En 2016 la entrada de capitales de inversionistas extranjeros alcanzó US$ 12.225 millones, lejos de los US$ 30.562 millones de 2012. La derogación del Decreto Ley 600 implicó una merma de los ingresos a través del mecanismo hasta los US$ 563 millones el año pasado.

Casi un 50% cayó la inversión extranjera directa (IED) hacia Chile entre 2014 y 2016, aterrizando en US$ 12.225 millones, la cifra más baja de los últimos diez años. Así, hay que volver hasta 2006 (US$ 7.659 millones) para encontrar un dato más débil para la IED en el país.

El descenso de los últimos dos años se ha dado a la par con la derogación del Decreto Ley 600 (DL 600), mecanismo de ingreso de capitales desde el exterior que se eliminó en la reforma tributaria de 2014 y que permitía a los privados acceder a beneficios como la invariabilidad tributaria, entre otros.

De hecho, en las cifras elaboradas por el Banco Central en marzo de 2017, en el documento “Desglose por mecanismos de ingreso: Estudios económicos y estadísticos N.°109”, se indica que el DL 600 concentró el registro de US$ 10.524 millones el año 2014. Luego, en 2015 el DL 600 consignó capitales extranjeros por US$ 2.708 millones, y después bajó a US$ 563 millones en 2016.

De acuerdo a Matías Mori, ex vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE Chile), estos capitales post derogación del artículo “se deben a la existencia de contratos aún vigentes, con plazo de ingreso de capitales”.

De esta manera, los inversionistas han debido registrar el ingreso de capitales de acuerdo a las normas del Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, mecanismo de entrada que ha aumentado su relevancia los últimos años. En el estudio sobre los instrumentos de entrada del Banco Central, se señala que el Capítulo “se aplica a operaciones de créditos, depósitos, inversiones o aportes de capital, provenientes del exterior, cuyo monto sea superior a US$ 10.000, o su equivalente en otras monedas”. Según las últimas cifras liberadas por el ente rector, el Capítulo XIV anotó ingresos por US$ 2.437 millones en 2014, subiendo a US$ 3.903 millones en 2015 y a US$ 5.372 millones en 2016.

Los datos que complementan la IED en Chile se encuentran en las utilidades reinvertidas y en los instrumentos de deuda, que alcanzaron los US$ 3.485 millones y US$ 2.804 millones en 2016, respectivamente.

Con todo, desde el punto de vista de Carlos Álvarez, director de InvestChile -la agencia de promoción de inversiones en el país- “el DL 600 era un mecanismo que permitía la transferencia de capitales bajo ciertas condiciones, que hoy se encuentran en su mayoría resguardadas por nuestra institucionalidad”, agregando que “no constituía una estrategia focalizada para atraer inversiones”. Con esto, la autoridad planteó que “gran parte de sus atributos están incluidos en el actual certificado para el inversionista extranjero”, por ejemplo, la posibilidad de conseguir una protección de invariabilidad tributaria.

La referencia de Álvarez tiene relación con el artículo segundo transitorio de la Ley 20.848, que ofrece la posibilidad de acogerse a beneficios parecidos a los que concedía el DL 600, por el plazo de cuatro años (previa solicitud y aprobación de la agencia Invest Chile), por lo que este tipo de beneficios se terminaría hacia 2020.

En tanto, hoy en día la institucionalidad apunta a internar los capitales a través del Capítulo XIV, para que luego InvestChile pueda emitir un certificado que permita al inversionista acceder al Mercado Cambiario Formal para liquidar las divisas.

El director de la agencia de inversiones aseguró que la caída de la IED en el país se relaciona a la baja del precio del cobre, ya que “históricamente la inversión en minería ha explicado más del 45% de la inversión extranjera total en el país”. Así, que durante 2016 la exploración minera en Chile cayó 25%, mientras que el aporte del sector al Fisco se redujo 70% y la producción minera cerró el año en su nivel más bajo desde 2012.

Además, Álvarez remarcó que “nuestro objetivo es atraer inversión que, más allá de los montos involucrados que a veces distorsionan la percepción respecto del aporte concreto de las inversiones a nuestra economía, sofistique nuestra oferta exportadora, aporte valor a la industria local, genere empleos de calidad y sea sustentable”.