Así como agricultores y ganaderos festejan sus días y lo muestran su orgullo, porque con su producción se hacen las comidas y bebidas que consumimos todos los días, los mineros se sienten igualmente orgullosos porque con lo que producen (unos quinientos minerales metalíferos, industriales y rocas de aplicación) se elaboran, se fabrican o construyen todos los bienes durables que tenemos y usamos todos los días.
Sin embargo, en Mendoza, la minería metalífera es objeto de discriminación y por eso los mineros hacen una fiesta lejos de la capital, con los amigos de Malargüe, sin el apoyo político que tienen otros sectores.
La palabra discriminación no es metafórica. Se empleaba en los países que tenían normas para blancos y normas para negros. Acá, en el siglo XXI, tenemos una ley 7.722 que prohíbe solamente a los mineros el uso de ciertos reactivos químicos que los demás ciudadanos pueden usar libremente e incluso contaminar (diario Los Andes, 17/04/10). A eso hay que agregar que los proyectos de la minería metalífera tienen que ser ratificados por ley, mientras que cualquier otro proyecto no tiene esa obligación.
La discriminación, como política de Estado avalada por la Suprema Corte de Justicia, ha llegado tan lejos que en cada Fiesta de la Vendimia hemos visto a organizados activistas portando pancartas y esgrimiendo consignas contrarias a la actividad minera. Y por si esto fuera poco, también vimos niños con dibujos y carteles similares, concientizados para incorporar a su cultura esto que se ha definido como una “lucha ideológica” en la cual hasta la Primera Dama de la Provincia se ha manifestado públicamente como militante.
Durante el Gobierno de Pérez se organizó la “Mesa de Diálogo Minero” y durante el Gobierno de Cornejo se llevó a cabo el “Espacio de Diálogo Minero”. En ambos casos se realizaron muchas reuniones presididas por el Secretario del ramo, haciendo transcurrir el tiempo sin tomar ninguna decisión, pero mostrando ante el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) un interés por el sector, viciado de hipocresía.
En algún momento los dirigentes tendrán que darse cuenta de que esta política tiene un límite, y que ese límite es el interés provincial por la creación de nuevas fuentes de producción y trabajo.
Habrá que terminar con el vaciamiento de los planteles profesionales de los organismos responsables, y proveerles las herramientas y el presupuesto necesario para evaluar los proyectos y controlar su ejecución, garantizando desde el Gobierno hacer cumplir todas las normas que regulen el funcionamiento de la actividad, con especial énfasis en lo relacionado con la seguridad y la preservación del medio ambiente.
Varias organizaciones locales, entre ellas el Consejo Empresario Mendocino (CEM), se han expresado a favor de la inclusión de la minería como parte de la diversificación de la matriz productiva provincial, con argumentos sólidos y mucha seriedad como para que la dirigencia política los tome en cuenta.
En ese mismo, sentido, la Asociación Geológica de Mendoza propuso en varias oportunidades, y lo ha vuelto a hacer ante el actual gobierno, las “Bases para la Formulación de un Plan Ambiental Minero”, en un informe que enumera las acciones que deben realizarse para abordar este tema en base al estudio interdisciplinario de todas las variables del contexto social, económico y ambiental.
La propuesta tiene muchas similitudes con lo que actualmente se denomina “evaluación ambiental estratégica”, que es una herramienta útil para el ordenamiento territorial, y no implica ninguna prohibición específica en tanto y en cuanto no existan incompatibilidades entre una nueva actividad y las preexistentes.
Creemos que la adopción y el uso de herramientas racionales permitirá salir del ámbito de las prohibiciones discriminatorias e ingresar a un marco político favorable para que retorne la inversión en exploración minera, que hoy brilla por su ausencia, y sume posibilidades de desarrollo sustentable para Mendoza.
*Vocal Asociación Geológica de Mendoza
