Los dedicados a esta actividad ilícita ganaron alrededor de US$2,600 millones el año pasado, pero no dejan ingresos al fisco. Pese a ello, propuesta de congresista fujimorista reduciría las penas a los implicados.
En abril de 2016, la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori firmó un acuerdo con la Central Nacional de Mineros del Perú que planteaba la derogatoria del proceso de formalización iniciado por el gobierno de Ollanta Humala y proponía un nuevo mecanismo para hacerlo. Un año más tarde, la congresista fujimorista Alejandra Aramayo presenta un proyecto que busca que la minería ilegal no sea considerada como crimen organizado.
Pero ¿qué significa la minería ilegal para el Perú? Laura Alvarado, docente e investigadora del Programa Doctoral en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional Agraria La Molina, señaló que, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, las organizaciones criminales en el país ganaron –solo en el año 2016– US$2,600 millones por la producción y venta de oro ilegal.
Cabe precisar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su último boletín, reveló que desde enero de 2007 hasta marzo de 2017, el monto involucrado en minería ilegal –como delito precedente para el lavado de activos– ascendió a US$4,477 millones.
Carlos Aranda, ex presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, advirtió que si no se toman acciones, las cifras de ganancia anual por minería ilegal podrían alcanzar los US$4 mil millones en unos años.
En ese sentido, propuso que este tema sea considerado como una política de Estado, pues refirió que “no se trata de llenarnos de normas”.
Por su parte, el investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, Miguel Santillana, expresó que la expansión de este delito obedece, por un lado, a los precios internacionales y, por otro, a la corrupción de las autoridades.
“Esta es una actividad ilícita que genera delitos conexos como la trata de personas, bandas criminales y genera otros problemas para el país”, refirió.
Además, comentó que se observa que este problema ha invadido zonas de amortiguamiento de los parques nacionales, como Bahuaja Sonene, ubicado en Madre de Dios.
Por otro lado, de acuerdo con fuentes de la Procuraduría de Lavado de Activos, actualmente hay 78 casos vinculados a la minería ilegal en el Ministerio Público. De estos, 39 se encuentran en la Fiscalía de Lavado de Activos. Los demás, en otras fiscalías del país.
Para el ex jefe de la UIF César Albrecht, las políticas estatales para combatir este flagelo “se han ido estancando”, e indicó que más normas no solucionarán el problema.
“Si retiramos este problema del crimen organizado, seguirá avanzando. Lo que falta es un trabajo de sensibilización, y eso se hace desde la niñez, en los colegios”, aseguró.
Dijo que en el Perú faltan brigadas que vayan de manera constante a las zonas donde se registran estos hechos.
La minería ilegal es un delito establecido en el Código Penal, pero al ser incorporada en la Ley de Crimen Organizado, las penas son mayores. Así, la pena actual es de hasta 25 años. Si deja de ser considerada como crimen organizado, como lo plantea el proyecto de Aramayo, se corre el riesgo de que la sanción sea solo de hasta ocho años, según explicó el ex procurador Christian Salas.
Quien también advirtió sobre las “consecuencias graves” de esta iniciativa fue el congresista Gino Costa (PpK). Refirió que habría que revisar cuáles son los intereses que se esconden detrás de esta propuesta.
Para Santillana, se tiene que “perseguir a la minería ilegal como a cualquier otra actividad ilegal en el país”.
Luis Galarreta, vocero de FP, manifestó que este es un proyecto para revisar y que, por lo tanto, no hay que apresurarse en criticarlo. Indicó que durante el gobierno de Humala no se hicieron los trabajos adecuados para formalizar a los mineros.
Ayer, la congresista Úrsula Letona (FP) reveló en el programa Agenda Política que el proyecto de su colega de bancada había sido retirado pero, a través de su Twitter, Aramayo la desmintió e indicó que “no lo he retirado; he suspendido el trámite para alcanzar elementos que permitan diferenciar ilegal de informal”.
Precisamente, uno de los problemas que se observa para entender y luchar contra este flagelo es diferenciar la minería ilegal de la informal.
“La diferencia entre la minería informal e ilegal es que la primera se da en zonas autorizadas, mientras que la segunda en lugares prohibidos como riberas de ríos, lagunas, entre otros. Otra diferencia es que la ilegal usa equipo y maquinaria pesada prohibida, como las dragas”, afirmó Alvarado.
+La minería ilegal y sus delitos conexos fue incorporada a la Ley contra el Crimen Organizado en enero del presente año.
+Esto permite que se puedan intervenir las comunicaciones, levantar el secreto bancario, tributario, bursátil, entre otras acciones, de los involucrados.
+Uno de los casos recientes relacionados con minería ilegal es el de Pedro Pérez Miranda, alías ‘Peter Ferrari’, actualmente bajo prisión preventiva por lavado de activos provenientes de esta actividad. Se le acusa de haber extraído oro y lavar dinero por US$500 millones.
