minería aporte a la Provincia de Mendoza un nivel de actividad equivalente al del sector hidrocarburífero, con una cadena de proveedores de equipos y servicios completamente desarrollada y una cadena de industrias derivadas de la misma que agregue valor a sus productos".
El Capítulo 4 del documento contiene todas las consideraciones ambientales y en uno de ellos indica puntualmente lo que será la política hídrica minera, uno de los puntos más cuestionados a la industria.
Junto con detallar todos los procesos que contempla la apertura de un proyecto, hace especial hincapié en lo que se refiere al cierre de mina, el cual establece desde que se inician las operaciones cómo debe cerrarse el proyecto con los estándares ambientales adecuados.
En lo que se refiere al agua, manifiesta que se considerán mecanismos de compensación hídríca y marca los siguientes puntos:
(1) Ningún emprendimiento minero podrá realizarse en una región en la cual su demanda de agua afecte los derechos de los usuarios precedentes y sus aprobaciones deberán ser realizadas siguiendo estrictamente los procedimientos existentes por el DGI.
(2) Todo emprendimiento minero mediano y grande cuya demanda de agua se encuentre debidamente aprobada por el DGI, deberá implementar un mecanismo por el cual el equivalente a la cantidad de agua autorizada para su uso, sea repuesto a partir de la purificación y/o limpieza de aguas superficiales y/o subterráneas no aptas para consumo humano y/o agrícola.
(3) Alternativamente, el emprendimiento podrá proponer obras al DGI que permitan incrementar la eficiencia en la distribución y/o el riego de forma tal de compensar el agua usada, a través de las perdidas por absorción y/o vaporización. El agua disponibilizada a través de este mecanismo de compensación será administrada por el DGI de acuerdo con las leyes vigentes y reglamentos del organismo.
En resumen, la política está escrita y en las revisiones internas cuenta con el aval para avanzar, aunque por ahora nadie va a salir a hablar del tema ni a confirmar los pasos a seguir, como un posible envío a la Legislatura del texto. Así será por lo menos hasta que la Nación haga la presentación del Pacto Federal Minero, el cual viene a apoyar aún más la política diseñada por Guiñazú.
