La licitación del gasoducto sur peruano (GSP) durante la gestión de Ollanta Humala es investigada luego de que un colaborador eficaz dijera al fiscal a cargo del caso, Reynaldo Abia, que la ex primera dama Nadine Heredia intervino para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht, una de las principales involucradas en el escándalo de corrupción Lava Jato.
Ahora, la Unidad de Investigación de El Comercio tuvo acceso a correos electrónicos que recogen pedidos para que Odebrecht no quedara como único postor del proceso. Los e-mails muestran los infructuosos intentos de Javier Illescas, entonces director ejecutivo de Pro Inversión, para alargar el proceso de manera tal que hubiera competencia. El desenlace, sin embargo, es conocido: el calendario no fue alterado y el consorcio conformado por Odebrecht y Enagás se adjudicó el GSP como postor único.
A pesar de que Humala había anunciado que la licitación del GSP estaba prevista para el segundo semestre del 2013, hubo retrasos. Por ello, se acordó que el 30 de junio del año siguiente se otorgaría la buena pro del proyecto, de un presupuesto estimado en más de US$7.000 millones.
Días antes, el 24 de junio del 2014, el representante de Gasoducto Peruano del Sur –postor que luego fue descalificado–, Alejandro Segret, envió un correo al jefe de Proyectos en Temas de Seguridad Energética de Pro Inversión, Luis Sánchez Torino.
“Estimado Luis, te adjunto carta que estaremos entregando mañana a primera hora”, dice el documento en el que adelantaba una solicitud de prórroga, que al día siguiente formalizó.
Sánchez Torino redirigió el mensaje de Segret a Illescas y a los miembros del comité de Pro Inversión encargado de la licitación: Edgar Ramírez Cadenillas, María del Rosario Patiño Marca y Gustavo Navarro. Ahí empieza el controversial capítulo final de este proceso.
A las 9:31 p.m. de aquel martes 24 de junio, Illescas reenvió el e-mail al entonces presidente del Consejo Directivo de Pro Inversión y ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, así como a su jefe de gabinete de asesores, Alonso Segura.
“Hemos recibido hace unos minutos esta carta del consorcio eléctrico [Sempra, GDF Suez, etc.] en que, fuera de algunas quejas, piden se postergue para el 30 de junio la entrega de sobres [programada para el 26] y la adjudicación para el 3 de julio [prevista para el 30 de junio en el calendario].
Más temprano, otro postor, Energy Transfer había pedido que la entrega de sobres se postergue por 15 días.
Illescas no solo se limitó a transmitir la información, sino que advirtió: “Si no queremos quedarnos con un solo postor, aplazar la fecha por lo menos al 3 de julio o a una fecha intermedia entre esta y el 15 de julio es lo apropiado”. Y resaltó: “Sé que el costo político es alto, sobre todo por el levantamiento del tema que habrá en el sur, el Congreso, etc., pero también pienso que habrá que hacer un inmenso esfuerzo comunicacional desde el más alto nivel”.
“Es posible que esto se hubiera evitado si se hubiera mantenido la extensión de plazo de cambios en consorcios [algunos señalan que eso iba a reforzar a uno de los consorcios]”, expuso.
Al final de su correo, Illescas hizo un último intento para convencer a Castilla de que era conveniente aplazar el calendario: le recordó que “para el caso de línea 2 se desplazó la fecha de adjudicación dos veces”, debido a que dos de los tres consorcios “mencionaron no estar listos y demandaron más plazo”.
“Pienso que debemos priorizar el aspecto de competencia, sobre todo si el aplazamiento no será mayor de 15 días y siendo la duración de los beneficios de este proyecto infinitamente mayor”, escribió.
En diálogo con la Unidad de Investigación de El Comercio, el ex director de Pro Inversión reconoció como suyo el correo.
La entrega de sobres de los postores fue el jueves 26 de junio, según el calendario oficial. Energy Transfer desistió de participar y quedaron dos competidores: el consorcio de Odebrecht y el denominado Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (CGPS), conformado por Sempra, GDF Suez, Techint y TGI.
CGPS informó a Pro Inversión que quería modificar el porcentaje de participación de las empresas que lo integraban. Entonces, le fue concedido un plazo hasta las 9:30 a.m. del lunes 30 de junio para hacer los cambios que considerara necesarios.
Pero a las 8:30 a.m. de aquel lunes, Pro Inversión –antes de la hora acordada y fuera de su horario habitual de trabajo– informó al consorcio que la modificación solicitada lo dejaba fuera del concurso. Esa misma mañana, Odebrecht ganó la licitación y se adjudicó el GSP.
Ese mismo día, por la tarde, Illescas presentó su renuncia definitiva a Castilla. “Mi renuncia obedeció a mi disconformidad con que no prorroguen [la licitación], y la gota que derramó el vaso fue mi postura sobre la descalificación […]. Esto es entre viernes y sábado, y el lunes ya estaba descalificado. Estaba en desacuerdo con la descalificación, porque eran elementos discutibles y surgidos repentinamente”, afirmó Illescas a este Diario.
Castilla, hoy en Estados Unidos, no respondió el pliego de preguntas enviado por El Comercio respecto a este caso. Segura, en tanto, dijo que no recordaba el correo de Illescas, porque él no tenía competencias en la licitación del GSP.
