El Proyecto Especial de Irrigación Olmos Tinajones (PEOT) considera “inviable” asumir la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego que hoy está a cargo de la Concesionaria Trasvase Olmos SA (CTO) y H2Olmos.
La asunción de la operación resultaría en una “confiscación” de parte del Estado previa anulación del contrato de concesión, explicó el PEOT a este Diario.
“Es inviable pues ello supondría una confiscación, olvidando las reglas básicas del estado de derecho y la estabilidad jurídica de los Contratos de Concesión que son Contratos Ley”, afirmó.
“Significaría la finalización del contrato de concesión y, entonces, el Estado peruano asumiría las consecuencias financieras de dicha caducidad por un monto que podría alcanzar los S/1.100 millones, que tendrían que pagarse en los próxinos 12 meses a los acreedores que financiaron el proyecto, incluyendo los bonistas y a los usuarios de las 38.000 hectáreas del valle Nuevo”, precisó el PEOT.
La propuesta de transferir las funciones de CTO y H2Olmos al PEOT fue planteada por la empresa azucarera Agrolmos del Grupo Gloria, que gestiona unas 10.000 hectáreas en la irrigación. En total el proyecto abarca 43.500 hectáreas, junto a la superficie del Valle Viejo de Olmos.
Agrolmos alega que la transferencia a un tercero de las acciones de CTO y H2Olmos – cuyo mayor accionista es la cuestionada corporación Odebrecht- “consolidaría beneficios económicos a favor” de esta última.
El PEOT precisó a El Comercio que el pasado 19 de abril consideró opinar de manera favorable sobre la solicitud del CTO y H2Olmos de sustituir a sus accionistas estratégicos.
De acuerdo a la propuesta, Perú Water Holding SAC aduiriría el 99.9% que hoy posee Constructora Norberto Odebrecht tanto en CTO como en H2Olmos.
El PEOT dio el sí a la transferencia de acciones luego de analizar la capacidad técnica y financiera de las empresas que comprarían las acciones de las operadoras, explicó el proyecto a este diario.
“Esto es precisamente lo que se tiene en riesgo con las actuales concesionarias”, afirmó.
No obstante, aclaró que la transferencia aún no ha sido aprobada por el Consejo Regional de Lambayeque (CRL), que debe tomar la decisión definitiva.
A principios de febrero pasado el CRL negó la aprobación de la transferencia de acciones propuesta por las concesionarias.
